Broseta explota la polémica 'offshore': el 10% de su negocio proviene de regularizaciones

El despacho de abogados Broseta ha convertido los procesos de regularización fiscal en una parte importante de su negocio y en el eje de su expansión internacional. Entre el 5% y el 10% de la facturación procede de clientes que optaron por acogerse a la amnistía aprobada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2012 y de procedimientos similares que se están llevando a cabo en Chile, según ha explicado este miércoles el presidente de la firma, Manuel Broseta, en un desayuno de balance de su actividad.

Broseta ha decidido basar su expansión internacional en el asesoramiento a gobiernos y clientes latinoamericanos sobre mecanismos de regularización, aprovechando la experiencia y adquirida en el caso español como consecuencia de la amnistía de Montoro. En 2013, el bufete abrió su oficina en Zurich (Suiza) con la intención de establecer lazos con los grandes bancos internacionales afincados en el país helvético. Ahora está reorientando esta infraestructura hacia Chile (donde ya ha asesorado al Gobierno), Brasil y Argentina, explicó Broseta. Estos países del Cono Sur están poniendo en marcha sus regularizaciones con el objetivo de tratar de repatriar fondos a su economía y dentro de los programas de estabilización de las cuentas públicas. También Colombia forma parte de esta estrategia.

Manuel Broseta califica de "positivas" filtraciones como los papeles de Panamá para favorecer las regularizaciones fiscales de contribuyentes

Broseta cree que las filtraciones como la lista Falciani, los papeles de Panamá o Offshoreleaks están siendo “positivas”. “Muchas personas prefieron acogerse a la regularización a que te saquen en esas listas”, ha explicado el presidente del despacho. No obstante, tanto él como el director de la oficina en Valencia, Alejandro Ríos, han insistido en que se descartan todos los clientes sobre los que existan sospechas de que los fondos y el patrimonio exterior puedan tener un origen ilícito y que la intención sea blanquearlo. “Todas las operaciones de esta categorías las enviamos al Sepblac”, ha dicho Ríos en referencia al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales que depende del Ministerio de Economía. "Para nosotros ha sido muy importante la regularización fiscal para apoyar la estrategia internacional, pero es fundamental cumplir el criterio no sólo legal, sino también ético; rechazamos a cualquier cliente que no pase nuestros estándares”, ha insistido Manuel Broseta.

El bufete cerró 2015 con un incremento de la facturación del 25% con respecto a 2013. La cifra de negocio ha alcanzado los 18,5 millones de euros, de los que el 50% procede de la oficina de Madrid, el 45% de la de Valencia y el 5% de los servicios exteriores prestados desde Suiza y Latinoamérica. Actualmente, tiene en plantilla a 93 abogados y aspira a situarse en el 'top 5' de los grandes despachos de abogados en España, prestando servicio en todas las áreas del derecho.

La firma ha pasado a ser dirigida por Rosa Vidal, después de que su antecesor, Luis Trigo, haya optado por centrarse en la expansión internacional. De hecho, pasa casi tres semanas al mes en Chile, donde el bufete tiene la oficina latinoamericana. Manuel Broseta ejerce de presidente, con funciones de rango institucional y relación con grandes clientes. El hijo de Manuel Broseta Pont, catedrático y fundador hace 40 años de la firma de abogados asesinado por ETA en 1992, ha ido cediendo participación en el despacho confirme han entrado nuevos socios para ganar tamaño. Su cuota ya es inferior al 51% pero conserva determinados derechos de veto. Broseta tiene ahora nueve socios (entre ellos Vidal, Trigo o Ríos).