beneficiario de concesiones sanitarias

El patrón de las resonancias en Valencia usa testaferros para una 'offshore' en Panamá

Vicente Saus, dueño de Eresa investigado por Fiscalía y Agencia Tributaria, constituyó la mercantil panameña en 2013 tras desvelarse que sus contratos perjudican a la Generalitat

Foto: Escritura que da todo el poder a Vicente Saus en la sociedad de Panamá Desarrollos Servicios Sanitarios Latam
Escritura que da todo el poder a Vicente Saus en la sociedad de Panamá Desarrollos Servicios Sanitarios Latam

Vicente Saus, el propietario de Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), la principal beneficiaria del jugoso contrato de resonancias magnéticas de la Generalitat valenciana, controla una sociedad anónima en Panamá constituida hace algo más de dos años a través de testaferros radicados en el país caribeño conocido por sus ventajas fiscales y sus facilidades para ocultar los movimientos financieros y la identidad de los verdaderos propietarios de este tipo de mercantiles. Saus, investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia y por la Agencia Tributaria por presuntos delitos de fraude fiscal y fraude en subvenciones, no recurrió para poner en marcha su propia estructura societaria 'offshore' a los servicios de Mossack Fonseca (a cuyos documentos han tenido acceso El Confidencial y La Sexta en el marco de la investigación de los papeles de Panamá, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung') sino a Arias, Fábrega & Fábrega (Arifa), otro de los grandes bufetes especializados en montar 'holdings internacionales vinculados a paraísos fiscales, con oficinas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Suiza o Luxemburgo. 

Eresa participa en la UTE que presta las resonancias a la sanidad valenciana. (Eresa)
Eresa participa en la UTE que presta las resonancias a la sanidad valenciana. (Eresa)

El 26 de septiembre de 2013, dos representantes del bufete, Luis Alberto Rodríguez y Boris Javier Ávila, constituyeron ante el notario panameño Luis Fraiz Docabo la sociedad anónima Desarrollos Servicios Sanitarios Latam, con un capital de 1.000 dólares estadounidenses. Según la escritura de constitución a la que ha tenido acceso El Confidencial a través de los registros panameños, los representantes situaron como “directivos” de la empresa a Vicente Saus, su mujer Mari Carmen Cano Revert y sus hijas Lorena Saus y María Saus, aunque evitaron reconocerlos como dueños de la sociedad anónima, una figura jurídica que en Panamá permite asegurar la propiedad a quien posee físicamente las acciones. Así quedó reflejado en la propia escritura, que aunque situaba a Arias, Fábrega & Fábrega como “agente residencial”, otorgaba todos los derechos de voto a “los tenedores de las acciones”.

En un comunicado remitido a través de una agencia de comunicación tras ser contactada la empresa Eresa por El Confidencial, los responsables de la misma admitieron la existencia de la sociedad panameña, aunque enmarcaron su nacimiento en una estrategia de “expansión en el continente americano”. Eresa “está presente en Canadá, Costa Rica, Panamá, México y Perú, y con delegaciones en Colombia y Chile. También está presente en Rusia”, explicaron. Sin embargo, en el mismo texto admiten que el grupo sanitario todavía no desarrolla ningún tipo de actividad en Panamá.

Eresa admite que no opera en Panamá, aunque enmarca la existencia de la sociedad en su estrategia de "expansión" en Latinoamérica

A preguntas posteriores de este periódico sobre la permanencia de una sociedad que reconocen como inactiva en el país caribeño, la respuesta de la concesionaria sanitaria ha sido: “Porque se está trabajando en determinados proyectos que todavía no están en firme, hasta que no se inicien no es necesario activar la sociedad ni tener cuenta corriente”. Del mismo modo, indicaron que fue la propia familia Saus quien abrió la sociedad porque “fuimos allí con proyectos concretos trabajados previamente desde España que todavía no se han concretado”.

Escrito notarial de Desarrollos Servicios Sanitarios Latam.
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Escrito notarial de Desarrollos Servicios Sanitarios Latam.

Sin embargo, esta presencia física en el país no se corresponde ni con lo que figura en la escritura de constitución de Desarrollos Servicios Sanitarios Latam, donde en ningún momento aparece que en su tramitación participase de forma directa nadie de la familia, ni con otra escritura posterior por la cual se otorgó un “poder amplio y general” sobre la sociedad a Vicente Saus. Este segundo documento se tramitó también en la notaría de Fraiz Docabo el 17 de octubre de 2013 y en él comparecía en representación de Latam Hermés Oriel Vargas, una persona ligada al bufete panameño que aparece vinculado a casi 900 sociedades en el país centroamericano.

Este representante aportó en la notaría un acta de la junta directiva de la sociedad fechada el 8 de octubre la que se acordaba otorgar todos los poderes a Vicente Saus, lo que faculta al dueño de Eresa para realizar “todo tipo de operaciones mercantiles” a través de la empresa. Incluso el acuerdo de la junta directiva que otorgaba todo el poder a Saus se desarrolló utilizando como testaferro al propio Hermés Oriel, al que otorgaron poderes notariales para ello tanto Vicente Saus como su mujer, que también apoderó a Boris Javier Ávila, un represente del mismo bufete Arias Fábrega & Fábrega. Por su parte, el documento inicial de constitución de la sociedad fijaba un objeto social especialmente amplio en el que, sin embargo, no hay ninguna referencia específica a la actividad sanitaria.

Un macrocontrato público millonario

La creación de la sociedad 'offshore' se produjo apenas un mes después de que trascendiese un primer informe de la Sindicatura de Cuentas (el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana) en el que se advertía de un perjuicio económico para la Generalitat derivado del contrato de concesión del servicio de resonancias magnéticas de todo el sistema sanitario valenciano a la Unión Temporal de Empresas Erescanner, liderada por Eresa y en la que también participan Inscanner, Ribera Salud y Beanaca. El macrocontrato se firmó en 2008 por un período de 10 años con unos ingresos estimados de 475 millones de euros.

Este informe y otro posterior conocido el año pasado que sostiene que la Generalitat ahorraría dinero si decidiese prestar el servicio de resonancias sin externalizarlo han motivado una fuerte presión política sobre la UTE que lidera Eresa. La Conselleria de Sanidad, en su cruzada contra las concesiones sanitarias, ha anunciado auditorías específicas, mientras que Podemos quiere revertir un contrato que finaliza oficialmente en 2018. También la Intervención de la Generalitat ultima un informe específico sobre los desembolsos realizados por Sanidad a Erescanner en los últimos años.

Vicente Saus. (Eresa)
Vicente Saus. (Eresa)

A la defensa de los concesionarios no ha ayudado la investigación abierta por la Fiscalía de Valencia y la Agencia Tributaria a Eresa por un posible delito de fraude fiscal y de subvenciones. Un juzgado ha declarado imputado (ahora investigado) a Saus y una docena de directivos de la empresa por una posible simulación de facturaciones y contrataciones entre Eresa y las sociedades Sun Chiz (ya extinguida) e Iberdiagnosis.

Eresa: "Ni Rumasa vivió esta situación"

La familia Saus ha negado las irregularidades en sede judicial y asegura que su grupo, cuya gestión diaria supervisa Lorena, solo tiene una "discrepancia" fiscal con Hacienda. También sostiene que los informes de la Sindicatura de Cuentas están plagados de “inexactitudes brutales” y contienen datos erróneos sobre los costes reales de la prestación del servicio. Según señaló recientemente Marta Saus en rueda de prensa, la situación que está viviendo la firma familiar "no la ha tenido ni Rumasa ni ninguna otra empresa de España", señaló denunciando una suerte de persecución por parte de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Generalitat. Eresa cerró el último ejercicio depositado (2014) con un beneficio de 11,8 millones de euros. Contaba con un patrimonio neto de 121,9 millones de euros y unos fondos propios de 119 millones. Ademas de su presencia en la Comunidad Valenciana, la compañía controla también la Clínica Moncloa y el Hospital Beata María Ana de Madrid, ambos privados. También está en sus manos el centro Clínica Extremeña de Salud.

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