el exceso de déficit público

¿Derroche de las CCAA? Ahora gastan 16.580 millones menos en sanidad y educación

Las autonomías rebeldes esgrimen ante Montoro los recortes en servicios básicos que ya han aplicado desde el inicio de la crisis. La Comunidad Valenciana gasta 2.000 millones menos

Foto: Montoro, en su última comparecencia en el Congreso. (EFE)
Montoro, en su última comparecencia en el Congreso. (EFE)

Las autonomías que incumplieron los objetivos de déficit el año pasado se han levantado en armas contra la intención mostrada por Cristóbal Montoro de obligarles a ejecutar nuevos recortes del gasto. El titular en funciones del Ministerio de Hacienda ha citado a los consejeros homólogos de las distintas comunidades para el próximo viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de implementar medidas de control del gasto que permitan compensar el desequilibrio del 5% sobre el PIB con el que cerró España en 2015, frente al 4,2% pactado con Bruselas. En total, la factura del gasto se ha desbordado en más de 8.000 millones de euros, de los que el Gobierno de Mariano Rajoy responsabiliza fundamentalmente a las sucursales territoriales.

Montoro ha enviado cartas a los territorios incumplidores en las que limita la disponibilidad de crédito de 2016 para que no supere el corte del año anterior y los insta a presentar los planes de ajuste necesarios para que esto se lleve a cabo. En la práctica, esto supone para muchas autonomías meter la tijera en sus cuentas de este año. Cataluña y la Comunidad Valenciana son dos de las autonomías más afectadas, con recortes sobre el papel que pueden rondar los 2.900 y 1.500 millones, respectivamente. 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 74.000 millones el recorte de las autonomías desde el inicio de la crisis

El ministro sostiene que como consecuencia de nuevas inyecciones de fondos, será suficiente con que las cuentas no excedan lo presupuestado el año pasado para que puedan cumplirse los objetivos marcados por Bruselas. Pero es evidente que esto se traducirá en congelación de gastos en algunos territorios. En el caso valenciano, es evidente que los presupuestos de este año se han elaborado sobre la base de unos ingresos ficticios y estaban destinados a incumplir también el déficit de 2016. El presidente valenciano y su 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler, estimaron 1.300 millones en ingresos con cargo a un nuevo modelo de financiación autonómica que no ha llegado ni siquiera a debatirse ante la imposibilidad de formar nuevo Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre. “Qué sentido tiene hablar de déficit por niveles de gobierno, cuando las administraciones regional y local no tienen control sobre sus ingresos”, señalaba esta semana el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca. 

 

Los responsables económicos de las autonomías abocadas a aplicar recortes están recopilando argumentos y datos para tratar de contrarrestar las críticas que reciben de los economistas de corte más jacobino sobre la tendencia derrochadora de las CCAA. El IVF trabaja con tablas de Eurostat que muestran que las administraciones regionales han hecho desde 2009 un mayor esfuerzo en términos de control del gasto que la propia Administración central. Si entre 2009 y 2012 las CCAA llegaron a gastar hasta el 18,3% del PIB, en 2014 el porcentaje ya había caído hasta el 15,8%, mientras que la Administración central apenas había recortado sus partidas de gastos con respecto a la riqueza del país y se mantenía en el 21,6%. “Las comunidades autónomas están en disposición de pedirle a Montoro un acuerdo de no disponibilidad... de la Administración central”, ironizaba en su cuenta de Twitter Manuel Illueca.

Según los informes estadísticos recogidos por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el año pico en cuanto a gasto autonómico que fue 2009, los gobiernos territoriales han gastado 16.580 millones de euros menos en servicios públicos fundamentales, de los cuales 8.750 corresponden a sanidad y otros 6.435 a educación, comparando con el ejercicio de 2013 (último analizado). Si se suman los recortes año a año, las autonomías han destinado a cubrir servicios sociales 74.000 millones menos que al principio de la crisis (periodo 2009-2015), según ha denunciado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. 

Evolución del gasto de las CCAA en servicios básicos: sanidad, educación y protección social. (FundaciónBBVA-IVIE)
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Evolución del gasto de las CCAA en servicios básicos: sanidad, educación y protección social. (FundaciónBBVA-IVIE)

Paradójicamente, algunas de las autonomías que más han desbordado los objetivos de déficit son las que han aplicado mayores recortes. Cataluña gastó en 2013 en sanidad, educación y prestaciones sociales 3.360 millones menos que el año del estallido de la crisis, mientras que la Comunidad Valenciana hizo lo propio en 2.000 millones de euros. Andalucía, otra de las comunidades a las que Montoro exige recortes, ha visto ajustado su gasto en servicios básicos en más de 2.600 millones de euros. Esta contradicción explica la rebelión de los dirigentes autonómicos, que además perciben a Montoro mucho más débil como ministro de un Gobierno en funciones y sin mayoría absoluta en el Parlamento.

Frente a quienes creen que el problema del exceso de déficit del Estado español está en el gasto y las estructuras autonómicas, responsables de consejerías de Hacienda como el valenciano Vicent Soler consideran que el problema surge de un mal diseño del reparto de la tarta de recursos, que provoca una insuficiencia de ingresos en muchos territorios, lo que les lleva a incurrir en excesos de déficit y en sobreendeudamiento. La Comunidad Valenciana serviría como ejemplo: su deuda acumulada supera los 40.000 millones, y el año pasado rebasó el objetivo de déficit un 1,8% sobre el PIB regional. Sin embargo, la Generalitat aún debería gastar 2.464 millones más para equipar sus desembolsos per cápita a la media española.

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