Valencia, ciudad libre de desahucios…para proteger a los funcionarios judiciales

Los desahucios ya son historia en la ciudad de Valencia. Al menos por el momento. Los juzgados han suspendido de forma temporal la ejecución de los denominados lanzamientos ante lo que consideran “grave desprotección a la que se enfrentan cada día los funcionarios” responsables de comunicar y practicar estas diligencias. Según una orden del Servicio Común de Comunicaciones de los juzgados del pasado miércoles a la que ha tenido acceso El Confidencial, no habrá desahucios ni toma de posesión de inmuebles y propiedades “con motivo de la negativa reiterada de la Policía Local de Valencia así como de la Policía Nacional de acompañar a las comisiones judiciales en la práctica de las diligencias encomendadas”.

El escrito se refiere a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por el alcalde Joan Ribó de prohibir la presencia de los agentes municipales. Desde entonces, la Policía Local se ha retirado de este servicio sin que los juzgados hayan reclamado la presencia de policiales nacionales, según señalan fuentes de Delegación del Gobierno. El número de lanzamientos se ha reducido en los últimos meses pero se han seguido practicando. El detonante de la decisión de los juzgados de suspender las actuaciones se produjo el pasado lunes, cuando una de las comisiones judiciales descubrió a un inquilino que iba a ser desahuciado por no pagar la renta muerto con un tiro en la cabeza y una pistola en la mano. Todo indica que se quitó la vida.

El alcalde Joan Ribó suspendió en septiembre la presencia de agentes municipales en este servicio

El Servicio de Común no ha tardado ni 24 horas en lanzar una orden paralizando los señalamientos pendientes en tanto en cuanto los funcionarios no vayan protegidos por agentes policiales. En la suspensión subyace el temor a que los afectados pueden ejercer la violencia contra los funcionarios. El fallecido había sido demandado por el propietario de la vivienda en noviembre por no pagar el alquiler. En diciembre fue requerido por un juzgado para que desalojara la vivienda o se defendiese en el pleito, pero no se personó en el procedimiento.

La prohibición de Ribó a los agentes municipales de participar en los lanzamientos se produjo como consecuencia de la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en septiembre solicitó a los nuevos responsables del Ayuntamiento de Valencia que colaborasen para evitar que una mujer de 70 años con una discapacidad del 72% y un hijo en paro fuera desalojada de su vivienda por impago de hipoteca de 55.000 euros con el Banco Primus. Ribó pidió la intervención del cónsul francés, con el que mantuvo una reunión. En ese momento, el alcalde manifestó: «Tenemos un objetivo: hacer de Valencia una ciudad libre de desahucios».

El objetivo está cumplido, incluso con orden judicial, aunque la razón no ha sido la defensa de los que no pueden pagar alquileres o letras de hipoteca, sino la protección de los funcionarios que deben ejecutar los desalojos.La solución drástica de los juzgados ha generado malestar en algunos ámbitos judiciales, en especial los despachos de abogados que tramitan lanzamientos o posesiones no necesariamente relacionados con familias con problemas y que ahora quedan prorrogados sin que sus clientes puedan reclamar las propiedades.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Valenciana registró el año pasado algo más de 10.000 lanzamientos, de los que que el 40% fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos.