la crisis del centro-derecha valenciano

La rebelión de los imputados y la tibieza de Génova dinamitan la refundación del PPCV

Ni congreso extraordinario, ni primarias, ni cambio de nombre: Isabel Bonig no logra atar en corto el partido. Da un ultimátum de diez días a los investigados para que dimitan

Foto: Andrea Levy, Rajoy, Vicente Betoret e Isabel Bonig. (EFE)
Andrea Levy, Rajoy, Vicente Betoret e Isabel Bonig. (EFE)

La refundación del Partido Popular que reclama la actual presidenta interina Isabel Bonig está muy lejos de producirse. La formación de la gaviota se ha embarcado en un bucle de revelaciones en torno a la Operación Taula del que es incapaz de salir y que amenaza con seguir erosionando su base electoral y el ánimo de sus militantes en los próximos meses. La resistencia a dar un paso atrás de Rita Barberá, que ha fiado su suerte a la benevolencia del Tribunal Supremo y la falta de solidez de las pruebas contra ella, la rebelión de los concejales y asesores imputados, que se niegan a dimitir pese a los anuncios-deseo del vicesecretario de Organización Fernando Martínez-Maíllo (por más que puedan tener eco en alguna renuncia aislada), y la percepción de que aún queda por conocerse la parte del sumario más impactante (la que afecta a la trama liderada por Alfonso Rus) siguen castigando el hígado del PPCV y están dejando en evidencia la falta de liderazgo de Bonig.

El último intento de tratar de dar un golpe en la mesa se produjo ayer, cuando la dirigente popular envió una carta los nueve concejales imputados exigiendo su renuncia en el plazo de díez días. La lideresa les ha recordado que el pasado 15 de febrero mantuvo una reunion con los ediles en la que les pidió que diesen un paso atrás en el caso de seguir imputados una vez levantado el secreto de sumario, como así ha ocurrido. La misiva se ha enviado por correo certificado y en ella la presidenta interina considera que, aunque todavía no hay procesamiento, las circunstancias que se describen en el sumario son lo suficientemente graves como para que abandonen su puesto. De no hacerlo podrían ser expulsados y pasar al grupo de los no adscritos. En los últimos días se ha especulado en círculos populares con que alguno de los concejales, los de mayor edad y cerca de la jubilación, podrían ceder a la presión y apartarse, pero no es esa la posición que mantiene la mayoría tanto de concejales como de asesores, que se resisten a perder el salario público y liquidar su carrera política.

Mientras esto se resuelve, nada se sabe de la promesa del congreso extraordinario que la lideresa regional y los presidentes provinciales arrancaron a la secretaria general María Dolores de Cospedal y Martínez-Maíllo en la reunión que mantuvieron en Génova el pasado tres de febrero. En ese encuentro, la dirección nacional se mostró abierta a abrir un proceso de renovación en su franquicia valenciana, pero lo condicionó al calendario nacional, pendiente de la conformación de un nuevo Gobierno o la celebración de nuevas elecciones generales. Los estatutos marcan que las convenciones se celebren en cascada, primero el nacional y después el resto, por lo que si siguen pasando los meses será muy difícil que Bonig logre su objetivo de confirmar su cargo mediante un congreso extraordinario antes de que el PP despeje su futuro orgánico en su cúpula nacional, con la continuidad o no de Mariano Rajoy.

Los populares valencianos no son los únicos que reclaman primarias para tratar de abrir el partido, también lo ha hecho Cristina Cifuentes

La dirección nacional tampoco ve con buenos ojos un cambio de nombre ni la exigencia de mayor autonomía por parte de la organización regional, un verdadero choque cultural en un partido que se caracteriza por la verticalidad. De todas formas, los valencianos no son los únicos que están reclamando una nueva forma de elección de líderes y cuadros que permita abrir el partido y favorecer una mayor participación de las bases, agotadas del culebrón diario de la corrupción. También la presidenta madrileña Cristina Cifuentes se ha mostrado partidaria de la celebración de primarias, al igual que otros líderes regionales. De modo que habrá que ver hacia dónde implosiona el Partido Popular si no logra conservar el poder central y se ve abocado a una inevitable renovación interna.

Un escaño menos por Valencia

Los escándalos de corrupción y la incapacidad de atajar el debate o dar imagen de regeneración también están minando las expectativas electorales de los populares en la Comunidad Valenciana de cara a unas posibles nuevas elecciones generales. Algunos sondeos, como el de Metroscopia publicado este domingo por El País, apuntan a que la lista de la formación de la gaviota perdería más de cinco puntos y un escaño (pasaría de cinco a cuatro) en la provincia de Valencia con respecto al resultado de del pasado 20D. Ciudadanos sería la formación beneficiada, que incrementaría sus apoyos casi en el mismo porcentajes en que los perdería el PP. 

Aunque los titulares se concentran, de momento, en las acciones de los populares en Valencia, las consecuencia alcanzarían del mismo modo a Alicante, donde se dejarían dos puntos aunque mantendrían los cuatro diputados obtenidos en los pasados comicios. Son cifras que están a una distancia sideral de los tiempos de éxitos del PP en la Comunidad Valenciana, que en 2011 llegó a acumular más de la mitad de los votos, algo que ahora parece inalcanzable.

Rita Barberá, en el pleno del Senado. (EFE)
Rita Barberá, en el pleno del Senado. (EFE)

En ámbitos populares existe la percepción de que tanto Bonig como algunos de los presidentes provinciales temen perder su posición orgánica conforme va retrasándose el proceso de renovación. El caso más evidente es del Vicente Betoret, máximo responsable en la provincia de Valencia como sucesor de Alfonso Rus, del que fue persona de confianza. Betoret, que es diputado autonómico, podría ser el siguiente de una nueva tanda de imputaciones. En el PPCV ya se da por hecho que el “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, lo ha implicado en la trama del 3% en sus declaraciones ante el juez y el fiscal Anticorrupción. El dirigente popular incluso convocó hace dos semanas una rueda de prensa para negar cualquier vinculación con la red de presuntos comisionistas y acusar a Benavent de querer perjudicarlo por venganza, pero tendrá muy difícil sostener el puesto si finalmente acaba siendo investigado.

La senadora está convencida de que sin testimonios ni pruebas documentales que la señalen directamente el Tribunal Supremo no tiene elementos para procesarla

Los cargos imputados por la pieza de la trama de blanqueo del grupo municipal de Valencia siguen escudándose en su antigua jefa Rita Barberá. Mientras ella resista, todos tratarán de aguantar. Si hace un mes Bonig aseguró que había pactado con los investigados que abandonarían su cargo su seguían bajo la lupa del juez tras el levantamiento del secreto de sumario, ahora han puesto una nueva fecha en el calendario antes de tomar una decisión. Esperarán a que Génova abra oficialmente el expediente informativo y les pida explicaciones, algo que no ocurrirá hasta después de Semana Santa como mínimo. “Nosotros nunca nos hemos comprometido a dejar el cargo”, señala a El Confidencial uno de los concejales imputados poniendo en evidencia los anuncios y ultimatums de Isabel Bonig, completamente desautorizada por unos y otros.

Sin procesamiento y con Barberá al frente de la resistencia será complicado que Bonig pueda obligar a abandonar el grupo municipal (y menos aún a entregar el acta) a los nueve ediles imputados si no es por expulsión directa, lo que pude chocar con los estatutos internos. La senadora y exalcaldesa está convencida de que el sumario sólo incluye referencias de terceros y que, sin testigos que la señalen directamente o documentos que prueben su implicación en la trama de blanqueo como participante (está el cheque que prueba que donó 1.000 euros pero no hay datos que corroboren si recibió retorno en negro) o instigadora desde su posición de líder del grupo, el Tribunal Supremo no tiene suficientes elementos para procesarla.

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