Otro juzgado quiere imputar a Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas

Las causas judiciales se le acumulan a la senadora Rita Barberá. El Juzgado de Instrucción 16 de Valencia, que instruye una denuncia contra la exalcaldesa de Valencia por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha oficiado al Senado para que certifique ocupa un escaño y, por tanto goza de aforamiento, circunstancia ésta que determinaría que el órgano competente para investigarla y, en su caso, juzgarla, es el Tribunal Supremo. El escrito del Juzgado valenciano, fechado el 22 de febrero, es un recordatorio de otro oficio dirigido al Senado en octubre de 2015 ya que, después de cuatro meses, la magistrada seguía sin recibir respuesta a su solicitud de información sobre Barberá.

La exalcaldesa de Valencia fue denunciada en mayo de 2015 por tres personas (un diputado socialista, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado) por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio en los que habría incurrido por negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas con símbolos franquistas, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Una vez se certifique la condición de aforada de Barberá, lo lógico es que la magistrada eleve una exposición razonada al Supremo para pedir que se abra una investigación. Será la segunda causa que afecte a la exalcaldesa. El juez de la Operación Taula, Víctor Gómez, tiene previsto hacer lo propio por un presunto delito de blanqueo, probablemente a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se levante el secreto de sumario de la pieza que afecta al grupo municipal del PP de Valencia por hacer donaciones irregulares en la última campaña de la elecciones municipales.

En lo que se refiere a la causa por desobedencia en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la titular de instrucción 16 se inhibió en junio en favor del TSJCV porque entonces Barberá era diputada autonómica y, por tanto, aforada ante el Alto Tribunal valenciano.

En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.

El Senado remite al Supremo

La Mesa del Senado ha visto hoy el escrito del juzgado, que busca acreditar la condición de aforada de la exmandataria, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.

El máximo órgano de dirección de la cámara ha acordado trasladar al Supremo la solicitud al considerar que no corresponde al Senado contestar al juzgado, ha informado a Efe el vicepresidente de la cámara, Pedro Sanz.

El Senado cree que debe ser el Supremo el que comunique al órgano judicial inferior si la exalcaldesa ostenta o no la condición de senadora.

Lo mismo ocurrió a finales de febrero cuando el juez de instrucción número 18, que investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, solicitó al Senado la acreditación.