Bonig mantiene a los ediles imputados por blanqueo hasta que el juez levante el secreto

Los nueve concejales popularesen el Ayuntamiento de Valencia investigados en el marco de la Operación Taula por un presunto delito de blanqueo de capitales se han comprometido con la dirección del PPCV a dejar el acta voluntariamente si al levantarse el secreto de sumario del caso se mantiene su imputación. Así lo ha indicado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha señalado que este lunes se celebró una reunión con los ediles en la que estos plantearon el compromiso de renunciar al acta si una vez se levante el secreto de sumario -que se ha prolongado hasta el 14 de marzo, inclusive— hay un auto formal de imputación sobre ellos.

"Si el juez dice se le imputan a fulanito, fulanito y fulanito estos delitos en base a estas pruebas, que ahora desconocemos, ellos voluntariamente entregarían el acta", ha dicho Bonig, que ha indicado que dados los tiempos judiciales los concejales estarán en el pleno municipal de este mes, en el que Eusebio Monzó asumirá la portavocía del grupo de manera provisional.

El pacto entre la dirección del partido y los ediles investigados se produjo tras una tensa reunión con Bonig y fue confirmado por el propio grupo municipal del PP en un comunicado. De esta forma, pese a las declaraciones de expulsión inmediata efectuadas por la lideresa popular valenciana hasta ahora, los concejales seguirán formando parte del grupo popular en el consistorio valenciano y no están suspendidos de militancia, aunque sí tienen abierto un expediente informativo. Sólo el hasta ahora presidente local, Alfonso Novo, que ejercía de portavoz está suspendido y teóricamente debería pasar al grupo de los nos adscritos.

“En el momento que se constate un auto judicial que contenga la condición de investigados, los concejales populares dejarán el acta en los términos consensuados con la dirección del PPCV en función de la situación jurídica de cada uno, y en coordinación con la citada dirección regional”, señala el comunicado consensuado por los nueve concejales populares.

La decisión de sostener a los ediles investigados se produce tras una tensa reunión con Isabel Bonig

La investigación por un presunto delito de blanqueo en el seno de la agrupación Local del PP de Valencia, previo a la campaña electoral de las municipales en la que Rita Barberá, era cabeza de lista se tramitará de manera independiente a la pieza principal del Caso Imelsa. El juez ha abierto una pieza separada para la investigación y posible enjuiciamiento de este delito por el que hay 49 investigados. Hoy han prestado declaración tres de ellos, asesores del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital. Uno de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar. Todos mantienen la condición de imputados por blanqueo de capitales, delito por el que, esta semana seguirán compareciendo ante el instructor más investigados.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el caso, ha acordado prorrogar un mes el secreto del sumario de la causa abierta por un supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a cambio de comisiones ilegales. La investigación apunta al que fue hombre fuerte del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, como cabecilla de la trama.

Los bienes intervenidos por el juez son 150 coches, 250 cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias

Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.

Además, el magistrado instructor ha ordenado la intervención de inmuebles y vehículos, el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para su decomiso en caso de sentencia condenatoria firme. Durante la Operación Taula desplegada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se inmovilizaron 150 vehículos y se bloquearon 250 cuentas bancarias.