sociedad de garantía recíproca

SGR: otro pufo valenciano de 400 millones que puede acabar en la Fiscalía

Bankia y el Sabadell están enganchados con casi 100 millones cada uno en una sociedad que avaló proyectos inmobiliarios en pleno pinchazo de la burbuja. La Generalitat se juega 360 millones

Foto: SGR de la Comunidad Valenciana.
SGR de la Comunidad Valenciana.

Otra bomba de relojería puede estallar en la Comunidad Valenciana en las próximas semanas. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), un instrumento concebido en principio para respaldar financieramente la actividad de pequeñas y medianas empresas, sigue sin encontrar el camino de salida a la quiebra técnica en que se encuentra. La SGR acumula una deuda de más de 400 millones con las entidades financieras y con la Generalitat valenciana que es incapaz de devolver si no logra recuperar su actividad, muy mermada porque la banca acreedora se niega a abrirle el grifo de la financiación por temor a incrementar sus deudas.

Los problemas de esta suerte de entidad avalista, supervisada y controlada por el Banco de España, comenzaron en paralelo al estallido de la burbuja inmobiliaria. No solo porque muchas empresas avaladas entraron en barrena, sino porque la SGR se embarcó en operaciones de aseguramiento de corte inmobiliario, algunas de ellas vinculadas a sus propios consejeros. La Generalitat soporta el 40% del capital, mientras que las entidades protectoras (bancos, cooperativas de crédito, etc.) asumen el resto junto con los propios avalados, que se convierten en socios y aportan una cuota por el mero hecho de convertirse en 'clientes'. Hay cerca de 8.000 empresas valencianas que participan en la SGR, porque recurrieron a ella como garantía para obtener financiación.

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A partir de 2011, el Banco de España detectó un importante volumen de fallidos que obligó a poner en marcha un primer plan de reestructuración, que aumentó el riesgo de la Generalitat en 58 millones. En 2013, el supervisor detectó de nuevo insolvencias y forzó al Instituto Valenciano de Finanzas a poner en marcha una operación de salvamento de 200 millones de euros con un aval a una aportación de fondos de la banca, principalmente Sabadell, Bankia y BBVA. Como consecuencia de esa insolvencia, multó a los consejeros de la época, en su mayor parte representantes empresariales, que han decidido recurrir la sanción. Entre los afectados están el expresidente José Roca y el director general José Manuel García Puchol. 

Al riesgo nuevo de 200 millones de la Generalitat hay que sumar algo más de 150 millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dirigido por Manuel Illueca, puede verse obligado a afrontar por operaciones fallidas. De momento, las cuentas de 2014 ya reflejan que el IVF ha tenido que hacerse cargo de 109 millones de euros. Se trata de dinero por préstamos concedidos por entidades financieras que contaban con el reaval público y que ni las pymes ni la propia SGR han podido afrontar. 

Hay al menos tres operaciones claramente fraudulentas ligadas a proyectos inmobiliarios

Las tensiones entre todas las partes se han incrementado en las últimas semanas porque la Intervención General de la Generalitat ha advertido al IVF de que no puede afrontar el riesgo de operaciones que no estén suficientemente acreditadas. Y la percepción es que muchos de los avales concedidos durante los años de los excesos de la burbuja inmobiliaria están lejos ubicarse en la lógica de la buena gestión económica. Illueca declaró el pasado otoño en las Cortes Valencianas que el IVF no tiene previsto hacerse cargo de las operaciones sin racionalidad económica. Sus declaraciones sentaron como una bomba en las entidades financieras, que, como en su día las pymes, confiaron en que si las cosas iban mal dadas, 'mamá Generalitat' pagaría la cuenta. La realidad es que del análisis de algunas operaciones de la SGR se desprenden incluso indicios de mala praxis que podrían derivar en acciones penales. La Generalitat y la Conselleria de Hacienda son partidarias de elevar estos casos a la Fiscalía para su estudio. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, hay, al menos, tres operaciones claramente fraudulentas ligadas a proyectos inmobiliarios.

O Proyecto Citrus o liquidación ordenada

En estos momentos, solo se barajan dos alternativas. Una es proceder a una liquidación ordenada de la SGR, lo que implica para bancos y Generalitat compartir los riesgos. La otra es tratar de poner en el mercado la ingente cartera de activos adjudicados y obtener recursos para reducir riesgo. Esa segunda salida no excluye la posibilidad de proceder después a una liquidación. Dependerá de si las entidades financieras siguen dispuestas a participar en operaciones avaladas por la SGR o no. De no ser así, en la Administración autonómica que preside Ximo Puig no ven sentido a la permanencia de la sociedad.

La consultora N+1 y Avanza Urbana han preparado el plan de venta. Un fondo de inversión ha firmado la exclusiva. Es el plan A. El plan B es la liquidación

Máximo Buch, 'conseller' de Economía de Fabra, encargó a la consultora N+1 y a la inmobiliaria Avanza Urbana la puesta en marcha del Proyecto Citrus, un plan de búsqueda de fondos de inversión para colocar la cartera de activos. Según este plan, a cuyo documento base ha tenido acceso El Confidencial, la SGR podría colocar activos por valor de entre 113 a 185 millones. De todas formas, no sería una entrada total de efectivo. Se barajan distintos escenarios. Uno, menos probable, es que el inversor aporte todo el dinero en efectivo. En el extremo contrario está que la aportación sea a crédito. El IVF ha cerrado ya un acuerdo de exclusividad con un fondo de inversión cuya identidad mantiene en secreto.

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El Instituto cree que, si finalmente prospera la operación, será con una aportación de capital de unos 100 millones y el resto a crédito. Para canalizar la venta, se baraja crear una suerte de banco malo, una Sareb valenciana, a la que se traspasarían los activos, tanto los créditos como los activos inmobiliarios. El Proyecto Citrus es el plan A. Si sale bien, parte del dinero devuelto a los bancos acreedores debería retornar a la SGR para que pueda recuperar su actividad. El plan B es proceder a la liquidación, con el consiguiente impacto sobre los balances de todos los acreedores, incluidas pymes socias, entidades financieras y la Generalitat.

El nuevo equipo económico de Ximo Puig no tiene presencia en el consejo de la SGR. Uno de sus objetivos para poder avanzar en la solución Citrus es acceder a los órganos de gobierno para poder participar en la toma directa de decisiones. En esto está trabajando el equipo de la Conselleria de Hacienda.

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