El PP decidirá el futuro de sus ediles de Valencia antes del pleno de febrero

El PPCV se ha marcado el próximo pleno del Ayuntamiento de Valencia, previsto para el próximo 25 de febrero, como fecha tope para tener resuelta la situación que se ha presentado tras la investigación de una supuesta financiación ilegal en el grupo municipal popular. Nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento valenciano, salvo el independiente Eusebio Monzó, tendrán que declarar en condición de investigados ante el juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el presunto cobro de comisiones y la supuesta financiación ilegal del PP.

Aunque la dirección regional ya anunció la semana pasada, tras suspender de militancia a los concejales, que la dirección local del partido sería sustituida por una gestora, en el grupo municipal se plantean distintos escenarios.

En primer lugar, la dirección regional quiere esperar a que declaren ante el titular de Instrucción número 18 todos los actuales concejales, que ya han prestado declaración en la Guardia Civil y que salieron de esa declaración con una citación como investigados, termino que sustituye al de imputado tras la última reforma del Código Penal.

Tras esa declaración ante el juez, puede ocurrir que se mantenga la condición de investigado, en cuyo caso el PP reclamaría al afectado que devolviera su acta de concejal, o puede ser que se deje sin efecto esa consideración, con lo que la persona en cuestión se reintegraría al grupo municipal con total normalidad.

En el caso de que el juez mantenga la consideración de investigado para uno o varios de los actuales concejales, y estos se negasen a devolver su acta, inmediatamente pasarían al grupo mixto. No obstante, el PP nunca perdería completamente el grupo puesto que, aún en el hipotético caso de que todos siguieran como investigados y no devolviesen el acta, siempre quedaría el concejal Eusebio Monzó, el único que no ha sido llamado a declarar por la Guardia Civil ni está citado para comparecer ante el juez como investigado.

Si, por el contrario, estuviesen dispuestos a devolver su acta, el grupo municipal quedaría constituido con las siguientes personas que formaron parte de la última candidatura del PP al Ayuntamiento de Valencia. Sobre esta última cuestión, fuentes del PP han asegurado a EFE que no habría ningún problema para conformar un nuevo grupo municipal puesto que hay "gente de sobra" que no se ha visto envuelta en este asunto y que no están siendo investigados por ningún juzgado lo que, de ocurrir, les invalidaría para ocupar ese acta de concejal según la decisión acordada por el PPCV.

En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que el primer paso debe ser, necesariamente, esperar a que el juez confirme o no la condición de investigados de los actuales concejales. De hecho, esas declaraciones ante el juzgado de Instrucción número 18, que comenzarán mañana con el portavoz del PP en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia hasta la semana pasada, Alfonso Novo, está previsto que se prolonguen durante 15 días, según indicaron a EFE fuentes judiciales.

De cumplirse esas previsiones, eso dejaría al PP apenas una semana de margen para clarificar la situación y conformar un nuevo grupo municipal antes del pleno del Ayuntamiento de Valencia correspondiente al mes de febrero. La investigación, que se puso en marcha para aclarar el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que en el grupo municipal de Valencia se hubiera producido una financiación ilegal del PP y blanqueo de dinero.

Aportaciones en efectivo de 1.000 euros

En concreto, se investiga si los concejales y asesores del grupo municipal realizaron aportaciones de 1.000 euros en efectivo para financiar la campaña, unas donaciones que supuestamente se les devolvía en efectivo. Los concejales que tendrán que prestar declaración ante el juez como investigados son, además del propio Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza.

Además de a ellos, la Guardia Civil también ha remitido al juez a numerosos, exconcejales, asesores y exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, la mayoría como investigados, pero también alguno como testigo.

La única persona que formó parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento en mayo de 2015 y que no ha sido citada hasta ahora es la exalcaldesa Rita Barberá, que renunció a su acta de concejala tras las elecciones para ocupar un escaño en el Senado, lo que hace imposible su citación por un juzgado ordinario dada su condición de aforada.