Informe de fiscalización

Fabra dejó 2.590 millones en facturas en los cajones cuando abandonó la Generalitat

Gastos millonarios fuera de presupuesto y patadas hacia delante a proveedores: La Sindicatura de Cuentas destapa la herencia envenenada del Partido Popular en la Hacienda valenciana

Foto: El expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra. (EFE)
El expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra. (EFE)

El Gobierno regional de Alberto Fabra no dudó en comprometer gastos millonarios a sabiendas de que no podría pagarlos en el último ejercicio completo al frente de la Generalitat valenciana. El último informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas (El Tribunal de Cuentas autonómico), que se ha hecho público este lunes, revela que el Consell del Partido Popular cerró 2014 con algo más de 2.590 millones de euros en facturas en los cajones pendientes de imputación presupuestaria o que fueron trasladadas a la cuenta denominada de “acreedores por periodificación de gastos de gastos presupuestarios”, lo que en términos de contabilidad más coloquiales se conoce como dar una patada hacia delante.

El apartado de obligaciones no reconocidas en el presupuesto ascendía a 1.291,5 millones de euros, de los que 748,7 millones se corresponden mayoritariamente con facturas imputables principalmente los capítulos de gasto corriente e inversiones de la Conseller de Sanidad. “Representan, en la mayoría de los casos, operaciones que se han realizado sin consignación presupuestaria ni, por tanto, la tramitación de expedientes de contratación ajustada a las prescripciones” de la  Ley de Contratos del Sector Público, advierte el informe de la Sindicatura.

Son operaciones que se han realizado sin consignación presupuestaria y sin ajustarse a las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público

En cuanto a los otros 1.298,6 millones de euros que el Gobierno de Fabra gastó sin disponer de fondos, 432,9 millones llegaban arrastrado de ejercicios anteriores y los acreedores fueron pasado de un año a otro en virtud de acuerdos específicos que se aprobaban por el pleno del Gobierno valenciano. El Consell también optó en 2014 por desplazar a después del 1 de enero de 2015  la inclusión en el Registro Unificado de Facturas 137 millones en gastos sin consignación presupuestaria. La misma operación de ingeniería contable se hizo con 100 millones de euros correspondientes a facturas de farmacia de diciembre de 2014 que se despejaron a 2015. Para poder sobrevivir a la morosidad de la Generalitat son numerosos los acreedores que se acogen a acuerdos de descuento con entidades financieras, lo que implica un recargo para los proveedores en forma de pago de intereses. Los bancos se han vuelto también mucho más exigentes a la hora otorgar esa financiación cuando el pagador último es una administración autonómica con problemas de tesorerías como el el caso de la valenciana.

El descontrol en los gastos tiene mucho que ver con los problemas crónicos de insuficiencia financiera que sufre la Generalitat valenciana y la imposibilidad de cumplir con los objetivos de déficit que ha marcado el Ministerio de Hacienda durante estos últimos años de crisis económica. Ante la incapacidad de reconocer presupuestariamente determinados gastos, el Consell optaba por asumirlos y tratar de buscar luego soluciones o parches para afrontar los pagos a sus acreedores y proveedores. El desfase explica que Cristóbal Montoro tuviera que desembolsar el pasado 16 de diciembre más de 1.500 millones de euros a la Comunidad Valenciana con cargo a una partida extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para cubrir excesos en el déficit de 2014. Un mecanismo claro de respiración financiera asistida.

El informe de la Sindicatura, que fue entregado este lunes por la mañana al presidente de las Cortes, Enric Morera, detecta que el déficit presupuestario de la Generalitat no ha mejorado, sino que incluso fue a peor en 2014. Según sus cálculos, el desfase real entre ingresos y gastos fue de 3.700 millones de euros. Oficialmente, en términos de contabilidad nacional, el déficit de la Comunidad Valenciana el año pasado fue de 2.428 millones de euros, que se corresponden aproximadamente con el 2,48 % del Producto Interior Bruto regional.

“Hay que replantearse una nueva financiación autonómica, resulta evidente que el FLA o el pago a proveedores no son suficientes“, dice el Síndico

En un clara operación política para evidenciar el problema de la ausencia de recursos suficientes para sostener el marco competencial, el nuevo presidente Ximo Puig y su conseller de Hacienda, Vicent Soler, han optado por incluir en el presupuesto de 2016 ingresos ficticios por importe de 1.300 millones de euros con cargo a un futurible: una hipotética reforma del sistema de financiación. Se trata de un subterfugio contable que permite cuadrar el presupuesto y cumplir con el objetivo de déficit del 0,3 % pero ha sido tachado de irregular tanto por Montoro como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El propio Síndico Mayor, Rafael Vicente Queralt, ha reivindicado en el acto de entrega del informe la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y la sustitución de mecanismos extraordinarios como el FLA o el Plan de Pago a Proveedores, por los que la Comunidad Valenciana ha recibido 23.299 millones de euros en forma de préstamos blandos del Estado entre 2012 y 2014. “Hay que replantearse ya en serio una nueva financiación autonómica, con carácter estable y anual, pues resulta evidente que el FLA o el pago a proveedores no son suficientes”. Según ha dicho, con un nuevo sistema de financiación que dotara a la Comunitat de recursos similares a la media de las autonomías se evitarían situaciones de “tensión de tesorería" que afectan a la sociedad y a la gestión pública. "El enfermo está necesitado de un choque de vitaminas. Habría que dotarlo de manera estable y permanente para que cuando las autonomías inicien la gestión de un presupuesto conozcan perfectamente lo que se les va a dar y gasten en función de eso”, ha indicado. 

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