Declaran a Rafael Blasco responsable de malversar 1,6 millones para cooperación

El Tribunal de Cuentas ha decidido estimar la demanda interpuesta por la Generalitat valenciana y ha declarado al 'exconseller' de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, a tres ex altos cargos de su departamento -Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán-, al empresario César Augusto Tauroni y al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, responsables contables directos y solidarios de una malversación contable al Gobierno valenciano, que cifra en 1.623.819,86 euros, por el dinero público malversado en las subvenciones a la Fundación Cyes, que solo destinó 43.000 euros a los proyectos que debía realizar en Nicaragua.

Así consta en una resolución de este órgano, de fecha 12 de noviembre, en la que acuerda también declarar a la Fundación Cyes y a la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed, mercantil de Tauroni, como responsables contables subsidiarios de la malversación contable.

El Consell reclamaba hasta 1.951.290 euros -intereses incluidos- por malversación contable a Blasco y a condenados en una de las piezas del caso Cooperación, la relativa a las ayudas a la Fundación Cyes por proyectos en Nicaragua, un dinero que se destinó en su mayor parte a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia.

Actualmente, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la parte penal, se encuentran cumpliendo prisión Rafael Blasco, condenado a seis años de cárcel al igual que Tina Sanjuán y César Augusto Tauroni. Alexandre Catalá fue sentenciado a cuatro años y medio y Marcial López, a tres años y nueve meses.

Perjuicio en los fondos públicos

En el caso de Marc Llinares, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia pero absuelto por el Supremo de malversación de fondos, el Tribunal de Cuentas sí que considera que actuó en estas actuaciones contables con "dolo", al quedar acreditada una voluntad "decidida" y comportamiento "consciente" de cooperar en los hechos y contribuir a que se eludieran los mecanismos de control.

Tanto Blasco como los que fueran altos cargos de su departamento actuaron con dolo y provocaron un perjuicio en los fondos públicos por sus acciones

En una sentencia de 93 páginas, el consejero José Manuel Suárez considera que tanto Blasco como los que fueran altos cargos de su departamento, al igual que el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes Marcial López, actuaron con dolo y provocaron un perjuicio en los fondos públicos por sus acciones u omisiones.

En concreto, señala que Blasco y sus tres ex altos cargos tenían la "capacidad de seguimiento, control y decisión de los expedientes de subvenciones". Sin embargo, el 'exconseller' "contó con la colaboración" de los otros tres cargos de su departamento, "que intervinieron a medida que los expedientes seguían su curso natural, falseando, alterando los documentos y facturas que habían sido presentados, con el fin de dar una apariencia de legalidad, con el único empecinamiento de otorgar las subvenciones a una entidad que no reunía, ni acreditaba, los requisitos exigidos en la convocatoria y que, pese a no justificar el destino de los fondos para la finalidad para la que se concedieron, no exigieron su reintegro”.

Respecto a Marcial López, la Fundación Cyes y Tauroni, considera que no ofrece "duda alguna" de que el perceptor de la subvención, sea persona física o jurídica, "puede ser condenado al reintegro de la misma" y, en este caso, ha quedado acreditado que las dos personas y la entidad percibieron las subvenciones otorgadas. El empresario, al recibir el 25% de ellas como "comisión a las labores de mediación realizadas" con el 'conseller'.

Sentencia confirmada por el Supremo

En mayo de 2014, el TSJCV dictó la sentencia que condenó a Blasco y a sus altos cargos, una resolución que confirmó en junio de 2015 el Supremo, aunque rebajó de ocho a seis años las condenas para el 'exconseller', Tauroni y Sanjuán. El alto tribunal absolvió tanto al exdirector general de la extinta conselleria, Josep María Felip, como al exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares. Sobre estos dos últimos acusados, el TSJCV fijó una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel para Llinares; y siete años de inhabilitación para Felip.