Barberá regó con millones "sin control" a la Fundación que contrató a Urdangarin

Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana (versión autonómica del Tribunal de Cuentas) señala que el Ayuntamiento de Valencia ha financiado durante años a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau sin ejercer los controles adecuados sobre el buen uso de los fondos públicos. Se trata de la entidad que entre los años 2004 y 2007 contrató con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin los eventos Valencia Summit por importe de 4,5 millones de euros, acuerdos por los que están procesados, entre otros, el cuñado del Rey Felipe y el exvicealcalde valenciano Alfonso Grau.

El documento fiscalizador está referido al ejercicio de 2013, con Rita Barberá aún al frente del municipio y cuando la fundación ligada al consistorio recibió 4,1 millones de euros, pero señala que la aportación pública, en forma de trasferencia directa, se ha efectuado “de forma repetitiva todos los años”. “No resulta razonable, desde el punto de vista de la adecuada gestión y control de los fondos públicos, que el Ayuntamiento financie mayoritariamente año tras año una fundación y no exija a cambio un control efectivo”, dice el informe de la Sindicatura, al que ha tenido acceso El Confidencial y que está todavía en fase de alegaciones.

Lo que revela el informe, y ponen en cuestión los fiscalizadores, es que Convention Bureau recibía trasferencias directas como si se tratase de una entidad pública pero sus estatutos la definían como privada, de forma que eludía cualquier mecanismo de justificación del dinero recibido. La propia Sindicatura muestra sus dudas sobre esa confusión en el régimen jurídico de la fundación. “Los estatutos la definen como privada, si bien de estos no se desprende de forma clara que los órganos de gobierno esté controlados indirectamente o no por la Administración”. En cualquier caso el Ayuntamiento tenía y sigue teniendo una presencia notable en patronato de Convention Bureau. Durante la etapa investigada en el marco del caso Urdangarin, Alfonso Grau ejercía de presidente del mismo. Sin embargo, él siempre ha alegado en su defensa que se trataba de una entidad privada y que las órdenes de contratación al Instituto Nóos eran colegiadas.

Pero esta misma consideración es lo que sirve la Sindicatura para poner al descubierto la falta de control sobre uso del dinero público: “De considerarse una fundación privada la aportación (de dinero) debería tener el carácter de subvención y su concesión directa exigiría que figurase nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento o la acreditación de otras causas previstas en la Ley de Subvenciones”, con lo que ello implica de mecanismo de justificación y control.

Las de la fundación que contrató al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin no son la únicas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas. El informe dedica un apartado entero a cuestionar el mecanismo de adjudicación a la mercantil Crystal Forest (a la que no cita expresamente) de la gestión del conocido como Teatro Musical, un espacio municipal dedicado a la programación de espectáculos. Esta sociedadl tiene como administrador único al empresario José Luis Moreno. Su paso por el teatro ha sido muy polémico: impagos a trabajadores, deudas con Hacienda y la Seguridad Social. En 2014, el consistorio inició los trámites para despedirlo y encargó informes jurídicos para acreditar que había incumplido con sus compromisos. En marzo de este año se rescindió definitivamente el contrato, que se había adjudicado por importe de 378.840 euros sobre un importe inicial de licitación de 462.000 euros.

Según la Sindicatura de Cuentas, todo esto podría haber evitado si el consistorio entonces en manos del Partido Popular hubiese tenido en cuenta la situación en la que Crystal Forest compareció al concurso público. “La empresa adjudicataria presentó entre la documentación para acreditar la solvencia el balance al año anterior con pérdidas. No se tiene en cuenta de que a la vista de esta situación se acreditara la adecuada solvencia del adjudicatario”, señala el informe de fiscalización.

El documento revela además que Crystal Forest utilizó otra empresa vinculada al propio Moreno para presentar los justificantes de gasto de las subvenciones recibidas. “La mayoría de justificantes presentados, que ascendió a 382.747 euros, pertenecen a una empresa del mismo grupo y con el mismo domicilio social que el adjudicatario. No se ha presentado justificante alguno de pago de facturas”, sostienen los fiscalizadores.

En conjunto, el informe fiscalizador, de 108 páginas, relata contratos fraccionados por importe de 2,6 millones de euros durante el ejercicio de 2013, facturas duplicadas de gastos realizados por escoltas de Rita Barberá o irregularidades contables en algunas empresas públicas. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, del que es alcalde Joan Ribó, es el responsable de presentar las alegaciones el documento, que la Sindicatura remitirá a su vez al Tribunal de Cuentas. Será éste quien determine de forma definitiva si se han podido producir irregularidades graves que impliquen responsabilidades contables.