La privatización de Feria Valencia queda en el aire tras el cambio político

La derrota del Partido Popular en las elecciones tanto municipales como autonómicas del pasado domingo tendrá consecuencias en el futuro de Feria Valencia. La institución, que depende formalmente del Ayuntamiento de Valencia -la alcaldesa Rita Barberá es la presidenta del patronato de forma nata- y de la Generalitat, atraviesa una grave situación económica, con una deuda de más de 400 millones que no puede atender, y social, con una investigación de la Fiscalía abierta por sobrecostes injustificados en las obras de ampliación, que pasó de 300 a 600 millones de euros.

El equipo directivo de Feria Valencia, que encabeza el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y el que fue directivo de la Confederación Empresarial Valenaciana, Enrique Soto, como director, diseñaron un plan de negocio para dar viabilidad a un proyecto que amenaza con embarrancar. El recinto se concibió con unas dimensiones que hoy en día son imposibles de rentabilizar, más cuando los certámenes más arraigados de Feria Valencia han perdido expositores y visitantes.

Esta caída del negocio ha llevado aparejadas pérdidas continuadas en la institución, incapaz de devolver los préstamos, obligando a la Generalitat a ejercer su papel de avalista. En total, y hasta que se acaben de devolver préstamos e intereses, el Gobierno valenciano tendrá que poner más de 1.000 millones de euros.

El plan de viabilidad consiste básicamente en privatizar el negocio de Feria Valencia, cediendo la organización de certámenes y la explotación comercial de los inmuebles a un operador privado, mientras que la propiedad de los inmuebles (y el pago de la deuda) quedaría en una empresa pública dependiente de la Generalitat.

Pero para privatizar el negocio era necesario modificar la actual concesión, que otorga el Ayuntamiento de Valencia. Esta modificación es la que se ha quedado encima de la mesa del consistorio valenciano. Fundamentalmente, y según ha podido saber este periódico, estaba pactada y consistía en autorizar al nuevo concesionario a utilizar los pabellones para usos distintos al negocio ferial. Fundamentalmente el objetivo era que en esos edificios se pudiesen instalar, de forma permanente, comercios o grandes superficies.

'Tendremos que estudiar la situación de Feria Valencia ya que durante estos años ha estado rodeada de una opacidad que nos impide saber la realidad'

Pero el acuerdo que existía en el seno del patronato no fue rubricado por el Ayuntamiento de Valencia. El resultado electoral supondrá un cambio en el Gobierno municipal. Fuentes de Compromís, el partido que tendrá la Alcaldía con el apoyo de socialistas y Podemos, aseguran que no darán el visto bueno a un acuerdo que desconocen. "Primero tendremos que estudiar la situación de Feria Valencia ya que durante estos años ha estado rodeada de una opacidad que nos impide saber la realidad de la institución", han asegurado las mismas fuentes.

Desde el equipo directivo de Feria Valencia se teme un retraso en la aprobación del plan que ponga en riesgo el futuro de la institución. "Cuanto más se tarde, más complicado será remontar la crisis y menos interés habrá de operadores privados por hacerse gestionar el recinto", explican desde Feria Valencia. De momento, el patronato celebró esta semana pasada su última reunión con Barberá como alcaldesa. Ahora tanto el Ayuntamiento como la Generalitat tendrán que nombrar nuevos patronos, lo que acumulará nuevos retrasos.