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Grau, mano derecha de Barberá: ¿único responsable o cabeza de turco judicial?
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Grau, mano derecha de Barberá: ¿único responsable o cabeza de turco judicial?

El hasta ayer vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, es el primer y único cargo electo de la Comunidad Valenciana en ser procesado por sus relaciones con el caso Nóos. Camps y su mentora se han librado

Foto: Rita Barberá y Alfonso Grau en la rueda de prensa en la que ha anunciado su dimisión. (EFE)
Rita Barberá y Alfonso Grau en la rueda de prensa en la que ha anunciado su dimisión. (EFE)

La rama valenciana del caso Nóos sentará en el banquillo a cinco acusados, entre los cuales hay un solo político elegido en las urnas: Alfonso Grau, el ya exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá. El resto de los procesados son altos cargos de la Generalitat Valenciana de la era de Francisco Camps: el responsable de los grandes eventos,Luis Lobón, y tres directivos de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), los exdirectores José Manuell Aguilar y Jorge Vela, y la asesora jurídica, Elisa Maldonado.

Los negocios del Instituto Nóos en Valencia, que se concretaron fundamentalmente en la organización de dos encuentros de debate bautizados como Valencia Summit, por los que ingresaron algo más de tres millones de euros de dinero público, se pactaron con dos sociedades públicas: la propia Cacsa y la Fundación Turismo Valencia, dependiente esta última del Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, de los distintos relatos judiciales de la larga instrucción realizada por el juez de Palma de Mallorca José Castro se desprende que el origen del acuerdo entre la fundación de Urdangarin y Diego Torres está en un encuentro en el que participaron el duque de Palma, el expresidente Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ambos desviaron a organismos dependientes de sus respectivos Gobiernos la formalización de dichos acuerdos.

Pero ni Camps ni Barberá están procesados. Hubo un intento por imputarlos. En un momento del proceso, el juez Castro, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares instaron al Tribunal Superior de Justicia a imputarlos a ambos al considerarlos responsables últimos de unos acuerdos realizados sin seguir la normativa de contratación pública.

Traslado del caso al TSJCV

El juzgado de Palma que ha instruido el caso trasladó al TSJCV la petición al tratarse de dos aforados –tanto Camps como Barberá son diputados en las Cortes Valencianas–,pero el órgano judicial valenciano consideró que no había pruebas suficientes para considerar que las reuniones del presidente y la alcaldesa derivaron en los contratos firmados.

Esta decisión, que no admite recurso, fue criticada por la Audiencia Provincial de Palma. En un auto tras el acto de procesamiento dictado por Castro, el órgano judicial lamentaba que Camps y Barberá "hayan quedado al margen del escrutinio judicial su posible participación en los hechos enjuiciados".

Tampoco el que era el responsable político de Cacsa en calidad de conseller de Hacienda, Gerardo Camps, ha sido señalado en ningún momento. Sólo ha participado en el proceso en calidad de testigo, pese a que alguno de los procesados apuntó a su responsabilidad como superior jerárquico de la empresa pública. Gerardo Camps es actualmente diputado en el Congreso y su imputación habría obligado a llevar la causa al Supremo.

Grau, que este lunes presentó su dimisión, estuvo a punto de salvarse. El instructor y la Fiscalía retiraron sus acusaciones sobre el vicealcalde. El argumento usado es que la Fundación Turismo Valencia era privada, pese a que la mayor parte de su financiación es del Ayuntamiento y que los patronos declararon que se limitaban a cumplir las órdenes que llegaban del consistorio, con Grau como enlace.

Hasta en dos ocasiones, a instancias de la acusación popular ejercida por el grupo municipal socialista, tuvo que enmendar la plana la Audiencia Provincial de Palma al juez Castro, ordenándole que le incluyese en el auto de procesamiento al considerar que la supuesta privacidad de la Fundación es ficticia y se usa sólo para evitar controles.

Finalmente, Grau será el único responsable político que se sentará en el banquillo por la parte valenciana de Nóos. Tendrá que responder a los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

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