Un alto cargo del Ejecutivo me reconoció que estábamos vetados. Fue con motivo de un foro organizado por El Confidencial. Como siempre, pedimos la presencia de un representante gubernamental para el mismo. La respuesta fue tan lacónica como reveladora: imposible, había órdenes de que nadie asistiera a nuestros actos. A modo de consuelo, me aseguró que no éramos los únicos. Otros habían venido con la misma canción y la respuesta había sido idéntica. Me habló de uno en concreto, por el que tengo la máxima consideración, al que dieron largas "porque también miente".
El muro. A un lado, los que mienten —o sea, los que cuentan lo que Pedro Sánchez no quiere que cuentes—; al otro, los que dicen la verdad, es decir, los que recitan el argumentario oficial: que la corrupción gubernamental no existe, salvo en la imaginación de unos jueces díscolos y unos periodistas resentidos empeñados en torpedear a un Gobierno de progreso que se ha convertido en referente mundial.
La voladura de puentes tiene una fecha concreta: febrero de 2024. La deriva autocrática venía cocinándose a fuego lento, al compás de las cesiones parlamentarias y la erosión del Estado de derecho, pero el punto de inflexión llegó entonces, cuando estalló la trama Koldo —rebautizada ya como trama Santos Cerdán— y empezaron a aflorar los negocios familiares del entorno presidencial. En especial, los de su esposa, Begoña Gómez.
Fue entonces cuando, en nombre de la libertad de expresión y bajo el pretexto de protegernos de las fake news, el Gobierno emprendió su cruzada regeneradora. ¿Les suena la música? Se trataba de hacernos ver una realidad que nos resistíamos a aceptar, de mostrarnos el lado bueno de la Historia, aunque para ello hubiera que reescribir la partitura.
Toda mentira ambiciosa reclama una coartada legal. Y la encontraron en una agenda normativa revestida de palabras mayores: "regeneración democrática", "trasposición europea", "transparencia". La letra gorda parecía incontestable, pero la letra pequeña era otra cosa: dar carta blanca a los poderes públicos para decidir qué es un medio, a quién se corta el grifo publicitario y bajo qué criterios. La coartada perfecta llegó, además, bendecida desde Bruselas con la European Media Freedom Act, una norma que nació para blindar la independencia de la prensa y que aquí se interpreta como licencia para tutelarla.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se autoproclamó paladín de la libertad de expresión: "La administración de Biden parecía dispuesta a todo para silenciar a las personas que expresaban su opinión: la administración de Trump hará exactamente lo contrario. Bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos estar en desacuerdo con sus opiniones, pero lucharemos para defender su derecho a expresarlas en público". Hubo aplausos. Hubo titulares. Hubo también déjà vu.
En aras de esa misma libertad de expresión, Donald Trump interpuso una demanda de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, al que acusaba de ser portavoz demócrata. El juez federal Steven D. Merryday, por fortuna, la desestimó sin contemplaciones: impropia e inadmisible.
En aras de la libertad de expresión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, presionó para cancelar el programa de Jimmy Kimmel tras un monólogo incómodo. Disney lo suspendió indefinidamente.
En aras de la libertad de expresión, Trump amagó con retirar licencias de emisión a los canales críticos porque —según su peculiar hermenéutica— informar de lo que no gusta al presidente no es informar, sino traicionar.
En aras de la libertad de expresión, Trump y Vance han puesto en la diana a las fundaciones progresistas, de la Ford a las de George Soros, tachándolas poco menos que de organizaciones terroristas domésticas.
En aras de la libertad de expresión, la fiscal general Pam Bondi ha prometido perseguir a los propagadores del "discurso de odio" que hagan comentarios de mal gusto en torno a Charlie Kirk, asesinado días antes.
Paradójicamente, el propio Kirk lo había advertido: ceder al gobierno la potestad de decidir qué es odio y qué no, equivale a poner un arma cargada en manos de cualquiera que ocupe la silla presidencial. El fin de la primera enmienda norteamericana.
¿Les suena la melodía? En Washington o en Madrid, se trata siempre de decir una cosa y hacer la contraria, de invocar la democracia para socavarla, de enarbolar la libertad para domesticarla.
Aquí, en España, los aliados son los abajo firmantes: esa pléyade de intelectuales, escritores y periodistas que, ungidos por la superioridad moral de las sobremesas monclovitas, rubrican manifiestos de adhesión inquebrantable, denuncian la bilis mediática contra el Gobierno y señalan a compañeros con nombres y apellidos. Es lo que Freud llamaba desgana cultural: ese deseo de evadirse de la realidad incómoda, de las leyes que suponen un corsé para el sentir del pueblo, de las cláusulas del mundo burgués. Evadirse de todo ello y liberar así los viejos instintos de venganza.
Son los mismos abajo firmantes, curiosamente, que ahora claman contra el despido de Jimmy Kimmel y escriben sesudas tribunas en defensa de la libertad de expresión.
Ese es el virus. El de los populismos, que ya no distingue entre democracias consolidadas y regímenes de opereta. Un virus que se cuela por las grietas del sistema y, en nombre de la regeneración, lo corroe. El problema es que los malos van ganando. Y en este ambiente envenenado, el tono crítico de los medios, especialmente en EEUU, se ha rebajado hasta volverse casi inaudible. En España vamos camino de ello.
La libertad de expresión está bajo asedio. Y la gran ironía es que quienes dicen defenderla son, en realidad, quienes más contribuyen a erosionarla.
Un alto cargo del Ejecutivo me reconoció que estábamos vetados. Fue con motivo de un foro organizado por El Confidencial. Como siempre, pedimos la presencia de un representante gubernamental para el mismo. La respuesta fue tan lacónica como reveladora: imposible, había órdenes de que nadie asistiera a nuestros actos. A modo de consuelo, me aseguró que no éramos los únicos. Otros habían venido con la misma canción y la respuesta había sido idéntica. Me habló de uno en concreto, por el que tengo la máxima consideración, al que dieron largas "porque también miente".
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