Los soberanistas esperarán al resultado para cuestionar las elecciones ante el TC

Jugar a dos barajas es la especialidad de los independentistas. Y una nueva filigrana tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre, cuando se reúna la Diputación Permanente del Parlament, encabezada por Carme Forcadell, para evaluar si la cámara catalana presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente suspensión de la autonomía. La novedad es que lo harán después de las elecciones que se celebrarán mañana jueves. Cuando ya se sepa el resultado, ya que este recurso pondría en cuestión la base legal de los comicios.

En principio, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) iba a interponerse antes, durante la campaña electoral. Pero al final la pasada semana se optó por posponer la reunión clave hasta el 27 de diciembre, cuando ya se conozca el escrutinio.

Un recurso de inconstitucionalidad podría cuestionar la legitimidad de las elecciones, en caso de un fallo contrario a la convocatoria. De hecho, los independentistas siempre han calificado las elecciones del 21-D como “ilegítimas” al haber sido convocadas bajo el 155. Ese precisamente ha sido el principal argumento de la candidatura de Carles Puigdemont desde Bruselas, que él y solo él era el presidente legítimo de la Generalitat.

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A. Fernández. Barcelona

Pero no es lo mismo cuestionar unas elecciones que se han ganado que unas que se han perdido. Los grupos de la oposición dieron por bueno el retraso de la fecha en la Diputación para sacar esta convocatoria de la ecuación de la campaña electoral, según han explicado fuentes de los partidos de la oposición. Por su parte, los miembros de la ya extinta JxSí prefirieron también una fecha en la que poder calibrar si valía la pena poner las elecciones en la picota.

Además, el dictamen solicitado al Consell de Garanties ha avalado la parte de la convocatoria de elecciones en el dictamen que le solicitó la Diputación Permanente del Parlament, que no era lo que esperaban los diputados soberanistas, si bien sí que se ha mostrado crítico con otros aspectos del 155, incluso cuestionando que no se hubiese avisado antes al Govern de Puigdemont del modo concreto en que iba a aplicarse.

Disolución del Parlament

“En conclusión, la medida autorizada por el Pleno del Senado relativa a la atribución al presidente del Gobierno del Estado de la competencia para decretar la disolución del Parlament y convocar nuevas elecciones, prevista en el cuarto párrafo del apartado 2.A, aplicada con carácter inmediato mediante el Real Decreto 946/2017, no vulnera el alcance material del artículo 155 CE, en el sentido que tiene cabida en la expresión de las "medidas necesarias" y, al mismo tiempo, constituye la opción, entre las disponibles, menos lesiva con el principio de autonomía política puesto que facilita la restitución completa del autogobierno en el plazo más breve”, reza el dictamen. Por tanto, según el propio Consell de Garanties, sería legal y constitucional, lo que rebajaría las pretensiones de los independentistas, los cuales siempre han jugado con la idea de desprestigiar las elecciones, ya sea ante el TC o lanzando rumores de pucherazo.

El Consell de Garanties ha avalado la convocatoria de elecciones el 21-D por la vía del artículo 155, lo que ofrece cobertura para la votación de mañana

En un nota oficial del Parlament se informó que JxSí solicitó un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias con relación a esta cuestión, y una vez emitido el Parlamento abrió un plazo para que los grupos pudieran pedir la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra las medidas mencionadas. Este plazo terminó la pasada semana, y solo un grupo parlamentario, JxSí, solicitó convocar la Diputación Permanente para que la cámara interponga un recurso de inconstitucionalidad.

Eso incluiría ir contra la resolución del 27 de octubre de la presidencia del Senado por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado de aprobación de las medidas requeridas por el Gobierno del Estado al amparo del artículo 155 de la Constitución española y contra los reales decretos de desarrollo.

Una quinta parte

La norma marca que al menos tres grupos o una quinta parte de los miembros de la Diputación Permanente puedan presentar propuestas alternativas a los artículos que se pretenden impugnar o a la propuesta de interposición de recurso.

La Diputación Permanente la preside siempre el presidente o presidenta del Parlamento, en este caso Carme Forcadell, y la integran 23 diputados, aunque actualmente la componen 22.