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La Fiscalía pide al Supremo que mantenga en prisión a Junqueras

La defensa de Junqueras ha solicitado que excarcele a su cliente para que pueda poder participar en los actos de la campaña electoral del 21-D

Foto: El vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
El vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

La Fiscalia del Tribunal Supremo solicita a la Sala de lo Penal de este órgano que desestime el recurso de apelación en el que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras solicita que se modifque la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' que concluyó con la declaración unilateral de independencia.

El Ministerio Público estima que los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos, por lo que no deben modificarse las medidas cautelares aplicadas. Agrega que "existen suficientes elementos de soporte de la acción típica de rebelión, alternativamente de secesión, y de malversación".

En su escrito, presentado este martes ante la sala de apelaciones, la Fiscalía desgrana estos indicios: la "hoja de ruta" de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); el documento denominado 'Enfocats' encontrado en el domicilio del número 2 de Junqueras en Economía, Josep María Jové; la firma por todo el Ejecutivo catalán de la fecha de convocatoria del referéndum del pasado 1 de octubre, el llamamiento a la población para participar en este acto desobedeciendo al Tribunal Constitucional; y el "desarrollo de actuaciones en las que han existido actos de intimidación y violencia".

Entre estas últimas la Fiscalía cita lo ocurrido el pasado 20 de septiembre al impedir registros ordenados por el Juzgado número 13 de Barcelona y lo ocurrido el 1-O. El firmante del documento, el fiscal Jaime Moreno, añade como indicio "la posición en el Govern del apelante como vicepresidente y responsable de los procesos de consulta."

La defensa de Junqueras solicita a la sala de apelaciones del Supremo -que es la que debe revisar las decisiones del instructor, Pablo Llarena- que excarcele a su cliente para que pueda poder participar en los actos de la campaña electoral del próximo 21-D y alega, entre otros argumentos, que su permanencia en prisión "está ya teniendo efectos muy relevantes en la conformación libre de la voluntad popular a través de las elecciones.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el fiscal Moreno señala que las actuaciones atribuidas a Junqueras se han desarrollado en un prolongado espacio temporal y que han sido "minuciosamente planificadas y concertadas" sin que se trate de un hecho delictivo puntual y aislado "sino de un conjunto de acciones concatenadas finalísticamente y organizadas".

Vinculación con la violencia del 20-S

En cuanto a la vinculación de Junqueras con los hechos violentos ocurridos el 20 de septiembre frente a la sede de la Consejería de Economía, el fiscal recuerda que el propio instructor Llarena señala su presencia en el lugar, a lo que se une la actuación de los Mossos d'Esquadra, dependientes del Govern y por ello bajo sus instrucciones, "que favorecieron y no desplegaron ninguna actuación que pudiera ponerles término".

Finalmente, el fiscal hace suya la afirmación de la resolución de Llarena de que el riesgo de reiteración delictiva no desaparece por las mera afirmaciones de que abandonaría su actual estrategia que Junqueras realizó durante su declaración ante el magistrado.

El fiscal no se posiciona en su escrito sobre la petición de la defensa de Junqueras para que sus argumentos sean presentados en una vista pública a la que pueda acudir el propio investigado. La decisión sobre la celebraración o no de esta vista y la fijación de una fecha para la misma depende únicamente del tribunal de apelaciones.

El recurso de apelación se presentó contra el auto por el que el pasado 4 de diciembre Llarena acordó mantener la prisión preventiva de Junqueras, del exconsejero de Interior Joaquim Forn y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que pese a no haber riesgo de que se fuguen persiste en ellos el de reiteración delictiva. Los tres últimos pidieron expresamente al juez instructor ser llamados de nuevo a declarar y éste ha fijado su comparecencia para el próximo 11 de enero. En el caso de Junqueras no se volverá a producir este nuevo interrogatorio ante el juez al haber optado su defensa por acudir directamente al órgano superior en apelación.

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