El plan de la CUP tras el 21-D: bloquear las instituciones y atacar a España

La estrategia del independentismo a partir de laselecciones del próximo día 21 de diciembre pasa por bloquear las instituciones, arreciar una campaña de desprestigio contra España, negar cualquier proyecto político de reforma del Estado español e iniciar una campaña para cuestionar a la propia Unión Europea. Así se recoge en un documento aprobado por Endavant, el núcleo duro de la CUP el pasado 30 de noviembre.

En un apartado bajo el epígrafe ‘Marco de acción política’, subraya que el eje principal de esta ha de ser “dibujar un marco de materialización de la República”. El primer punto para ello es “bloquear el engranaje institucional autonómico”. Los independentistas parten de la base de que una vez descartado el boicot a las elecciones, la opción que les queda es usarlas “para liquidar las instituciones autonómicas y dar paso a una nueva institucionalidad republicana. Esto pasaría por una victoria del independentismo en las elecciones y que este bloquease automáticamente la actividad del Parlament surgido del 21-D. Y, alternativamente, llamase a la convocatoria de una Asamblea Constituyente y el despliegue inmediato de los Decretos de la Dignidad”. Estos ‘decretos’ son las nuevas normas legales impuestas por la CUP y basadas en un programa político de garantía de los “derechos esenciales de las clases populares”.

En el caso de que la etapa que se abra el 21 de diciembre sea netamente autonomista, la CUP asumirá “el papel de denuncia de las instituciones autonómicas y de la nueva etapa como fruto de la liquidación por la vía represiva del ejercicio de la autodeterminación de una parte de los Països Catalans”. Ello implica, según el documento, “una oposición frontal y una no colaboración con las instituciones autonómicas y con las fuerzas políticas y sociales que las sostengan”. En definitiva, ello supondría ahondar en la fractura política y social de Cataluña.

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En otras palabras: si las elecciones son favorables al independentismo se trata de dinamitar desde dentro las instituciones catalanas. En caso contrario, se llama a la desobediencia civil y a la movilización permanente en las calles para desestabilizar el Gobierno y evitar que se pueda gobernar y echar luego la culpa al Estado español de ese fracaso. Por eso, otro de los puntos en que la CUP hace hincapié menciona que “es preciso continuar con la denuncia del carácter antidemocrático del Estado español y del nacionalismo español como el cemento que imposibilita cualquier cambio de fondo en el Estado si previamente no se ha roto la unidad de este Estado”. Los anticapitalistas se reafirman en su negativa de “avalar o participar en ningún proyecto político de reforma del Estado”.

Nueva estrategia internacional

La CUP se muestra partidaria también de realizar una acción conjunta de oposición al Estado español en Cataluña, Valencia y Baleares y en denunciar permanentemente la “ocupación policial” de estos territorios, en una delirante campaña de agitación llevada a cabo tanto a través de las redes sociales como sobre el terreno, con movilizaciones, protestas y acciones puntuales. “Es preciso poner en marcha una estrategia de no normalización de la ocupación que obligue al Estado a continuar mostrando su verdadera cara”, detalla el documento. En resumidas cuentas: obligar a sacar a la Policía a las calles para luego denunciar precisamente que sale a las calles.

Otra de las líneas de actuación es “proponer y desarrollar una estrategia internacional alternativa que parta del cuestionamiento de la Unión Europea, que padece una crisis importante de legitimidad en Cataluña a causa del apoyo incondicional que le ha prestado al Estado español en su estrategia represiva, y que busque la construcción de unas relaciones internacionales alternativas basadas en el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad y la fraternidad”. En este sentido, en otros documentos de los radicales aparecen como los socios prioritarios en el panorama internacional los nombres de Venezuela, Cuba y países de ALBA (Alianza Bolivariana para América), Colombia, Sahara, Palestina, Kurdistán y 'Euskal Herria'.

Confrontación o confrontación

Los radicales admiten en su documento que las garantías para desplegar la República “son muy escasas y pasan por mantener viva la legitimidad del 1 y el 3 de octubre [fechas del referéndum y la huelga general] por encima del marco impuesto con el 155”. También son conscientes de que “ni la situación del Estado español ni de la UE era (ni es) de suficiente debilidad o división interna como para que se pueda forzar un referéndum pactado. Llegados a esta conclusión, si el soberanismo gubernamental no opta por el camino de la ruptura, solo le queda la opción de alargar la acumulación de fuerzas y la crisis política permanente, o poner el capital político en una reforma del Estado que pueda favorecer los intereses de la burguesía regional –opción que no ha dejado de intentarse con la ayuda mediadora del PNV y el sector de la burguesía vasca a la cual representa-“.

Debido a ello, la CUP cree que la única opción que le queda al independentismo para ganar el embate pasa por no abandonar las posiciones rupturistas y que ni PDeCAT ni ERC alimenten posicionamientos “legalistas o idealistas y que opten por la ruptura con el ordenamiento legal español, incluido el autonómico”.

Se duelen en el documento, en afirmaciones que ya habían sido reproducidas en escritos estratégicos anteriores, de que el referéndum del 1 de octubre “no fue nunca planificado por el Govern como una legitimación de la ruptura, sino como un instrumento para abrir una negociación política. Los hechos parlamentarios del 10, 26 y 27 de octubre y las actuaciones posteriores demuestran claramente que el Gobierno autonómico descartó disputar el poder al Estado y lo fio todo a una negociación que pudiese abrir la oportunidad a una autodeterminación pactada”.

Concluye la CUP que en estos dos últimos meses se confirmaron sus avisos: “Que la autodeterminación solo era posible desobedeciendo el ordenamiento legal del Estado. Que la UE es un ente antidemocrático que defendería los intereses del Estado español sin fisuras y no movería un dedo para respetar el derecho de autodeterminación. Que solo con la calle movilizada y desbordando a las instituciones sería posible dar jaque al Estado. La visión materialista de la realidad se impuso por encima de los apriorismos idealistas. Por ello, creemos que ahora es preciso evitar de nuevo caer en un error idealista como sería iniciar un proceso constituyente sin haber provocado antes una ruptura política y legal con el Estado”.

Ante ello, las decisiones a tomar “no han de estar ligadas a la inmediatez ni a la táctica a corto plazo, y aún menos determinadas por las espirales propagandísticas propias de las elecciones”. Y ante la apuesta del Estado por acabar con el proyecto independentista, “la respuesta independentista no puede ser la de parar el golpe, replegarnos o apelar a victorias morales sin ninguna traducción material”. El resumen de la hoja de ruta se condensa en la última frase del documento, que por etérea no es menos comprensible: “Ahora es la hora de los pasos decididos”. A buen entendedor…