PRESIDE TAMBIÉN EL SUPREMO DE ANDORRA

Un nombramiento del juez de Artur Mas pone en peligro toda la causa

Según un informe del Partido Pirata, el magistrado Joan Manuel Abril Campoy es presidente del Tribunal Supremo de Andorra además de miembro del TSJC

Foto: Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña. (Reuters)
Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña. (Reuters)

El instructor del caso Mas, Joan Manuel Abril Campoy, es, además de miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), presidente del Tribunal Supremo de Andorra desde el 10 de diciembre de 2014. Así se desprende de un informe elaborado por el Partido Pirata, que desvela algunos intereses políticos en los nombramientos. Esta designación puede comprometer todo el proceso del 'president'.

El informe interno de Piratas comienza aceptando el “pleno respeto a las decisiones judiciales” tras la citación como imputados de Artur Mas, de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la consejera de Educación, Irene Rigau, por haber promovido la consulta del 9-N a pesar de que el Constitucional la había prohibido.

Ese respeto, sin embargo, no es óbice como para que alerte de la singular posición de Abril Campoy, alto cargo de un órgano de un “país extranjero, con sensibles conflictos económicos con el tema Convergència-Pujol y otras investigaciones (…) Baste decir que él sería la última persona que habría de decidir, por ejemplo, qué datos se dan desde Andorra a la Hacienda española de cualquier investigado”.

El informe señala que “curiosamente, las gestiones para que ese magistrado asumiese la presidencia del Tribunal Supremo de Andorra fueron realizadas por don Carlos Lesmes, gestión que acabó con un convenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con Andorra firmado el 22 de junio de 2015 en la sede del CGPJ, que da sustanciosas ventajas económicas y fiscales a los magistrados”.

Imagen de archivo de una manifestación a favor de la consulta del 9-N. (EFE)
Imagen de archivo de una manifestación a favor de la consulta del 9-N. (EFE)

Fuentes de esa formación señalan a El Confidencial que “desde el 9-N [fecha de la pseudoconsulta independentista], el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, se ha reunido con su homólogo andorrano y con el presidente de ese país más veces que en todos los últimos 20 años". "La última reunión fue el pasado 1 de septiembre. El Partido Pirata no tiene ningún interés en defender a Artur Mas, aunque sí es cierto que creemos que nadie debe ser juzgado por poner unas urnas, pero en el nombramiento de Abril Campoy concurren circunstancias, cuando menos, extraordinarias”, aseguran.

El informe señala que todo ello es, “cuando menos, poco elegante y podría dar lugar a la anulación de las actuaciones. ¿Puede el presidente del máximo órgano de un país extranjero instruir el proceso contra Artur Mas? Y máxime cuando en los nombramientos ha tenido un protagonismo importante Carlos Lesmes, que, recordemos, fue nombrado presidente del CGPJ a propuesta del PP y cuyo nombramiento provocó una agria disputa por sus vinculaciones al partido”.

El informe cita también a Lesmes como el inductor de la precipitada salida de la vocal Mercè Pigem del CGPJ. Pigem fue cazada por la Guardia Civil el 15 de noviembre de 2014 cuando entraba en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. La magistrada adujo que ese dinero se lo había dado su madre, que vive en Andorra, para comprar regalos de Navidad. Aunque el máximo dinero que se puede pasar por la frontera sin declarar es de 10.000 euros, Pigem dejó su cargo para no dañar la imagen pública del Consejo. Según fuentes de la abogacía, Lesmes pidió inmediatamente su cabeza. “El verdadero motivo es que ella, junto a otro miembro del CGPJ, había comenzado una investigación interna sobre los ingresos reales de todos los miembros del CGPJ y ya tenían datos muy concretos de salarios irregulares”. Otras fuentes indican que la Guardia Civil fue alertada de que iba a pasar con dinero tras haber sido interceptada una llamada telefónica de la magistrada efectuada desde el país vecino.

Una costumbre

Fuentes judiciales consultadas por El Confidencial señalan, por su parte, que “los órganos de Andorra suelen buscar a jueces y fiscales en Cataluña. ¿Por qué? Porque dominan el catalán, que es el idioma oficial de ese país. Muchos magistrados del TSJC también tienen una segunda ocupación en Andorra, aunque eso les suele ocupar, como mucho, uno o dos días al mes”.

Las fuentes consultadas aseguran que “se ha convertido casi en una costumbre que magistrados del TSJC trabajen para los altos órganos de Andorra, pero no están en instrucción, sino que forman parte de órganos de apelación. O sea, solo resuelven recursos en sala. Y hay casos conocidos de jueces que han trabajado de esta manera, como el de Josep María Pijuan, uno de los instructores del caso Palau, o Enric Anglada, del caso ITV. Incluso Antoni Bruguera, instructor del caso Estevill, realizaba esa doble función. Por tanto, no constituye una excepcionalidad y, en principio, no debería tener ninguna connotación negativa el que Campoy instruya el proceso contra la cúpula de la Generalitat”.

Desde el Partido Pirata, no obstante, se considera que con esa situación, el proceso se ha viciado y hay motivos para pedir la nulidad de las actuaciones. En su informe, indican textualmente que “podría ser anulada la instrucción por la especial situación del magistrado”.

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