Presidencia y PP lo llevaron en secreto

Rajoy ordenó reformar el TC el último día hábil para acometerlo y metido en campaña

La reforma del Tribunal Constitucional llevaba meses preparada, tiene su origen en el vacío legal constatado en la consulta del 9-N y Rajoy esperó al último día para poder tramitarla

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)

La reforma del Tribunal Constitucional llevaba meses preparada, tiene su origen en el vacío legal constatado en la consulta del 9-N Mariano Rajoy esperó al último día para dar la orden de que se tramitara, según reconocen en fuentes del PP. Presidencia del Gobierno y la dirección del Grupo Popular lo llevaron en secreto hasta el último minuto y no hubo intención de negociar los cambios legislativos con el PSOE porque Pedro Sánchez no está dispuesto a apoyar al Ejecutivo del PP frente al desafío separatista de Mas y Junqueras.

De hecho, el grupo socialista encabeza ya el frente de partidos de la oposición (nacionalistas, independentistas  y el resto de la izquierda de la Cámara), que rechaza la posibilidad de dotar al TC de facultades y medios para hacer cumplir sus resoluciones por la vía de la suspensión de funciones de cargos políticos y funcionarios "sediciosos". Según el ejemplo de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero nada más llegar al poder al "despenalizar" la convocatoria de consultas ilegales aprobada en la etapa de Aznar, los socialistas anuncian otra derogación, esta para dejar al TC como está.

En el PP se esperaban la reacción indignada de los partidos dispuestos a saltarse la Constitución y el resto del marco legal establecido, como tienen anunciado Convergència en Cataluña o Podemos en las instituciones que controlan, pero no que Sánchez se pusiera a la cabeza de la manifestación. Se temían más bien que el nuevo dirigente socialista siguiera en este asunto en la equidistancia entre los impulsores de la secesión y el Ejecutivo que defiende la ley de la que hablaba Felipe González en su artículo contra el independentismo.

Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González. (Reuters)
Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González. (Reuters)

En fuentes del PP aseguran que el texto presentado por el Grupo Popular es fruto de un largo proceso de consultas con expertos y estudio de legislación comparada, en especial el caso de Alemania (un Estado federal) y Austria, y viene a cubrir una laguna evidente como es la falta de medidas concretas que tiene el TC para hacer cumplir sus resoluciones. No echan la culpa a anteriores gobiernos, pues aducen que hasta que Mas convocó su consulta para la secesión en noviembre y que la izquierda populista llegó a las instituciones en junio a nadie se le ocurrió que una institución del Estado pudiera proclamar que va a ir contra la Constitución y a desobedecer al Tribunal encargado de velar por la ley de leyes.

Los últimos retoques a la proposición de ley salieron de Presidencia del Gobierno y el texto fue cerrado en el Grupo Popular este mismo verano. Rajoy prefirió esperar al último día posible que garantizaba su posterior tramitación parlamentaria antes de que termine la legislatura. Quería dejarlo hecho para la próxima legislatura, como alternativa, complemento o adelanto de una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución por si los independentistas catalanes persisten en su amenaza de proclamar la secesión en Cataluña.

El PP asegura que el texto presentado por el Grupo Popular es fruto de un largo proceso de consultas con expertos y estudio de legislación comparada

En el PP no les importa que la reforma entre en la precampaña de las elecciones catalanas, sino todo lo contrario. El Gobierno acaba con el argumento de quienes le acusaban de no querer tomar medidas preventivas contra Mas, se sitúa como referente en la defensa institucional de la unidad de España y vuelve a dejar en evidencia a la dirección socialista y su equidistancia por un lado y a los partidos que se proponen saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional por otro.

El momento elegido fue el último día posible para que diera tiempo a tramitar el texto, este mes en el Congreso y el que viene en el Senado, antes de que la legislatura termine. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha tenido que calificar la proposición por su cuenta, sin reunir a la Mesa, con el fin de garantizar que dé tiempo a debatirla en el próximo Pleno. Será en la segunda semana del mes y cuando la campaña electoral catalana ya esté en marcha. 

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