La oposición se rebela contra la "chapuza" del PP que busca agilizar su reforma del TC
Los grupos piden a Posada que reconsidere su decisión de calificar la iniciativa del Grupo Popular sin contar con la Mesa del Congreso. El presidente reconoce que actuó así para acelerar la tramitación
Segundo incendio provocado por el PP a cuenta de su propuesta de reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pensada para poder sancionar a Artur Mas. Esta vez por una cuestión de procedimiento, del arranque de la tramitación de la iniciativa en el Congreso. Casi todos los partidos de la oposición –PSOE, Convergència, Unió, Izquierda Plural, PNV, UPyD, Compromís, Coalición Canaria y BNG– se han unido para exigir al presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, que reconsidere su decisión de calificar (o sea, admitir a trámite) la proposición del PP, una maniobra, entienden, pensada para posibilitar que se debata en el pleno dentro de dos semanas. De lo contrario, sostienen que no habría dado tiempo a su aprobación antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales. Horas después, el propio Posada reconoció por carta al PSOE que había obrado así porque el PP quería acelerar el debate y esta era la única manera de garantizarlo.
Fue este martes cuando el portavoz del Grupo Popular registró, acompañado del candidato del partido a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol (que no es diputado), la proposición de ley de reforma de la LOTC [puedes consultarla aquí en PDF].Esta permite imponer "multas coercitivas" de 3.000 a 30.000 euros e incluso suspender de sus funciones a las autoridades que incumplan las resoluciones del Alto Tribunal. Una iniciativa que podría aplicarse, llegado el caso, a Artur Mas si se produjera una declaración unilateral de independencia de Cataluña tras el 27-S. Posada calificó la proposición. Lo hizo él solo, porque no estaba convocada ninguna reunión de la Mesa, el órgano colegiado, ya que la siguiente cita que tendrá será la del próximo martes, 8 de septiembre. Para ello, se valió de la delegación de competencias aprobada al comienzo de la legislatura.
La oposición entiende que ese gesto del presidente es una "chapuza", un "atropello",una muestra del "absoluto absolutismo" con el que actúa el PP. Y por eso se ha puesto de acuerdo en la redacción de un escrito [aquí en PDF] en el que piden a Posada que reconsidere la admisión a trámite de la propuesta del Grupo Popular. Recuerdan que la delegación en la Presidencia de la Cámara de las facultades de calificación aprobada por la Mesa en 2011 no es una patente de corso.
Alegan que el presidente puede admitir a trámite, por sí mismo, algunas cuantas iniciativas: preguntas de respuesta oral en pleno, interpelaciones y mociones; renuncias al escaño; iniciativas "urgentes sobre cuya inclusión en el orden del día de la sesión de una comisión haya unanimidad en la Mesa";autorización de viajes oficiales;solicitud de ampliación de plazos de enmiendas; proyectos de ley del Gobierno; tratados internacionales y "escritos de carácter urgente". "Ninguna de estas delegaciones da cobertura a la calificación de referencia llevada a cabo por esta Presidencia", argumenta el escrito.
PP: "Se cumplen las condiciones"
El texto de la oposición remarca que no hay razones para que Posada calificara la propuestadel PP sin reunir a la Mesa, porque se trata de una proposición de ley de un grupo "cuya tramitación no puede considerarse preferente respecto del resto de iniciativas presentadas por otros grupos", y porque el carácter de "urgencia" sólo se lo puede dar un acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara. Así que entienden que Posada se ha "excedido" en el ámbito de sus competencias, con "falta de imparcialidad" en el ejercicio de sus funciones.
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La pregunta es por qué. Según interpretaron en rueda de prensa en el Congreso Magdalena Valerio, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y Pere Macias, portavoz de Convergència, Posada actuó así presionado por el PP para asegurarse que la iniciativa se debate en el pleno de la Cámara baja del 15, 16 y 17 de septiembre. Entonces sería tomada en consideración. Luego habría un segundo debate, de aprobación del texto, el día 29, y de ahí saltaría al Senado, que mandaría la proposición al BOE si no introduce ningún cambio.
Sin embargo, el PP lo ve de otra manera. Su portavoz en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, apuntó que se ha seguido el procedimiento escrupulosamente, ya que el presidente goza de "plenas facultades" para calificar las iniciativas de los grupos cuando se solicita el trámite de urgencia, en virtud de esa delegación de competencias de la Mesa en él acordada a comienzos de la legislatura. Es decir, que "se cumplen perfectamente las condiciones" y se justifica la rapidez por "los plazos y la altura de la legislatura" en la que se encuentra el Congreso. "O se hace por este trámite [de urgencia] o no se aprueba", defendió.
Compromiso de derogación
Los populares sostienen que habría dado igual que la Mesa hubiera calificado el próximo martes la iniciativa, porque habría podido incluirse en el orden del día del pleno de la siguiente semana. A lo que de ninguna manera renuncia el PP es a que se apruebe en lo que queda de legislatura, y para ello quiere que se tome en consideración en la semana del 15 de septiembre y se apruebe en lectura única y urgente el día 29, para luego pasar a la Cámara alta. Es decir, que no le caben retrasos porque tiene toda la "determinación" de sancionar el texto antes de la disolución del Parlamento, a finales de octubre.
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Para Valerio, Posada se ha "puesto al servicio" de la "operación que perpetra el PP contra el TC", un "ataque a la democracia y a la división de poderes","el broche de oro a un abuso de su mayoría absoluta". Este hecho, que considera "grave", quiere que sea reconducido, que el presidente pare "esta tropelía". En similares términos se expresó Macias, que habló de "chapuza jurídica" y "atropello democrático". El portavoz de Convergència pidió a los grupos el compromiso "claro, explícito" de que lo primero que se va a hacer en la próxima legislatura es derogar lo que llamó la "ley anti-Mas", una norma con "tics franquistas". Valerio aseguró que, dentro del "largo listado" de leyes que el PSOE quiere derogar si llega a la Moncloa está este texto "en primera línea, sin lugar a dudas". Lo que los socialistas no han despejado aún, sin embargo, es si recurrirán la ley al Tribunal Constitucional cuando esté aprobada definitivamente.
En la polémica también terció Cayo Lara. El líder de IU y presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) acusó a Rajoy de pretender que el TC "haga de primo de Zumosol" para resolver "por vía administrativa lo que es incapaz de resolver por la vía política" en Cataluña. El coordinador calificó de "cacicada" la maniobra del PP y lamentó que Posada "se haya prestado al juego" sin convocar a la Mesa, informa Efe.
Los servicios de prensa del Congreso distribuyeron por la tarde la carta enviada por Posada a Antonio Hernando, portavoz del Grupo Socialista. En ella [aquí en PDF]le dice que la proposición fue presentada en el registro acompañada de la solicitud de su "tramitación directa y en lectura única y por el procedimiento de urgencia", así como la petición de que en la Junta de Portavoces del próximo 8 de septiembre se debata su incorporación en el orden del día de la semana siguiente. "Esta circunstancia obligaba estuviese calificada con la antelación suficiente para ser incluida en la citada reunión de la Junta de Portavoces, lo que me llevó a plantearme la posibilidad de proceder a su eventual calificación, toda vez que no estaba prevista la celebración de una reunión de la Mesa de la Cámara en esta semana", y haciendo uso de la delegación conferida a la Presidencia de la Cámara.
Posada defiende que consultó a los servicios jurídicos del Congreso, que entendieron que esa delegación "incluye supuestos como el referido", una proposición de ley de los grupos, y también porque el proponente (el PP) pidió que se discuta de ella en la Junta del día 8 para añadirla la iniciativa al pleno de mediados de septiembre, "lo que no hubiera sido posible en caso de demorar la calificación hasta la reunión de la Mesa prevista para ese mismo día". Es decir, que si no se calificaba ya el texto, no habría tiempo para tramitarlo. El presidente dice que, no obstante, esa decisión puede reconsiderarse en la Mesa. Pero el PP tiene todas las de ganar aun en ese supuesto, ya que cuenta con mayoría absoluta también en el órgano de gobierno del Congreso.
Iniciativa "legítima, oportuna y necesaria"
Gómez de la Serna respondió a la oposición subrayando que la reforma de la LOTC es "legítima, oportuna y necesaria". El diputado reconoció sin pudor que su partido había elegido "la oportunidad política"que creía "más conveniente". Contó que esta proposición "no nace de la improvisación", sino que marcó un punto de inflexión la consulta alternativa del 9-N, que se celebró pese a la suspensión acordada por el Alto Tribunal. Tras manejar "borradores" y acudir a la legislación comparada, escogió el momento. "La presentamos cuando creemos que puede ser más eficaz para desmontar un proceso que quiere la ruptura de la nación más antigua de Europa y un Estado miembro de la UE, que es España". Gómez de la Serna también reconoció que no se había querido consensuar previamente el texto con los socialistas por razones de cálculo: "La reacción de pataleta o de rabieta electoral [del PSOE] nos confirma la estrategia de no haberlo compartido con ellos", porque estos rechazaron pactar, entre otras, "las medidas de lucha contra la corrupción".
Más críticas al PSOE. Su reacción de "pataleta", rechazando la propuesta, "no es propia de un partido de Gobierno", sino más bien de un líder, Pedro Sánchez, "desconcertado, desorientado, que no tiene claras las necesidades del país", dijo Gómez de la Serna, en la línea marcada por el PP de etiquetar al secretario general de los socialistas como un dirigente "radical" por sus pactos con Podemos. El Grupo Popular entiende, no obstante, que esa respuesta reafirma la "bondad" de la iniciativa, porque es "imprescindible" que el TC esté "a la altura de las circunstancias" y pueda frenar los incumplimientos de sus sentencias y resoluciones.
El parlamentario criticó asimismo la "ceremonia de la confusión" de los grupos, porque estos saben, dijo, que las proposiciones de ley no requieren de informes de los órganos consultivos del Estado. Los proyectos de ley del Gobierno, en cambio, sí los necesitan. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no podía tramitar la reforma exprés de la LOTC por esta última vía porque le habría sido materialmente imposible tenerla lista antes de la convocatoria de las generales.
Segundo incendio provocado por el PP a cuenta de su propuesta de reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pensada para poder sancionar a Artur Mas. Esta vez por una cuestión de procedimiento, del arranque de la tramitación de la iniciativa en el Congreso. Casi todos los partidos de la oposición –PSOE, Convergència, Unió, Izquierda Plural, PNV, UPyD, Compromís, Coalición Canaria y BNG– se han unido para exigir al presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, que reconsidere su decisión de calificar (o sea, admitir a trámite) la proposición del PP, una maniobra, entienden, pensada para posibilitar que se debata en el pleno dentro de dos semanas. De lo contrario, sostienen que no habría dado tiempo a su aprobación antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales. Horas después, el propio Posada reconoció por carta al PSOE que había obrado así porque el PP quería acelerar el debate y esta era la única manera de garantizarlo.