¿Qué hay detrás del desalojo del mayor asentamiento de Barcelona de personas sin hogar?

Situada en el extremo sur de Barcelona, la Zona Franca ha sido históricamente un enclave obrero e industrial. Es un territorio donde la ciudad se diluye entre polígonos y grandes infraestructuras, donde la jornada empieza temprano y el tránsito constante de camiones marca el ritmo del día.

Desde hace alrededor de tres años, el paisaje habitual comenzó a transformarse: decenas de tiendas de campaña fueron ocupando un tramo de 400 metros de largo en la calle Número 2 de la Zona Franca. Allí se consolidó el mayor asentamiento de personas sin hogar de la capital catalana, donde han llegado a vivir cerca de 200, según distintas estimaciones.

Sin embargo, el pasado 10 de febrero el Ayuntamiento de Barcelona desplegó un operativo en la zona. A primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Urbana, técnicos de servicios sociales y operarios de limpieza accedieron al campamento. El consistorio justificó la intervención por motivos de salubridad: la acumulación de residuos, la presencia de ratas y el consiguiente riesgo para la salud pública.

Además, la actuación coincidió prácticamente con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Convivencia de Barcelona, operativa desde el pasado 15 de febrero y cuyo fin es reforzar la regulación del uso del espacio público. Aunque ambos hechos no guardan una relación directa en términos formales, la proximidad temporal ha abierto un debate incómodo.

TE PUEDE INTERESAR

La grieta que rompe el feudo socialista de L'Hospitalet: "Queremos salir a la calle sin miedo"

Natalia Parejo. Barcelona

Para algunos vecinos, la actuación era urgente ante el deterioro del entorno y la creciente sensación de inseguridad. Para las entidades sociales, en cambio, la operación plantea dudas sobre las garantías ofrecidas a quienes dormían allí. El interrogante que flota en Barcelona es el siguiente: ¿Fue un operativo sanitario necesario o un desalojo encubierto?

El hartazgo del barrio

El asentamiento no apareció de la noche a la mañana. Según explica un vecino de la Zona Franca, que pide mantener el anonimato, el fenómeno comenzó en Montjuïc, la montaña situada al suroeste de Barcelona, junto al puerto, donde pequeños grupos dormían de forma dispersa en zonas arboladas. "La Guardia Urbana los iba moviendo por riesgo de incendios", relata.

TE PUEDE INTERESAR

Temor en los barrios de Barajas: patrullas ciudadanas y okupas tras el desalojo de la T-4

Marta Nevot

Con el tiempo, empezaron a desplazarse hasta la Zona Franca. Fue entonces cuando el campamento comenzó a crecer de forma sostenida hasta convertirse en el mayor de la capital catalana. "Antes había casos aislados, algún chatarrero que acampaba puntualmente, pero no generaban problemas", añade el residente, implicado desde hace años en las movilizaciones vecinales de la zona.

La principal preocupación vecinal ha sido la inseguridad. Con el crecimiento del asentamiento, explica, aumentó también la sensación de deterioro en el entorno. "Estamos cansados de los robos, los hurtos y los tirones. Es algo continuo, no importa si es mañana, tarde o noche", afirma. A su juicio, la respuesta policial no ha sido suficiente: "Ya casi no vemos a la Guardia Urbana patrullando a pie ni haciendo controles visibles".

Ante este escenario, las protestas en la Zona Franca han ido en aumento. Algunas manifestaciones han llegado a contar con más de 700 personas para reclamar cambios y medidas. Asimismo, "aunque la relación con el Ayuntamiento de Barcelona es buena y se puede dialogar, no se ha combatido realmente el problema", sostiene el vecino, que lleva más de 40 años viviendo en el barrio.

TE PUEDE INTERESAR

La última batalla del Raval: ¿por qué los vecinos no quieren ni oír hablar de la ampliación del MACBA?

Natalia Parejo. Barcelona

Por otro lado, algunos residentes creen que, además de los motivos de salubridad que alegó la administración, también pudo influir la cercanía del nuevo centro penitenciario de régimen abierto cuya inauguración está prevista para 2026. Se trata del Centro Penitenciario Abierto de la Zona Franca, las instalaciones para el cumplimiento de los terceros grados más grandes de Cataluña. El asentamiento se encontraba a escasa distancia de la infraestructura. "Es lo que se comenta en el barrio, que quieren que esté todo despejado cuando venga gente importante a la inauguración", señala el vecino.

Tras el operativo municipal, parte de las personas afectadas —alrededor de 150— se trasladaron a un solar privado cercano tras alcanzar un acuerdo con el propietario. La condición para permanecer allí es mantener el espacio limpio y evitar conflictos. El terreno original ha quedado despejado, pero el asentamiento no ha desaparecido: simplemente ha cambiado de lugar, lo que evidencia que el operativo del Ayuntamiento no ha solucionado el conflicto, tan solo lo ha desplazado.

"No podemos permitir que se pierdan las garantías básicas"

Desde la perspectiva de las entidades sociales, el foco está en las condiciones en que se llevó a cabo la intervención. "Cuando se habla de levantamiento en lugar de desalojo se pierden garantías básicas como la notificación previa por escrito y la anticipación suficiente", señala Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de Arrels Fundació, una entidad barcelonesa que desde hace décadas acompaña a personas sin hogar.

TE PUEDE INTERESAR

Sant Antoni, de zona familiar a espacio degradado: "Queremos volver a sentirnos orgullosos del barrio"

Natalia Parejo. Barcelona

A su juicio, bajo la figura de una actuación por motivos sanitarios se puede acabar desplazando a personas "sin aplicar los protocolos garantistas propios de un desalojo formal". La diferencia no es solo terminológica, sino que implica concretar si las personas afectadas han recibido un aviso formal y si se les han ofrecido alternativas residenciales estables. "No nos consta que se hayan ofrecido opciones habitacionales adecuadas", afirma Hobeich.

Además, la responsable del equipo jurídico de la entidad advierte de las consecuencias indirectas que pueden derivarse de este tipo de operativos. Por un lado, las identificaciones policiales pueden tener efectos administrativos en personas en situación irregular. Por otro lado, los traslados forzados pueden provocar la pérdida de documentación y la ruptura de los pocos vínculos que permiten a los servicios sociales mantener un seguimiento de la situación.

Desde la perspectiva de Arrels Fundació, este tipo de intervenciones no consiguen alterar la realidad de fondo. "Obligar a las personas a abandonar un espacio concreto no implica que dejen de vivir en la calle", recuerda Hobeich. De nuevo, el problema no desaparece, simplemente se desplaza, pero la situación de vulnerabilidad continúa en otro punto de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR

El turismo desborda a los vecinos de Park Güell: “Creen que esto es un parque temático”

Natalia Parejo. Barcelona

Las posiciones del consistorio, el vecindario y las entidades sociales pueden parecer enfrentadas, pero comparten un mismo punto de partida: la ausencia de medidas estructurales. Aunque Barcelona tiene en el horizonte varios proyectos de vivienda pública, la ciudad arrastra todavía un déficit de parque público y de recursos específicos para personas sin hogar. En ese contexto, algunas medidas corren el riesgo de convertirse en un parche que desplaza el problema sin resolverlo.