El juez obliga a colgar la bandera española a un ayuntamiento defendido por el abogado de Santos Cerdán

El ayuntamiento de la localidad gerundense de Verges, en la comarca del Baix Empordà, está obligado a colgar la bandera española en su fachada, conforme ordena la ley. Así lo dicta un auto de ejecución de sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Girona y provincia, después de que el consistorio, en manos de la CUP, haya hecho caso omiso a los requerimientos judiciales y haya ido poniendo recursos para retrasar lo inevitable. La última excusa: que no tiene sitio donde poner la enseña. El juez, en su último auto, es implacable.

El pleito tuvo su origen en un requerimiento de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, que exigió al consistorio que cumpliese la ley en materia de símbolos. La primera sentencia data de hace un año, pero el consistorio ha ido alegando distintos argumentos para no cumplir la sentencia. Verges, de algo más de 1.100 habitantes, es el pueblo natal de Lluís Llach, actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Su padre incluso fue alcalde de la localidad durante el franquismo, entre 1950 y 1963, y jefe local del Movimiento.

El abogado del consistorio, el exdiputado Benet Salellas (que también es abogado defensor del socialista Santos Cerdán) presentó un escrito de alegaciones el pasado mes de octubre en el que habla de “incoherencia” de la acusación, que interpuso una denuncia para “restituir la bandera española a su lugar institucional” y luego denunciaba “la no presencia de esta bandera". "Esta ambivalencia es relevante, pues ‘retirar’ podría constituir una actuación material de la administración, mientras que la expresión ‘no presencia’ describe una situación fáctica, pero no una actuación material”. Las retorcidas argumentaciones no convencieron ni al juez ni a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante el que presentó recurso.

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En un primer escrito de alegaciones presentado en junio pasado tras la sentencia adversa, Salellas aseguraba que "ni actualmente ni nunca ondearon ni la senyera [bandera catalana] ni la bandera del Reino de España en la fachada de la sede consistorial. En consecuencia, estas banderas nunca se han retirado de la fachada del Ayuntamiento". Para apuntalar sus tesis, la CUP pidió las declaraciones de todos los alcaldes que ha habido y que aún viven. Uno de ellos se negó a declarar y otro dijo que sí había colgado la bandera y que durante su mandato ondeó la senyera y se colgaba la española “cuando lo pedía la Guardia Civil”.

Cambio de argumentos

En consecuencia, Salellas varió sus argumentos y en otro escrito de octubre del año pasado aducía que la bandera española “sólo se había colgado esporádicamente cuando lo había requerido la Guardia Civil durante la Transición en el mandato del alcalde Aureli Bruguera (1979-1986). Ningún otro alcalde ha manifestado que constasen colgadas estas banderas en la fachada del Ayuntamiento de Vergés”.

En enero de 2025, cuando la asociación Impulso Ciudadano requirió al ayuntamiento que cumpliese la ley, estaba colgada en el balcón una bandera estelada (independentista), perteneciente a la plataforma Acción Antifascista Països Catalans, un grupúsculo privado que obtuvo permiso para colgar su enseña. De las farolas públicas del pueblo colgaba también un importante número de símbolos independentistas, lo que contraviene la normativa legal, que dictamina que el mobiliario público no puede ostentar elementos partidistas.

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Según asegura el letrado del Ayuntamiento en su escrito de alegaciones, la bandera de la plataforma extremista “no ocupaba ningún lugar institucional en estos momentos”, aunque reconoce que en el momento de la denuncia sí estaba colgada de la barandilla. En realidad, Impulso Ciudadano acompañó fotos con su denuncia. “En cualquier caso, esta bandera ya no está colgada en el balcón del Ayuntamiento de Verges”, subraya el abogado en el recurso.

Los argumentos municipales contra la decisión del juez son sorprendentes. Según el escrito de alegaciones contra el auto de medidas cautelares, “la bandera antifascista no es contraria a derecho ni al principio de objetividad, dado que ni sustituye ninguna bandera oficial ni está colgada en ninguna asta (o lugar) destinado a banderas oficiales ni se puede considerar partidista”.

¿Alcaldada o libertad?

Pero, además, adujo ante el juez que un decreto de alcaldía de 2012, firmado por la entonces alcaldesa, Marta Payeró (CUP), permitía a la asociación Assemblea Vergelitana per la Independència (AVI) colgar sus banderas del mobiliario público y que no era una autorización “puntual”, sino “con vocación de permanencia”. Fuentes de Impulso Ciudadano explican que eso es “una alcaldada”, porque “una cesión de espacio público a una entidad ha de conllevar un expediente administrativo para ocupar espacios públicos y, además, como dijo el TSJC, tiene que haber un concurso de cesión de espacio donde se establezcan reglas relacionadas con la pluralidad y un pago de tasas”.

Un auto de ejecución de sentencia del pasado 28 de enero obliga ahora no sólo a restablecer las banderas legales (la catalana y la española) en la fachada de la casa consistorial, sino a retirar los símbolos partidistas del mobiliario público. “No existe obstáculo procesal para exigir el cumplimiento inmediato e íntegro de la medida”, dice el escrito judicial.