Investigan una trama carcelaria dirigida por el jefe de un clan que atemoriza a presos y funcionarios

El polvorín de las cárceles catalanas se intensifica. Los Mossos d’Esquadra investigan una red de funcionarios que realizan favores a presos pasando prácticamente cualquier cosa fuera del reglamento, desde móviles hasta droga. El último episodio tuvo lugar en la cárcel de Quatre Camins, donde un empleado público fue detenido cuando pretendía pasar al interior sustancias prohibidas.

Detrás de este episodio hay un clan mafioso que tiene su epicentro en el barrio de La Mina, lindante entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs, pero perteneciente administrativamente a esta última localidad. Se trata de uno de los barrios más conflictivos de Cataluña. El clan en cuestión es autóctono, es decir, español de pura cepa, y tiene una nutrida representación en las prisiones catalanas. De hecho, está considerado uno de los colectivos de presos más peligrosos y con mayor peso entre la población reclusa de esta comunidad.

El jefe del clan, residente en Quatre Camins, fue trasladado a la cárcel de Brians 2 con el funcionario detenido. En realidad, también era el presidente de los internos del MR1, un módulo de régimen ordinario de participación y convivencia, integrado en los Módulos de Participación y Convivencia (MPIC), un invento de la administración carcelaria catalana que implica practicar el buenismo y dar la máxima autonomía y libertad a los presos.

Los investigadores sospechan que la fuerza del clan es mucha y que varios funcionarios trabajan a sus órdenes, pasando al interior de las cárceles prácticamente cualquier cosa que les pidan. Las investigaciones se centran en el modus operandi de la banda y no se descarta que recurriese al chantaje o a la extorsión para hacer que empleados o presos trabajasen para la red.

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El recluso trasladado tiene fama de chulesco. “Desde su posición de poder y representación, exigía que no se le realizaran intervenciones ni cacheos amparándose en quién era y en el cargo que tenía dentro del módulo. En varias ocasiones, llegó incluso a amenazar con abandonar su puesto de representación si se le aplicaba la normativa penitenciaria en igualdad de condiciones que al resto de internos”.

Tenía objetos prohibidos

En diversas ocasiones, al recluso en cuestión se le encontraron objetos prohibidos, lo que evidenciaba que, “lejos de ser un interno ejemplar, incumplía de manera reiterada las normas básicas de seguridad y régimen interior. Resulta especialmente grave que estas conductas se produjeran dentro de un módulo MPIC, cuya normativa exige precisamente corresponsabilidad, ejemplaridad, respeto a las normas y sometimiento a los mismos controles y medidas de seguridad que el resto de la población reclusa”.

Los informes disciplinarios que se realizaron sobre el recluso por parte de los funcionarios fueron elevados a la Administración, pero pese a ellos nunca se le removió de su cargo ni se tomó ninguna medida al respecto.

¿Cómo llegó a tener un cargo de relativa confianza un preso con graves antecedentes y que ostenta esa actitud desafiante? “Esto no es una anécdota ni un error aislado, sino una muestra más del hundimiento y del fracaso del modelo penitenciario catalán, basado en una concepción ideologizada de la participación y el buenismo, cuyo máximo impulsor es el actual director general de Servicios Penitenciarios, Domingo Estepa”, aducen fuentes penitenciarias.

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“Empoderar a internos con una trayectoria delictiva contrastada y sin aplicar filtros rigurosos para el acceso a los cargos de representación dentro de los módulos de representación constituye un arma de doble filo porque pone en grave riesgo la seguridad penitenciaria, la convivencia real en los módulos y la integridad de los profesionales que trabajan en ellos”, acusan desde las organizaciones sindicales.

Para los representantes de los trabajadores penitenciarios, “la ausencia de criterios estrictos y objetivos para la elección de delegados y representantes en los módulos de participación está generando un menoscabo evidente de la seguridad en los centros penitenciarios y favorece situaciones como esta, donde un interno presuntamente vinculado a una trama delictiva ocupaba una posición de liderazgo y poder dentro del propio sistema”.

Una trayectoria preocupante

Ante esta desconcertante realidad, los funcionarios exigen “una revisión profunda e inmediata del modelo penitenciario catalán, el establecimiento de filtros reales y eficaces para la selección de internos en puestos de representación y, sobre todo, que la seguridad vuelva a ser un eje central e irrenunciable de la política penitenciaria en Cataluña”.

"La realidad demuestra el fracaso de un modelo que prioriza la apariencia de participación por encima de la seguridad"

El preso en cuestión fue trasladado a una celda de aislamiento a la cárcel de Brians 2, mientras que el funcionario entró preventivamente en el módulo de preventivos de Brians 1, aunque inmediatamente solicitó el traslado al Departamento de Medidas de Seguridad (DMS) de Quatre Camins, la prisión donde había prestado sus servicios hasta ahora.

En el último año, las agresiones a funcionarios por parte de internos se han disparado, en una preocupante trayectoria que no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2025 hubo 699 agresiones frente a las 607 del año anterior. Los funcionarios se quejan de que la política aplicada por la Administración deja a los funcionarios desamparados. La aprobación de una norma parlamentaria hace dos semanas, considerando a los funcionarios agentes de la autoridad, podría frenar esa curva ascendente, pero habrá que esperar a la evolución de los hechos.

Lo que sí tienen claro los representantes de los funcionarios es que necesitan más medios humanos y materiales para controlar a la población reclusa. “Y que la Administración deje de practicar el buenismo”, coinciden diversos representantes sindicales. Los funcionarios zanjan el tema con un aviso muy claro: “Los hechos hablan por sí solos. Una vez más, la realidad demuestra el fracaso de un modelo que prioriza la apariencia de participación por encima de la seguridad, el sentido común y la protección de los profesionales penitenciarios”.