El PSC ofrece a Junts en secreto una ley electoral para Cataluña que frene a Silvia Orriols

El PSC ha ofrecido a Junts pactar una ley electoral para Cataluña aprovechando la ventana de oportunidad política que supone el interés del grueso de los partidos políticos de frenar a la ultraderecha, según han confirmado fuentes parlamentarias. Las encuestas reflejan un fuerte avance de la formación ultra independentista Aliança Catalana que preside Silvia Orriols y se da la circunstancia de que Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia. Aprobar una ley electoral específica necesita una mayoría de dos tercios del Parlament: 90 diputados. Sin los 35 escaños de Junts no hay mayoría posible, aunque se prevé que otras formaciones, como PP, ERC Comunes, o incluso Vox, puedan sumarse en una fase más avanzada.

De hecho, la cuestión que puede marcar esta legislatura catalana en lo político por su relevancia, aún se encuentra en un momento muy preliminar. Fuentes de Junts han explicado que la formación de Puigdemont todavía está evaluando qué hacer con la propuesta. Una primera incógnita es cómo se pronunciará Waterloo al respecto.

Cataluña se sigue rigiendo para sus elecciones por la Ley Electoral española, que prima a las provincias menos pobladas. De los 135 escaños totales del Parlament, con la norma vigente, Lérida recibe 7 diputados más de lo que le corresponderían por su población, Girona 3 escaños y Tarragona otros 3 electos. Es decir, 13 diputados, un 9% del hemiciclo, depende de esta corrección al alza a favor de las provincias menos pobladas.

La provincia de Barcelona ha pasado de 5,4 millones de habitantes en 2015 a 5,9 millones en 2025, un aumento del 9%. En el mismo período la provincia de Lérida ha pasado de 431.000 a más de 459.000, un 6%. De manera que sólo por la evolución natural de la demografía, un diputado en Lérida cada vez es más barato y uno en Barcelona cada vez más caro. Un diputado en Barcelona cuesta 27.700 votos, mientras que uno por Lérida sólo necesita 11.200 sufragios, menos de la mitad. Una nueva Ley Electoral rectificaría este desajuste.

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A falta de Ley Electoral propia, en Cataluña todavía sigue vigente una disposición transitoria que reparte los escaños de la siguiente manera: 85 escaños para Barcelona, 17 para Girona, 15 para Lérida y 18 para Tarragona. De los 20 diputados que da a Aliança Catana el CEO, el CIS catalán, cinco –tres por Lérida y dos por Girona– podrían corresponder a esta prima territorial que ofrece el actual sistema, según cálculos aproximados de los expertos consultados por El Confidencial. Se prevé que los mejores resultados de Aliança Catalana sean justo en Girona y Lérida.

Incentivo político

En un artículo para el Institut d’Estudis de l’Autogovern, que depende de la Generalitat, el exconseller de Justicia de la Generalitat en la época de Pasqual Maragall, Josep Maria Valllès argumentaba en 2024: “La distribución territorial de las preferencias partidistas en las elecciones más recientes (2021 y 2024) sigue desequilibrada. El resultado es que Junts —sucesor de CiU— sigue obteniendo un claro beneficio del actual sistema. ERC ve reducida su ventaja, mientras que el resto de partidos salen muy ligeramente perjudicados o beneficiados. Esta situación sigue impidiendo por ahora que los incentivos por una reforma sean compartidos por los tres partidos más importantes e indispensables para configurar la mayoría necesaria –dos terceras partes de los diputados– exigida para aprobar una reforma”. En 2026 ese incentivo político ya existe: el auge de la ultraderecha, en concreto de la ultraderecha independentista, que perjudica a Junts.

La mayoría reforzada –90 diputados– que precisa el pacto hace imprescindible a Junts

No es casual que el PSC haya lanzado su propuesta a Junts justo después del espectacular resultado de Vox en Aragón. La extrema derecha está cambiando el mapa político en Europa y Cataluña no será la excepción.

El actual Estatut pone las bases para esa Ley Electoral de Cataluña definiendo un marco de proporcionalidad, representación territorial adecuada, independencia de la administración electoral, paridad y mayoría cualificada para aprobar la ley, pero deja abierta casi toda la ingeniería concreta (circunscripciones, fórmula de reparto, barrera electoral, etc.), que correspondería fijar a esa futura Ley Electoral catalana.

Contexto favorable

El pasado mes de octubre, la Mesa del Parlament admitió a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) que propone una nueva Ley Electoral de Cataluña, una medida impulsada por los catalanes en el exterior que quieren más facilidades para poder votar en las autonómicas. Por tanto, a finales de año el Parlament tendrá que pronunciarse sobre la Ley Electoral. Eso daría tiempo al PSC a presentar una propuesta de ley y obligar a los grupos a transaccionar una versión única.

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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha declinado hacer comentarios sobre esta cuestión, pero en septiembre del año pasado, precisamente hablando del voto de los catalanes en el extranjero en la web Exterior, se mostró partidario de la nueva ley “porque es imprescindible. Y para ello, se necesita una altísima carga de generosidad y sentido de nación por parte de todos los grupos parlamentarios. Me gustaría que, en esta legislatura, el Parlament de Cataluña fuera capaz de aprobar una ley electoral propia. De este modo, dignificaríamos a las propias instituciones del país y, sobre todo, a la Generalitat”.