La Generalitat apunta ya a Transportes, harta de dar la cara por Renfe y Adif en Rodalies

La Generalitat cambió ayer el tono y la estrategia. Tras seis días de caos ferroviario en Cataluña, la consellera de Territori Silvia Paneque se hartó de dar la cara por las operadoras, por Adif y por Renfe. Hasta ayer se mantuvo una postura de unidad y de consenso, pero tras la mañana del lunes, con la caída del Centro de Control de Adif en la Estación de Francia, se ha pasado a una política de que “cada palo aguante su vela”, según una fuente interna de la conselleria.

Estas mismas fuentes aseguran que la tensión no se eleva hasta la cúpula del Ministerio de Transportes, y que Salvador Illa, aún hospitalizado, mantiene una buena relación con el ministro Óscar Puente. Pero con las operadoras la confianza se ha roto y la Generalitat se ha hartado de cubrirles las espaldas.

El Ministerio de Transportes se ha limitado a entregar dos piezas menores: el director operativo de Cercanías, Josep Enric García Alemany, ha sido cesado por el Gobierno. En cuanto a Adif, también se ha producido la destitución de Raúl Míguez Bailo, responsable del área de Mantenimiento.

El problema de fondo radica en que Adif nunca ha reconocido la autoridad de la Generalitat en cuestiones ferroviarias. Fuentes del Govern han apuntado que “exigen de forma inmediata que Renfe y Adif asuman responsabilidades ante la grave acumulación de incidencias que afecta de forma reiterada a la red ferroviaria en Cataluña”.

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"Esta situación no es sostenible, no podemos continuar de esta forma", declaró Paneque en su comparecencia de la tarde. La consellera reclamó responsabilidades a Renfe y Adif por todo el caos ferroviario. "Queremos que los catalanes puedan utilizar el servicio ferroviario con todas las garantías que merecemos. Rodalies debe funcionar todos los días", añadió Paneque.

La Generalitat ha exigido a Adif, donde se focaliza en este momento la indignación de la administración catalana, que aplique soluciones inmediatas con nuevas inversiones, no sólo las planteadas. Paneque lamentó que las medidas no siempre se han aplicado de forma inmediata. Tras su petición se anunciaron las destituciones en Renfe y Adif.

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Después de seis días de manifiesto desbarajuste, resulta evidente que la Generalitat puede tener la titularidad formal del servicio pero no controla ni las frecuencias, ni la calidad del mismo, tampoco la seguridad. Y que por muchas declaraciones que se hagan, son Renfe y Adif los que tienen la potestad de cómo se opera Rodalies. Una de las ironías es que la Generalitat se metió en este lío para contentar a Oriol Junqueras y conseguir su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat, y ayer ya el presidente de ERC pidió la dimisión de Paneque.

Desconfianzas cruzadas

Los usuarios ya no confían en Rodalies. Desde 2023 se han perdido más de seis millones de pasajeros, en un período en que Cataluña está viviendo un boom demográfico, superando los ocho millones de habitantes. Por lógica, la evolución tendría que haber sido la contraria. Pero no ha sido así porque la falta de puntualidad y las múltiples incidencias en el servicio han provocado que la gente busque alternativas.

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Los maquinistas del sindicato Semaf tampoco se fían de los procesos de Adif para certificar la seguridad de las vías. Y la Generalitat también recela de sus metodologías y está intentando que cambien a otras más cercanas al modo en que opera Ferrocarriles de Cataluña, la empresa pública de la administración catalana. La relación entre Renfe y Adif tampoco es fluida.

Sin poder efectivo

Pero la realidad exacta es que la Generalitat carece de poder efectivo para ello. Renfe es una empresa pública que depende del Estado. En 2010 se asumió la titularidad, pero por mucho que ERC y los independentistas quisieran vestirlo de otra manera. La creación de la empresa mixta Rodalies este año sigue el mismo camino. La titularidad es de Renfe en un 50,1%, pero no entrará en funcionamiento hasta dentro de un año. Y, además, en la primera fase sólo asume el control de la R1, una única línea de las 13 existentes.

En resumen, no hay control. Y no puede haber responsabilidad política. ERC y Junts han pedido la dimisión de Paneque, pero la consellera no tiene responsabilidad ni directa ni indirecta sobre el servicio. La buena noticia es que la Generalitat, por primera vez en esta crisis, está asumiendo el principio de realidad.