Junts evitará dar apoyo al decreto ómnibus que este martes revaloriza las pensiones

Junts evitará dar apoyo a la validación del decreto ómnibus, que el Gobierno denomina “de escudo social” que revaloriza las pensiones, según han explicado fuentes de la formación independentista. El decreto se vota este martes en el Congreso y supone otro Rubicón para la frágil mayoría de investidura. Muchas de las medidas desafían las políticas que defiende Junts, como la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos de agua, luz y gas a personas vulnerables.

El Gobierno necesita validar este decreto, entre otras cosas, para aumentar un 2,7% las pensiones, subida que llegará a un 7% en el caso de las pensiones mínimas. De manera que buena parte de la presión se centra ahora en lo que hará el PP, una vez que Junts se ha descolgado una vez más de la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque de manera oficial los de Carles Puigdemont aún no han avanzado el sentido de su voto. De hecho, nunca lo hacen para el Congreso.

El actual contexto de choque directo con el PSC por la gestión de Rodalies y con el PSOE por el déficit de inversión en esta red ferroviaria en Cataluña no ayuda a que el partido independentista pueda tener un gesto en este sentido. La única matización que Junts admite es abstenerse, pero tras la salida de José Luis Ábalos como diputado, que no puede votar por estar en la cárcel, la abstención de los independentistas ya no permite que se apruebe un texto legal. La mayoría gubernamental es demasiado ajustada.

"Este año el PSOE ha decidido que subir las pensiones tenga un precio: que no puedas echar a los okupas de tu casa", ha lamentado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en un vídeo en redes, con lo que todo apunta a que el Gobierno carece de mayoría suficiente para sacar todo un paquete de complejas medidas legales y fiscales.

Opinión

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El PSOE se ha acostumbrado a esta táctica parlamentaria –agrupar grandes paquetes de decretos– a causa de la mínima mayoría parlamentaria en la que se apoya el gabinete de Sánchez y que Junts ha denunciado en numerosas ocasiones.

El Gobierno hizo un gesto hacia la formación independentista para compensar esto hace semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó la regulación de los prometidos avales por impago en el alquiler. Una de cal y una de arena para los pequeños propietarios de pisos. Pero Junts no ha dado su visto bueno público.

Debate intenso

Fuentes de Junts explican que estos días se ha debatido ampliamente sobre el sentido de su voto porque hay una minoría que considera que habría que votar a favor para evitar que ERC les acuse de que están perjudicando con su acción a los jubilados catalanes. Las relaciones entre ambos partidos se han tensionado aún más a causa de la crisis de Rodalies.

Si el decreto decae en el Congreso, los pensionistas verían caer sus pagas

Los decretos entran en vigor cuando los aprueba el Consejo de Ministros, es decir, los jubilados ya se están beneficiando de la subida. Pero en caso de no ser validados por el Congreso decaen y, por tanto, los pensionistas verían cómo su paga baja.

Otras medidas en juego

El decreto incluye otras medidas fiscales, que resultan menos determinantes para que el decreto sea validado por el Congreso. Entre otras, se encuentran la prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas, como la supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo, la prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA y la prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha sumado la exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano, la prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA y la prolongación de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por las lluvias torrenciales en Valencia.