La ANC, en plena crisis económica, paga 6.000 € para seguir atacando a España en la ONU

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) pasa por estrecheces económicas. Pero ello no es óbice como para desatender algunas cuestiones: acaba de abonar 6.000 euros por la cuota anual de pertenencia a la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO por sus siglas en inglés), fundada en 1991 en La Haya por líderes separatistas, con el objetivo de atacar a España desde la ONU.

Pese a ser una entidad de bajo nivel, a la ANC le interesa estar en ella porque le supone un altavoz mediático internacional. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana se afilió a la UNPO el 14 de diciembre de 2018 y gracias a su cuota mantiene la tesorería y una vicepresidencia. La persona que ocupa el cargo de vicepresidenta y tesorera es, precisamente, Elisenda Paluzie, la antecesora de Lluís Llach al frente de la ANC. Paluzie, junto a Tammy Breedt, también vicepresidenta y cotesorera, y Paul Strauss, del Distrito de Columbia, forman la Junta de Presidencia de la UNPO.

La organización está presidida por Rubina Greenwood, del Congreso Mundial Sindhi. La secretaria general es Mercè Monje Cano, una activista que comenzó como especialista en eventos y gestora de proyectos socioculturales. Luego, pasó a trabajar con la ONU y a ser consultora internacional. En 2021, aterrizó como directora ejecutiva de la UNPO y en enero de 2023 fue elegida secretaria general.

El organigrama incorpora organizaciones tan pintorescas como la Alianza Nacional de la Libertad Barotse, de Barotselandia (protectorado británico en Rodesia del Noroeste); la Delegación del Congreso de Estadidad del Distrito de Columbia; el ‘gobierno en el exilio’ de la República de las Molucas, de Molucas del Sur; el Gobierno Provisional del Estado de Saboya; la Administración Central Tibetana; el Yoruba World Congress, de Yorubalandia; el Gobierno de la República de Abjasia; o la Autonomía Nacional y Cultural Federal Lezguina, de Lezguinos. Otros colectivos abandonaron la organización, como los Masai, los Mapuche, los Lakota, los Nahuas, Chechenia, Ingusetia, Kosovo, Tahití, Aborígenes de Australia o Zanzíbar.

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La UNPO le sirve de mucho a la ANC. El pasado mes de septiembre, con motivo de la aprobación del informe final del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Paluzie y la también secretaria nacional de la ANC Ariadna Heinz hicieron servir a esa organización para clamar contra España ante el foro internacional. En nombre de la UNPO, reclamaron que la ONU obligue a España a respetar los derechos humanos en Cataluña.

Estrategia independentista

No es la primera vez. La estrategia es forzar un informe en el foro de la UNPO para luego darle credibilidad en su presentación en foros internacionales más potentes y serios. De hecho, hizo valer el nombre de la UNPO para presentar varios informes demoledores contra España ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, algunos de ellos citando casos de conflictos recogidos por portales o medios independentistas extremistas con graves manipulaciones de los relatos.

En esas denuncias figura incluso la sentencia del castellano como un ataque a los derechos de los catalanes. “El 9 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó al consejero de Educación que adoptara, en un plazo de 15 días, todas las medidas necesarias para garantizar que el alumnado reciba al menos el 25% de las horas lectivas en castellano”, subraya.

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El informe enviado a la ONU explicaba que el Estado español criminaliza todo lo catalán, lo que “ha generado un efecto disuasorio en la sociedad civil y los líderes catalanes, afectando negativamente su disposición a ejercer sus derechos fundamentales por temor a la represión y las represalias. Un entorno regresivo contra los derechos de los catalanes que ha coincidido con un aumento del odio hacia la lengua, la cultura y la identidad catalanas”.

En total, la ANC hizo que la UNPO aprobase cuatro informes contra España: ‘Tools of Repression’ (2022), ‘In the Name of Unity’ (2024), varias denuncias a relatores especiales de la ONU en 2022 relacionadas con el escándalo Catalangate, que fue un fiasco en toda regla, con burdas manipulaciones de espionaje, y el último en 2024 sobre la “utilización del antiterrorismo como pretexto para perseguir catalanes”, una denuncia de 7 páginas dirigida por la UNPO a Ben Saul, relator espacial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo.

Denuncias internacionales

La ANC también participó los días 28 y 29 de noviembre pasado en el Foro de la ONU sobre Minorías, en una sesión celebrada en Ginebra. Allí, denunció “la negación continuada del derecho a la autodeterminación de Cataluña, la criminalización de la expresión política pacífica y la persistencia del discurso de odio y las prácticas discriminatorias”.

La dirigente Ariadna Heinz acusó a España de no respetar los “derechos colectivos de Cataluña” y citó supuestos “informes de expertos de la ONU y de organismos internacionales [en referencia a la UNPO] que manifestaron reiteradamente su preocupación por la falta de protección de derechos de las minorías por parte de España y por la represión de la participación democrática pacífica”.

Un mes antes, la misma activista había intervenido en la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la OSCE celebrada en Varsovia, donde denunció “las continuas violaciones de los derechos civiles y políticos por parte de España, la falta de independencia judicial y la persecución política de los líderes y activistas catalanes”. Denunció, asimismo, que se les había aplicado la amnistía a 133 agentes de policía españoles que habían sido denunciados por violencia “mientras que casi la mitad de los activistas independentistas procesados continúan criminalizados, incluidos los de la Operación Judas”.