Juicio Pujol: así fue el pelotazo de 15 millones de Jordi Pujol Ferrusola en México

Jordi Pujol Ferrusola dio presuntamente un pelotazo inmobiliario en México de más de 15 millones de euros. Su compañía Iniciatives Marketing i Inversions (MISA) se asoció con los propietarios de Isolux, Luis Delso y José Gomis, para ese negocio, que era el desarrollo de un resort en la costa de Baja California. En la operación, denominada Azul de Cortés, participaba también Julio Bonis, hombre de confianza de Delso y Gomis, que fue quien gestionó las inversiones y los contactos. Así lo confirmó este jueves José Gomis, que declaró como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol.

En 2006, los cuatro socios acordaron invertir unos 10 millones de euros en el recinto, que tenía una playa de 1,5 kilómetros de longitud (luego ampliada en 500 metros más) y un terreno hacia el interior de 5 kilómetros. Delso y Gomis acapararon el 65% del proyecto, mientras que Jordi Pujol Ferrusola se quedó con el 21,5% y Bonis, con alrededor del 12%.

El primogénito de los Pujol ya había cobrado 100 millones de pesetas unos años antes (al cambio, 661.174 euros) como intermediario en la compra de la nueva sede de Isolux, según puso de manifiesto el fiscal cuando interrogó a Gomis en la sesión de este jueves 15 de enero. Este directivo, que era vicepresidente de la compañía, afirmó que él no había dado orden de pagar nada a la compañía Imisa por la búsqueda de la nueva sede, que en realidad se quedó cerca de la que tenía la multinacional y que se le había quedado pequeña.

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En el auto de procesamiento, se afirma que esa factura de Imisa a Isolux es gratuita. “En esta operación está perfectamente acreditado que se produjo la percepción por parte de los Pujol Ferrusola de una comisión, amparada en la realización de un servicio inexistente, con la consecuente emisión de una factura falsa”.

El proyecto de México

En cambio, sí reconoció que participó con Jordi Pujol Ferrusola en el proyecto de México. “Tuvimos dos o tres reuniones Delso, Pujol, Bonis y yo para establecer las participaciones de cada uno en el proyecto en función de las capacidades económicas de cada uno. Para mí, lo importante eran cuatro cosas: que cada uno de los accionistas pusiese su parte, porque no se trata de regalar nada a nadie; dos, tener mayoría, porque si no tengo mayoría no me interesa. Que me lo organicen otros no me interesa; tres, encontrar allí a alguien que gestionara el proyecto in situ porque no me gustan los proyectos con mando a distancia; y por último, que todo esté bajo la absoluta legalidad. Los cuatro requerimientos se cumplieron”.

Lo que hicieron los inversores fue encarrilar el negocio: apenas un año después, la operación fue ofrecida a Isolux, con un beneficio descomunal. En realidad, Delso y Gomis tenían el 53% de la compañía, pero el 47% restante estaba en manos de varias cajas de ahorro. Y los 10 millones aportados apenas un año antes se convirtieron en 79 millones de euros. Según Fiscalía, Jordi Pujol Ferrusola percibió más de 15 millones por la inversión de 2 millones que hizo en 2006. El desarrollo de la ingeniería financiera para llevar a cabo la operación es digno de una novela de intriga, habida cuenta de la maraña societaria que se hizo servir para completar las inversiones y la posterior venta de los derechos de Azul de Cortés.

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“Fuimos muy cuidadosos. En junio de 2007, el tema se discutió en el consejo de administración de Isolux, pero con la ausencia de Delso y Gomis, ya que podrían tener conflicto de intereses”, declaró en la misma sesión judicial Antonio Portela, consejero delegado de Isolux. Durante varios meses, se hicieron informes sobre los terrenos El propio abogado de Delso inquirió al consejero delegado si el consejo conocía que el proyecto que estaban comprando era un negocio particular de sus accionistas Delso y Gomis. “Sí. No hubo mucho debate porque era innecesario, pero ninguno de ellos estaba en la reunión del consejo y no hubo pegas al proyecto. Se votó por unanimidad”, afirmó Portela.

Para evitar suspicacias, la compañía pidió a última hora sendos informes a Deloitte y a Richard Ellis para conocer si el negocio valía tanto como se pagaba por él. De hecho, hubo tres informes de Richard Ellis desde junio de 2007 a febrero de 2008. “Yo no soy especialista en valoraciones, pero Isolux tomó la precaución de hacer valoraciones para evitar problemas. Y los valores aportados por Richard Ellis y Deloitte son bastante superiores al precio de compra”.

Terrenos recalificados

¿A qué se debió esa plusvalía tan importante en tan poco espacio de tiempo? “Es que el terreno fue recalificado en el trayecto y eso le hizo subir de valor. Cuando Isolux los compró ya tenían el derecho a una mina de agua y el derecho a construir una marina”, se defendió el consejero delegado de la multinacional.

Había otra razón de peso, más sui géneris: “Con la compra, se diversificaba la actividad e Isolux en México, hasta entonces concentrada en proyectos de energía sólo para la Compañía Federal de Electricidad. Nos permitía también entrar en construcción, porque en Azul de Cortés se iban a construir unas 4.000 viviendas, hoteles, una marina y un campo de golf. Y luego, Isolux no tenía actividad inmobiliaria ante una eventual salida a bolsa o a las valoraciones en el mercado y trataba de solventarse esa carencia ante eventuales clientes americanos”, afirmó Portela.

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El juicio tiene otra vertiente curiosa: el intento de algunas defensas de introducir un componente político. Pese a que en todo momento las defensas alegan que las operaciones de Jordi Pujol Ferrusola siempre fueron de carácter privado con empresas del sector de la construcción o de la promoción (incluso de otros sectores), en dos ocasiones recurrieron a la cortina de humo para derivar la cuestión hacia terrenos políticos, especialmente cuando Pujol y sus pagadores operaban con terrenos recalificados.

El interés político

Ocurrió esto con la compraventa de terrenos en Hospitalet de Llobregat, una localidad gobernada siempre por los socialistas. Allí, la familia política de Jordi Pujol realizó una intermediación en la compraventa de terrenos: cobró su suegro, Ramon Gironès, su suegra, Mercè Riera, y su mujer, Mercè Gironès. Pero su empresa Imisa también confeccionó una factura.

Para realizar esa operación, se esperó durante años a que el Ayuntamiento recalificara los terrenos. Era cuestión de tiempo. También se hizo lo mismo con unos terrenos que fueron un pelotazo de Mercè Gironès en Palamós: compró en 2004 dos fincas por 214.000 euros y las vendió tres años después por 4.800.000 euros. En la operación, Copisa (la misma empresa que había comprado los terrenos de Hospitalet) prestó dinero a la compradora para realizar la operación y acabó siendo accionista de la misma en cuanto se recalificaron los terrenos.

Lejos de los suculentos pelotazos urbanísticos de esos dos ejemplos, los abogados defensores insistieron en conocer la naturaleza política de los consistorios que habían recalificado los terrenos. De hecho, las recalificaciones no se realizaban sobre esas parcelas en particular, sino que se modificaba el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que fue aprobado por unanimidad por todos los partidos. Pero la insistencia de las defensas en que los testigos nombren al PSC arroja una sombra de duda sobre el verdadero sesgo que quieren imprimirle al juicio.