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Caza de brujas de AC: denuncia a 700 comercios de Barcelona por no rotular en catalán
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ofensiva del partido de Orriols

Caza de brujas de AC: denuncia a 700 comercios de Barcelona por no rotular en catalán

El partido de ultraderecha independentista pone la primera piedra con esta iniciativa de una estrategia puramente electoralista para intentar el sorpasso definitivo en las próximas elecciones

Foto: La lider de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en la recién inaugurada sede de AC en Barcelona. (EFE/Quique García)
La lider de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en la recién inaugurada sede de AC en Barcelona. (EFE/Quique García)
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Aliança Catalana (AC), el partido de ultraderecha que preside Sílvia Orriols, diputada y alcaldesa de Ripoll, se apunta a la moda de la denuncia contra comercios que no rotulan en catalán. “Salvemos el catalán con AC. Denunciamos a más de 700 establecimientos de la ciudad de Barcelona por incumplimiento de la normativa lingüística”, ha anunciado el partido ultra, rememorando las denuncias del extremista Santiago Espot y sus grupúsculos durante la pasada década.

El partido expone sus argumentos: “Ante la dejadez de funciones de la Generalitat, desde Aliança Catalana trabajamos para garantizar los derechos de los catalanes”. En un cartel difundido este domingo, advierte que “hemos iniciado un proceso de denuncia masiva a más de 700 comercios que incumplen la obligación legal de tener la rotulación en catalán. La lengua es un derecho. La ley es clara. Ninguna empresa puede operar en Cataluña sin respetarla”.

La medida ha sido acogida de diferentes maneras por según qué sectores. Hay círculos radicales que la aplauden totalmente. Algunos activistas recuerdan que “esto no es ninguna novedad. Ya hay entidades que se encargan de poner denuncias, no lo habéis inventado vosotros. Nada de nuevo. Si queréis ayudar, tenéis que dar una vuelta por los arrabales de Barcelona y hacer vídeos de los establecimientos que incumplen la ley”.

Varios círculos y plataformas independentistas han jaleado la iniciativa de los de Orriols. “No es ninguna imposición. Es dignidad nacional”, justifica Albert Donaire, el impulsor de Mossos per la Independència, antes en las filas de Junts y ahora muy cercano a AC.

Foto: manresa-obligara-hablar-catalan-empresas-contratos-municipales

Pero también hay quien quiere poner un poso de sensatez a la situación. “Los derechos lingüísticos se garantizan ampliando el uso social del catalán, no señalando comerciantes, no fomentando el miedo. El catalán se defiende con políticas públicas y recursos, no caza de brujas. Convertir nuestra lengua en una trinchera electoral es profundamente irresponsable”, respondía a AC Ferran Ayats, un activista vinculado a movimientos sociales, nativo de la Cataluña profunda.

Orriols calienta el patio

Este activista, ante los exabruptos xenófobos de algunos internautas, advierte que “los castellanos, ‘panchos’ y ‘moros’, como tú los llamas despectivamente, forman parte de esta sociedad. Viven, trabajan sustentan la economía, se relacionan y construyen comunidad”. Recuerda, asimismo, ante las críticas, que “con la inmersión lingüística se consiguió mucho prestigio social para el catalán pese a la llegada de 3 millones de andaluces no catalanohablantes. Ahora han llegado un millón y medio de otras partes del mundo y es un nuevo reto a un mundo global que no conseguiremos persiguiendo a la peña”.

Este fin de semana, Orriols había comenzado a calentar el tema de la inmigración, criminalizando a todos los inmigrantes. “El último año de gobierno de Junts, en Ripoll se empadronaron más de 100 marroquíes. En los dos primeros años del gobierno de Aliança Catalana, la comunidad marroquí afincada en Ripoll sólo ha aumentado en 6 miembros, ¿Quién ha dicho que AC vende humo?”.

placeholder Orriols, en la última Diada.
Orriols, en la última Diada.

El debate está en la calle. En círculos ultras, algunos incluso relacionados con Junts y con ERC, se acusa directamente al Gobierno español de fomentar la migración hacia Cataluña para provocar su crecimiento demográfico con el fin de “acabar con la lengua catalana”. Así lo recogía, por ejemplo, el exdiputado de ERC Joan Puig, ahora en tendencias cercanas a postulados extremistas y con excelentes conexiones con los círculos más íntimos de Carles Puigdemont.

Hay quien ve en la maniobra una estrategia puramente electoral. “Orriols sabe que tiene un año y medio para las municipales y dos años y medio para marcar perfil en las autonómicas. Lo que hace con esto es adelantarse a cualquier maniobra de Junts, ERC y la CUP y apropiarse de los temas de debate. Los demás partidos pueden desplegar grandes campañas con sus aparatos y ayudados por plataformas y entidades afines. AC no tiene aún una red de ayuda como la de Junts, ERC o la CUP, pero quiere que se la vea en este periodo como la defensora genuina del catalán y va a trabajar en todos los campos para restringir el margen de actuación de sus contrincantes”, explica a El Confidencial una fuente independentista.

Foto: grandes-empresas-no-atenderan-catalan-explicacion-convincente

“De momento, en la mayoría de los temas identitarios, todos van detrás de Aliança Catalana y a lo que aspira Orriols es a consolidar esa imagen hasta las elecciones. De lo contrario, si deja que le pisen temas o le cojan la iniciativa, probablemente se le haría muy larga la campaña y puede ser que no tuviese oxígeno para llegar al final. Pero, de este modo, aparece como la que toma la iniciativa en todo”, añade la fuente.

261 expedientes sancionadores

El último Informe de Política Lingüística recoge los datos de 2023. Los de 2024 aún no figuran en la memoria del Govern. Y en ese informe se explica que en 2023 hubo 1.873 denuncias en toda Cataluña por vulneración de “derechos lingüísticos”, de ellas 1.520 en la demarcación de Barcelona. Ello dio como resultado 985 actuaciones inspectoras con 657 “infracciones contrastadas”.

Los expedientes sancionadores resueltos fueron un total de 261, de ellos 228 en Barcelona. Ello supone un aumento, según el informe, del 283,8% respecto a las 66 infracciones de 2022.

“De estas sanciones -añade el informe-, 93 han sido por vulnerar los derechos lingüísticos en ‘invitaciones a comprar’, 75 en ‘documentación contractual’, 74 en ‘información de carácter fijo’ (rotulación), 18 en ‘etiquetaje’ y 1 en ‘atención’. El importe sancionado por vulneración de los derechos lingüísticos en 2023 fue de 496.920 euros, un 341,3% más que los 112.606 euros correspondientes al 2002”.

Aliança Catalana (AC), el partido de ultraderecha que preside Sílvia Orriols, diputada y alcaldesa de Ripoll, se apunta a la moda de la denuncia contra comercios que no rotulan en catalán. “Salvemos el catalán con AC. Denunciamos a más de 700 establecimientos de la ciudad de Barcelona por incumplimiento de la normativa lingüística”, ha anunciado el partido ultra, rememorando las denuncias del extremista Santiago Espot y sus grupúsculos durante la pasada década.

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