ERC y Junts aumentaron la plantilla del Govern en 40.000 funcionarios en solo 4 años

Las plantillas del Gobierno catalán pasaron de 259.527 personas en 2019 a 299.336 en el año 2023, prácticamente 40.000 empleados más. Eran los últimos años del independentismo en el poder, ejercitado al alimón por Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC. La Generalitat estaba presidida, en esos años, por Quim Torra (hasta que fue inhabilitado en septiembre del año 2020) y por Pere Aragonès, que le relevó interinamente tras su cese y luego presidió el Govern al ganar las elecciones de 2021 a corta distancia de Junts.

En 2019, cuando se produjeron las grandes protestas contra la sentencia del 1-O, Torra tenía a su cargo un total de 215.761 empleados estructurales y 43.766 empleados coyunturales. En 2023, Pere Aragonès alcanzó la cifra récord: 259.502 puestos de empleo estructurales y 39.834 coyunturales. En total, casi 299.336 trabajadores del sector público, lo que representa 39.809 personas más cobrando de la Administración. Estas cifras incluyen tanto el personal que trabaja directamente para el Govern como para la Administración de la Generalitat de Cataluña, que engloba todo el sector empresarial público catalán.

Así consta en un informe de fiscalización realizado por la sindicatura de cuentas de la Generalitat. Este aumento de personal provocó un aumento de los costes laborales, que pasaron de 11.080 millones en 2019 a un total de 14.645 millones de euros en 2023, lo que representa un 32,17% más.

El mayor gasto se debe también a que el Govern de Aragonès devolvió algunas de las pagas que el Govern de Artur Mas había quitado, años atrás, a los funcionarios, aunque con la promesa de devolvérselas cuando hubiese pasado la crisis. Así, durante 2019 y 2020, se devolvió el 40 y el 60% de la paga extra de 2013 y en 2021 se devolvió la paga extra de 2014. En 2022, además, se volvió a instaurar la paga de productividad que había sido eliminada en 2012.

Gratificaciones por la pandemia

Además, “se gratificaron los esfuerzos hechos durante la pandemia por el personal sanitario y por el personal de centros de servicios sociales de carácter residencial de mayores, discapacidad intelectual y física. Los importes individuales fijados variaban entre los 350 y los 1.350 euros, con un gasto estimado de 140 millones de euros”.

Los responsables de la Administración catalana adujeron en su descargo ante la Sindicatura de Cuentas que “el mayor incremento de personal analizado fue del 34,05% del personal coyuntural entre los ejercicios de 2019 y 2020. En los cuadros se detalla que en 2020 el personal estructural creció de 215.761 a 223.873 en 2020 y el coyuntural de 43.766 a 58.667 en 2020 (en ese segmento es donde se produce el aumento del 34,05%). Lo cierto es que, al final del periodo fiscalizado la plantilla estructural había ganado casi 43.700 personas (y no las 8.000 de ese año), mientras que los puestos de trabajo coyunturales eran 3.900 menos.

TE PUEDE INTERESAR

La Generalitat convierte a más de 6.000 interinos de su personal en funcionarios

Marcos Lamelas. Barcelona

¿Cómo se incrustaron las decenas de miles de trabajadores en las plantillas públicas en sólo 4 años? El informe señala que “la finalización de los concursos de méritos de estabilización de personal del sector de administración y servicios y del personal docente no universitario supuso que más de 22.000 personas pasasen a ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo con efectos del ejercicio de 2023”.

Más empresas y más altos cargos

Especialmente significativo es el aumento de personal en algunos de los ámbitos públicos. Los empleados de las empresas mercantiles del Govern pasaron de 4.522 en 2019 a 6.370 en 2023. El gasto en estas empresas aumentó de 282,8 millones a 371,3 millones.

Los consorcios del gobierno elevaron sus plantillas en ese periodo de 32.624 empleados a 39.521. Sus presupuestos se dispararon de 1.501 millones a 2.093 millones de euros. También las entidades de derecho público sujetas al ordenamiento jurídico privado elevaron sus plantillas de 61.824 empleados a 72.217, con un aumento del gasto de 2.834 a 3.976 millones de euros. Las Fundaciones incrementaron, asimismo, plantillas de 9.495 trabajadores a 12.096, con un incremento de gasto de 400 a 601 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Documentos oficiales de la Generalitat enseñan a los altos cargos a criticar a España

Antonio Fernández. Barcelona

En cambio, el Servei Català de la Salut (SCS), el organismo que rige la sanidad pública, pasó de 915 trabajadores a 959, con un presupuesto que en 2019 era de 27 millones a los 38,6 millones de 2023.

El informe destaca que durante el periodo analizado se crearon 9 consorcios más y cinco sociedades mercantiles, además de una Conselleria nueva, 4 entidades de derecho público, una Fundación y una entidad autónoma administrativa, al mismo tiempo que se eliminó una entidad de derecho público de naturaleza singular y una entidad autónoma comercial.

Pero también es significativa la estructura de los puestos de trabajo creados: los altos cargos del Govern pasaron de 191 a 208 en ese periodo, mientras que el personal eventual casi se mantuvo estable, al pasar de 164 a 166 personas (suelen ser asesores de los altos cargos), con un gasto que en 2019 era de 11.070.000 euros y en 2023 se habían transformado en 11.949.000 euros. Los salarios de los altos mandos pasaron de 18,5 millones a casi 22 millones, lo que arroja una media salarial de más de 105.000 euros anuales cada uno, mientras que los de los asesores superan de media los 71.000 euros.

TE PUEDE INTERESAR

La Generalitat aumenta personal para 'renacionalizar' las oposiciones que privatizó

Marcos Lamelas. Barcelona

La Sindicatura detectó algunas irregularidades en el área de Exteriores, muy potenciada por los independentistas debido a su utilización como herramienta de propaganda de la secesión de España. El 30 de noviembre de 2023, “en 5 de los 6 puestos de trabajo ocupados mediante nombramiento de encargo de funciones [o sea, a dedo], se excedía el plazo de 6 meses establecido por el artículo 106 del Decreto 123/1997 [por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo] y no se había hecho la correspondiente convocatoria de concurso. Por tanto, este personal funcionario ocupaba una plaza sin apoyo legal, ya que la normativa dispone que el nombramiento en funciones queda automáticamente sin efecto si, agotado el plazo de 6 meses, no se ha publicado el concurso y, por tanto, el funcionario ha de volver al puesto de trabajo de origen reservado”.