La familia Pujol pide la nulidad del juicio y se aferra a la teoría de la operación Cataluña

Las defensas de la familia Pujol expusieron este lunes sus razones para pedir la nulidad del juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el clan y una quincena de empresarios, acusados de pagar comisiones que luego acababan en paraísos fiscales a cambio de adjudicaciones públicas cuando Jordi Pujol i Soley era presidente de la Generalitat de Cataluña. Los principales encausados (el patriarca, sus hijos Jordi, Josep y Oriol Pujol Ferrusola, y su exnuera, Mercè Gironès) solicitaron la anulación en base a diferentes motivos, mientras se aferran a la teoría de la Operación Cataluña y el supuesto montaje policial.

Los abogados coincidieron en su estrategia. El letrado de los dos Jordi Pujol, padre e hijo, alegó la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a ambos, ya que defiende que sean los tribunales ordinarios de Barcelona los que deberían hacerlo. “El auténtico órgano competente es de jurisdicción ordinaria: la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo dicen las sentencias del Supremo, que determinan que para que el juicio sea en la Audiencia Nacional deberían haberse cometido todos los actos delictivos en el extranjero. Por tanto, interesamos el envío del caso a Barcelona”, reclamó.

También reclamó la nulidad porque considera que el escrito del fiscal, pese a tener más de 200 páginas, es muy genérico. Y recurrió a la teoría de la Operación Cataluña y recordó que “hay una citación a miembros de la policía patriótica". "Parece ser que estaban relacionados con la prueba prohibida, pero dejo la cuestión a otros compañeros”, añadió. Un anticipo de que la politización del asunto estará presente a lo largo de todas las vistas del juicio.

El letrado de Josep Pujol insistió en la "obtención inconstitucional de las fuentes de prueba", asegurando que se consiguieron los movimientos de cuentas de la familia en Andorra ilegalmente y que el caso está siendo investigado aún por un juzgado andorrano. “Un striptease financiero de la familia Pujol”, dijo. Con un inicio viciado, concluyó, el procedimiento ha entrado en barrena.

Más contundente fue la defensa de Oriol Pujol. El abogado insistió en la poca concreción de los delitos que se le imputan y amplió la caja de resonancia política sobre el juicio. Desarrolló la tesis de la Operación Cataluña como principal causa de que hubiese estallado el escándalo en torno a la familia Pujol. "Un procedimiento penal en el que ha declarado el excomisario José Manuel Villarejo, que dijo que había una maniobra del aparato del Estado sobre dirigentes catalanes y que una parte de ello era conocer el dinero de los Pujol", subrayó para apuntalar su teoría.

El abogado aseguró que había “una voluntad de seudopolicías y parte del aparato del Estado para influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Cataluña", alimentando la supuesta operación, que no es más que una amalgama de hechos inconexos que se pretenden hacer coincidir para proyectar una conspiración contra Cataluña. Oriol Pujol pedirá que el tribunal inste al Consejo de Ministros para “que desclasifique documentos de la Operación Cataluña, una cuestión que ya planteamos y que fue denegada el 1 de abril de 2025. Solicitaremos una prueba nueva y que se solicite una comisión rogatoria a Andorra para dar traslado de las diligencias previas que datan de 2020 y que se siguen en relación con la Operación Cataluña, que pueden ser relevantes para la causa”.

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La defensa de Mercè Gironès insistió en la generalidad de las acusaciones contra su clienta. “Tras el escrito de acusación del fiscal, no sabemos de qué se la acusa. Sólo se la menciona junto a su exmarido, sin que se aporte hecho concreto alguno. No se le atribuyen hechos y eso crea indefensión. ¿Es delito ser expareja de…? Además, en sus declaraciones, nunca le hicieron preguntas y sólo sabemos que pesa sobre ella un delito de falsificación de documentos”.

Solicitud de penas

La Fiscalía pide 9 años de prisión (cinco por asociación ilícita y cuatro por blanqueo de capitales) para Jordi Pujol, en base a una cuenta corriente que mantuvo abierta en Andorra entre 2000 y 2010. Para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola la petición es de 29 años por blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documento, delito fiscal y delito de frustración de la ejecución. El hijo mayor del expresident ya estuvo en prisión provisional del 25 de abril al 27 de diciembre de 2017, fecha en que quedó en libertad tras pagar una fianza de 500.000 euros. El fiscal le reclama ahora una responsabilidad civil de 6,6 millones de euros.

Para su exesposa, Mercè Gironès, las penas suman 17 años y responsabilidad civil de casi 410.000 euros. Para Josep Pujol Ferrusola la petición es de 14 años, mientras que en el caso los restantes hermanos (Oriol, Oleguer, Pere, Marta y Mireia) se solicitan 3 años de prisión por asociación ilícita. En total, las multas reclamadas para la familia suman casi 39 millones de euros, a los que hay que añadir 8,2 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras esterlinas. Para los empresarios acusados, se reclaman más de 10 millones de euros en multas.

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El juicio a Jordi Pujol, como ha informado este periódico, se desarrollará pese a su estado de salud. El patriarca del clan, de 95 años, seguirá las sesiones desde su domicilio, tras la autorización del tribunal. Pese a las recomendaciones médicas de que se le exonere, él se mantiene en sus trece y afirma que está en su sano juicio para afrontar las acusaciones.