La Guardia Urbana carga contra Collboni por paralizar la compra de pistolas táser: "Estamos cansados de mentiras"

El proyecto para dotar a la Guardia Urbana de Barcelona con pistolas táser ha quedado finalmente descartado. Tras meses de debate interno, idas y venidas en comisión y la redacción de un borrador de reglamento, el Ayuntamiento ha decidido que, al menos durante lo que queda de mandato, no se incorporará este dispositivo al equipamiento policial. La explicación oficial apunta a la "falta de consenso político" y a la necesidad de "revisar los protocolos de uso proporcional y de control interno" al tiempo que los sindicatos de la Policía municipal cargan contra el paso atrás dado por el alcalde.

La retirada del proyecto llega en un momento en el que la seguridad en el espacio público sigue siendo motivo de alarma en la capital catalana. Hasta finales de agosto de 2025, la Guardia Urbana de Barcelona había requisado más de 1.200 armas blancas en el marco de la denominada Operación Ferro, un dispositivo centrado en combatir la presencia de objetos punzantes en vías públicas, lo que representa un aumento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior.

Si ampliamos la mirada, la fotografía cambia. A nivel internacional, las pistolas táser se han consolidado como una herramienta habitual en las fuerzas de seguridad. Según la empresa fabricante Axon Enterprise, más de 18.000 agencias policiales en más de 80 países las utilizan de forma regular. En España, su implantación también avanza: la Policía Municipal de Madrid ha activado el protocolo de uso en 160 ocasiones desde finales de 2020, desenfundando el arma 28 veces y aplicándola efectivamente en 13 intervenciones.

En este sentido, España se encuentra inmersa en la adopción de esta tecnología, aunque con un despliegue todavía desigual entre cuerpos y territorios. Lo que sí parece claro es que, al menos hasta que no haya un cambio de mandato, Barcelona ha descartado una de las pocas medidas que habían suscitado un respaldo generalizado dentro del cuerpo policial y entre los sindicatos.

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Del plan a la paralización

Durante los últimos días, son muchos los agentes que se preguntan cómo se ha frenado un plan que parecía inminente. Lo cierto es que la idea llevaba años tomando forma. Los primeros pasos se dieron a finales de 2023, dentro de un plan más amplio de modernización del equipamiento policial. A lo largo de 2024 se trabajó en el reglamento técnico, hasta que en marzo de 2025 el gobierno de Jaume Collboni (PSC) dio luz verde a su aprobación inicial. La propuesta contaba con el respaldo de la cúpula de la Guardia Urbana y de los sindicatos mayoritarios, que defendían las táser como una herramienta intermedia entre la defensa extensible y el arma de fuego.

Sin embargo, la falta de consenso político ha terminado por enterrar el proyecto. El PSC, con el alcalde al frente, defendía la incorporación de las táser como parte del proceso de modernización del cuerpo y una herramienta intermedia de disuasión. En el lado opuesto, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana votaron en contra, bloqueando la medida. Por su parte, el Partido Popular se posicionó a favor, mientras que Vox optó por la abstención.

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Finalmente, el proyecto quedó descartado el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno municipal lo confirmó de manera formal: no se licitarían nuevas táser y la medida desaparecía de las prioridades del Consistorio. Así, la compra de estas pistolas no se ejecutará y ya no figura ni entre las medidas previstas ni entre las prioridades del actual Consistorio.

La paralización del plan ha provocado un fuerte malestar dentro de la Guardia Urbana de Barcelona. Así lo refleja el SIP-FEPOL, el sindicato independiente de la Policía Local. Su portavoz, Alex Payán, censura la decisión del Ayuntamiento: "Es una desgracia. Se trata de una herramienta que nos ayudaría bastante. Desde el punto de vista del cuerpo policial, los compañeros estamos cansados de promesas y mentiras".

Más allá de la decepción, el sindicato advierte del efecto que la paralización tiene sobre la moral del cuerpo y la percepción de respaldo institucional. "Estamos hablando de una ciudad donde hay bastantes delitos violentos. ¿Cuál es la excusa para que nos la quiten? O se trata de una moneda de cambio o para el Ayuntamiento la Guardia Urbana no tiene importancia", afirma el portavoz del SIP-FEPOL.

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Prioridades enfrentadas

Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la implantación de pistolas táser es el riesgo de posibles abusos policiales. No obstante, desde la Guardia Urbana defienden que, correctamente reguladas, estas herramientas funcionan como un mecanismo de protección y de reducción de riesgos, tanto para los agentes como para los ciudadanos. Su ventaja principal es que permiten intervenir en situaciones de peligro con mayor seguridad, sobre todo en espacios reducidos donde el uso de un arma de fuego podría resultar desproporcionado o excesivamente peligroso.

Frente a este debate, Payán aporta ejemplos concretos de cómo se utiliza la táser en la práctica diaria. Explica que, en situaciones en las que los agentes deben reducir a alguien con conocimientos de defensa personal, se sitúan a una distancia prudencial, emplean la táser y consiguen controlar a la persona sin recurrir a la fuerza letal. Otro escenario habitual es cuando se enfrentan a alguien armado con un arma blanca. En esos casos, el dispositivo permite intervenir de manera segura tanto para los agentes como para la persona implicada. En este contexto, Payán subraya la importancia de los protocolos y las garantías: "Los que piensan que pueden aumentar los abusos policiales deberían revisar los protocolos. Es obligación llevar un desfibrilador, así como una cámara incorporada", recuerda el portavoz.

Aunque la medida ha quedado descartada, el sindicato confía en que el debate sobre su implementación no ha concluido. Payán insiste en que la discusión volverá a abrirse: "Hablamos de Europa, donde muchos cuerpos policiales ya la integran. Llegará tarde o temprano, pero llegará".

Por otro lado, la paralización del proyecto se produce en un contexto de creciente tensión entre la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de Barcelona. Precisamente la falta de explicaciones oficiales es lo que ha generado malestar dentro del cuerpo, que percibe la comunicación del Consistorio como mínima, según describe el portavoz del SIP-FEPOL.