La Autónoma de Barcelona alberga un acto apoyado por un detenido en la Operación Judas

La UAB albergó el pasado 6 de noviembre en su campus universitario una charla del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) bajo el significado título de ‘La Revolución de Octubre y sus lecciones’. Se trata de un partido autodefinido como marxista-leninista-maoísta que asegura que “reconocemos el maoísmo como la tercera y superior etapa de la ideología del proletariado”. Uno de sus mayores difusores de sus ideas y de su posicionamiento es David Budria, uno de los independentistas detenidos en septiembre de 2019 y acusado de pertenecer a un grupo que preparaba acciones terroristas.

Se trata de uno de los integrantes del grupo que fue detenido con ocasión de la denominada Operación Judas y cuyos integrantes aún no se han beneficiado de la Ley de Amnistía, precisamente por las dudas en la aplicación de esta ley en su caso. El supuesto comando ya había realizado con éxito pruebas para detonar bombas confeccionadas artesanalmente y en su poder fueron hallados documentos que demostraban la vigilancia sobre algunos de los objetivos que pensaban atacar (torres de comunicaciones, cuarteles de la guardia Civil o comisarías de los Mossos d’Esquadra, entre otros), así como un listado de políticos y activistas constitucionalistas o antiindependentistas.

La charla tuvo lugar en el Casal Popular La Trinxera, en la Plaza Cívica de la UAB, en pleno corazón del campus universitario, el mismo que se racanea a los jóvenes constitucionalistas. La publicidad de la charla no puede ser más explícita: “¿Cómo se hizo la Revolución de Octubre? ¿Qué podemos aprender para organizar la revolución aquí? En el 108 aniversario de la revolución, hablaremos de cómo el Partido Bolchevique tomó el poder y qué papel jugó la juventud”. Además, se estudió “el rol de la juventud y los estudiantes en la revolución”. Su estrategia se basa en la ‘guerra popular prolongada (GPP)’, “es decir, una guerra donde las masas dirigidas por el PC combatirán con sus métodos y herramientas militares y civiles”.

La laxitud de la UAB con este acto contrasta con su historial ante los estudiantes constitucionalistas. En julio de 2018, un juzgado de Barcelona condenó a la UAB por haber vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes afiliados a la plataforma Joves de Societat Civil Catalana-UAB. Los dirigentes de la entidad educativa denegaron a esta entidad su afiliación como agrupación en el directorio de colectivos del campus, pero los tribunales le enmendaron la plana, advirtiendo que la exclusión de la organización juvenil vulneraba los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y constituía un delito de discriminación por razón de opinión, libertad ideológica, de expresión y a la educación.

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EFE

Según la Universidad, los jóvenes de SCC no cumplían los requisitos establecidos por la normativa y los tachaba de “colectivo inactivo”. Además, aseguraba que no tenía una programación que garantizaba su actividad durante todo el curso académico. La rectora era entonces Margarita Arboix, a la que acusaba la plataforma juvenil de alinearse con el procés.

Pero la sentencia dejaba claro que “resulta imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves de SCC-UAB contra las tesis independentistas y la actitud contemporizadora del Consejo de Gobierno de la Universidad con ellas”. Al año siguiente, el TSJC ratificó la sentencia advirtiendo que la exclusión de los jóvenes constitucionalistas era “claramente ilegal”, que conculcaba el artículo 14 de la Constitución Española al vulnerar la libertad de expresión e ideológica y que su inscripción como entidad social se había basado sólo en “opiniones manifestadas por el colectivo”.

Esta entidad dio lugar luego a la plataforma S’ha Acabat, que se define como “un grupo numeroso de gente joven” que “nos movilizamos en defensa de la Constitución y la unidad de España, los derechos de todos los ciudadanos españoles y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad”.

Lo cierto es que, durante 2017, los miembros de la organización intentaron difundir sus mensajes constitucionalistas mediante carpas que eran asaltadas reiteradamente por jóvenes violentos independentistas ante la pasividad del rectorado. Tanto es así que muchas de sus actividades no pudieron llevarse a cabo por las actitudes de una autodenominada Plataforma Antifascista. Paralelamente, acusaban a la rectora de fiscalizar las actividades de Joves de SCC-UAB y argumentaban que “se han añadido requisitos que no son exigidos al resto de colectivos inscritos en el registro”.

Un partido radical y un extremista

Pese al revés judicial, en la Feria de Asociaciones de 2023, grupos extremistas asaltaron la carpa de S’ha Acabat al grito de ‘Pim, pam, pum, que no quedi ni un’, simulando disparos, ‘Fuera fascistas de la Universidad’ y ‘Puta España’. Un cordón policial evitó agresiones físicas, pero no pudo evitar gritos, insultos y lanzamiento de bombas de humo y bombas fétidas. Estos ataques, así como otros similares cada vez que intentaban difundir pacíficamente sus mensajes, jamás fueron condenados oficialmente por la cúpula educativa.

Un documento de 23 páginas elaborado en marzo pasado por el PRT que ha dado la charla en la UAB detalla que “España es una potencia imperialista y la guerra popular en España se desarrollará de acuerdo a dicha realidad. Esto significa que pasará por un periodo relativamente largo de acumulación de fuerzas, que nos apoyaremos en movimientos de masas de lucha por reformas para crecer y que tendrá un componente principalmente insurreccional en las ciudades (…) Si bien la estrategia de la guerra popular prolongada (GPP) la línea militar y la preparación para poder afrontar y dirigir la guerra adquieren un papel principal, de cada al desarrollo de la GPP es necesaria la movilización, preparación y motivación de las masas para que apoyen esta lucha y para que la desarrollen”.