Junts 'rompe' con Sánchez, pero su gente sigue cobrando en las empresas del "Estado opresor"

Los cargos que Junts pactó con el Gobierno de Pedro Sánchez para colocar a su gente en organismos, empresas públicas y compañías de capital público-privado están lastrando la credibilidad de la ruptura con el PSOE que Carles Puigdemont ha querido escenificar para bloquear la legislatura. En Moncloa han reaccionado como si nada ocurriera y muchas de las fuerzas políticas han cuestionado que haya roto peras con el sanchismo. Y la verdad es que desde Junts se ha dejado muy claro que estos altos cargos no van a dimitir.

La pasada semana en el Parlament, durante la sesión de control, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, describió la paradójica situación. "Las poltronas las pactan rápidamente, por mucho teatro que hagan hoy aquí. Allí siguen a día de hoy en empresas y organismos estatales Mikimoto, Tremosa, Pere Soler, Eduard Gràcia o Elena Massot, entre otros. Todos ellos, entusiastas partidarios de la teoría del ‘España, estado opresor’, pero que siguen cobrando generosamente del Estado opresor, que, como hemos señalado en muchas ocasiones por aquí, oprimir, lo que se dice oprimir, oprime de pena. Han hecho ustedes un Sálvame en toda regla: esas parejas de la farándula que van a la tele a decir aquello de ‘nos hemos dado un tiempo’, pero que siguen cobrando juntos la exclusiva".

El denominado pacto de Bruselas lo firmaron el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su homólogo entonces en el PSOE, Santos Cerdán, el 10 de noviembre del pasado año. Un mes después, el 12 de diciembre, Junts ya colocó a un miembro de la ANC, Eduard Gràcia, en el consejo de Renfe. La formación lo ocultó. El servicio de Cercanías estaba sumido en una gran crisis y su consejero hacía a la vez actos de la ANC contra la propia infraestructura y cobrando las dietas de asistencia a los consejos, con 11.000 euros en ingresos. Es la primera de las muchas contradicciones que implicará todo este proceso.

En el Parlament ya se evidenció que la situación es polémica. David Cid, de los comunes, criticó así la situación: "No sabía yo que Renfe y Aena se independizaban de Cataluña colocando a gente de Junts en los consejos de administración de las empresas. Supongo que la independencia se hace ahora desde el consejo de administración de Aena y Renfe". Salvador Vergés, de Junts, le replicó: "Permítanos poner gente con estudios y no solo personas que tienen el carné del PSC". Y acto seguido calificó a su consejero en Renfe como “un caballo de Troya”. Cid se burló denominándolos de manera irónica “los nuevos almogávares”.

Cargos en RTVE

El 29 de enero de 2025, Pere Soler entró como consejero en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y un día después lo hizo Miquel Calçada en RTVE. Los dos son cargazos, con seis años de mandato. Cuando acabe la legislatura, ellos seguirán en sendos organismos. Campins, con un salario bruto de 124.107 euros anuales, supera incluso el de Calçada, conocido popularmente como Mikimoto y que percibe 105.000 euros brutos al año.

Pero también son la cara y la cruz para Junts. Calçada triunfa impulsando el canal 2CAT en catalán desde RTVE. En cambio, Pere Soler votó a favor de la fusión del BBVA con el Banco Sabadell, cuando Junts le había ordenado hacer un voto particular en contra. La crisis fue de tal calado que el propio Puigdemont tuvo que salir a defenderlo en su cuenta de X. Al final, la opa del BBVA descarriló, pero para la opinión pública catalana quedó claro que fue por la estrategia defensiva que organizó el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y no por la oposición de Junts, que cuando tuvo que pasar de las palabras a los hechos, se arrugó.

Tras las empresas públicas llegaron los nombramientos en el Ibex 35

Tras las empresas públicas llegaron las del Ibex. El 27 de marzo, la empresa inmobiliaria y expresidenta de la patronal soberanista Femcat, Elena Massot, entró en el consejo de Enagás. Prácticamente dos semanas después, como avanzó El Confidencial, el exdiputado de Junts Ramon Tremosa entró en Aena. Tremosa sólo cobra dietas, pero Massot ingresará 160.000 euros brutos anuales. Habían pasado menos de cinco meses desde la firma del pacto de Bruselas.

Situación imposible

Esta situación coloca a Junts en una disyuntiva tras otra. No es sólo Renfe. La situación de Tremosa, por ejemplo, tampoco es fácil. El partido de Puigdemont está a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat, la cual defienden tanto Salvador Illa como el presidente de Aena, Maurici Lucena, ambos del PSC.

El PP ha colado una enmienda que congela las tarifas de Aena. En el Senado, Junts se abstuvo y la enmienda prosperó. Si vuelve a hacerlo en el Congreso, la compañía pública perderá una fuente de ingresos para financiar sus ampliaciones aeroportuarias. En la patronal Foment del Treball, también defensora de la ampliación, ya ha cundido el pánico. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, se ha reunido con Puigdemont. ¿Qué hará Junts? De manera oficial han dicho que votarán “no” a todo lo que no sean cinco medidas ya especificadas. Pero habrá que ver si hay más excepciones.