El Defensor del Pueblo exige "información urgente" a la Generalitat del castellano en las aulas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha exigido a la Generalitat de Cataluña, que preside su compañero de partido, Salvador Illa, información urgente sobre la aplicación de las sentencias judiciales sobre la utilización del castellano en la enseñanza. El departamento de Educación lleva dando largas a Gabilondo desde el pasado mes de junio, cuando del Defensor del Pueblo pidió por primera vez explicaciones sobre el tema.

El conflicto se inició tras un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que anuló el decreto lingüístico que había aprobado, el anterior Govern que presidía el republicano Pere Aragonès. La pasada primavera, la entidad Sociedad Civil Catalana( SCC) había denunciado ante el Defensor del Pueblo y ante el Síndic de Greuges (su homólogo en Catalunya) que sospechaba que el decreto se seguía aplicando pese a su anulación.

La reacción de los supuestos representantes de los ciudadanos fue diferente: la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, contestó a SCC que no podía investigar el tema al estar bajo tutela judicial, mientras que Gabilondo consideró que, aunque había un pleito judicial, el tema “es suficientemente relevante como para pedir información”. En su contestación a la entidad constitucionalista, Gabilondo señalaba que “en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña”.

Fuentes de SCC señalan a El Confidencial que el pasado 6 de junio, el Defensor del Pueblo se dirigió ya al Govern para solicitar información sobre los proyectos lingüísticos que aplicaba. El silencio fue la respuesta de la consellera de Educación, la socialista Esther Niubó. La misiva de Gabilondo señalaba la necesidad de “conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano”.

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“Nosotros tenemos la sospecha de que, pese a que el decreto lingüístico está suspendido cautelarmente por un recurso de la AEB, la Generalitat aplica de facto los criterios discriminatorios contra el castellano en las escuelas”, subrayan fuentes de SCC a El Confidencial. Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación, en cambio, rehúyen el asunto y niegan información mediante el cerrojazo informativo sobre el tema a preguntas de este diario.

Ese boicot a dar información es lo que indujo a Gabilondo a endurecer su petición: hace un par de semanas, envió una carta al Govern argumentando que “ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación, se le comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma”.

"Herramienta de exclusión"

Para Sociedad Civil Catalana, “tal y como denunciamos en su momento, con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo”.

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Además, sostiene que “el plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas, sino que afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo”.

Tanto SCC como la AEB ya alertaron en 2023 de la inconstitucionalidad del decreto. Según estas entidades constitucionalistas (que no reclaman la supremacía del castellano, sino que se cumplan las sentencias de dar solo una asignatura más en castellano), las medidas contempladas en el decreto “derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución española, especialmente el derecho a ser discriminado por razón de lengua. El artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia”.