Sánchez retará a Junts a rechazar la nueva financiación: 4.500 M anuales para Cataluña

Pedro Sánchez usará la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica para dotar de contenido a un mandato agónico, tras la ruptura escenificada por Junts. También, para llevar este cambio hasta el final, según consta en el calendario que Moncloa ha trasladado a la Generalitat durante estas conversaciones. Junts quedará acorralado, por mucho que haya declarado ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, con sus nuevas amenazas de bloquear la legislatura y darle mayor dramatismo a su desmarque del sanchismo de la semana pasada. Sánchez lo solventará a su manera, colocando a Junts entre la espada y la pared: o aprueban el nuevo sistema de financiación autonómica o Cataluña perderá cada año 4.500 millones de euros de capacidad de gasto adicional. Y el presidente de la Generalitat Salvador Illa se encargará de responsabilizar a los de Puigdemont del fracaso por tierra, mar y aire.

Ahora mismo, en Junts se muestran firmes en su ruptura con el PSOE. "Es irreversible" ha enfatizado esta mañana Nogueras en La Hora de la 1. "En noviembre de 2023 firmamos un acuerdo con el PSOE, un acuerdo de investidura. La última cláusula decía que la estabilidad de la legislatura iría en función del cumplimiento de los acuerdos y los acuerdos no se han materializado", ha argumentado la portavoz de Junts en el Congreso.

Por su parte, el objetivo del Gobierno es que, si hay un adelanto electoral en España, apenas será técnico. La implementación del cambio de sistema de financiación autonómica no llegará hasta marzo del 2027. Si lo consigue, un objetivo harto complicado, Sánchez ya podrá argumentar que no se trata de una legislatura perdida, aunque se haya quedado sin Presupuestos y sin Ley Bolaños, sólo por poner los ejemplos más obvios del ultimátum de la formación independentista.

Y Junts debe responder si está dispuesto a rechazar la nueva financiación: una cosa será presentar enmiendas a la totalidad a las leyes actuales y otra tumbar la financiación singular de Cataluña al final de la legislatura y con el riesgo de que, después, gobiernen el PP y Vox y se pierda esta oportunidad para siempre.

Para Junts se repite la situación que se produjo con la ley de amnistía. ERC impulsó y negoció la ley. Y luego llegó Junts, dijo que la norma era un fracaso y alargó un mes la negociación para "blindar" el texto legal. En la práctica, no hay fecha todavía para el regreso de Carles Puigdemont, pero el partido llevó a cabo una de sus sobreactuaciones destinadas tan sólo a su base de votantes.

La jugada de la financiación autonómica es de mucho riesgo, pero mucho menos que la amnistía, y justo por eso resulta perfecta para Sánchez. La mayoría de las CCAA del PP rechazan el nuevo sistema, pero el cambio también supondrá más fondos para las autonomías: en el caso de Cataluña, cerca de 4.500 millones más cada año. En medio del calendario para la nueva financiación se celebrarán las elecciones andaluzas y las de Castilla y León.

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha rechazado la condonación del FLA que pactó ERC con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Algo que supone que Andalucía dejará de beneficiarse del ahorro de 140 millones de intereses anuales. Pero eso, Andalucía se lo puede permitir. Otra cosa sería renunciar a cerca de 3.000 millones anules que podría aportarle el nuevo sistema de financiación. Quedaría tan acorralado como Carles Puigdemont. Si el Gobierno anuncia la cifra antes de las elecciones al palacio de San Telmo, pondrá al presidente andaluz en un brete. Y más si la persona que lo hace es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que a la vez es la candidata del PSOE en esas elecciones autonómicas.

Pedro Sánchez tiene a varias ministras en esta situación de gobernar en Madrid y hacer oposición en la periferia a la vez. También es el caso de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, con Valencia, donde también podría acabar en elecciones en marzo del 2026, si Vox y el PP no llegan a un acuerdo.

Autonomías y comicios

En un escenario en que puede haber una riada de elecciones autonómicas – Extremadura el próximo 21 de diciembre, Castilla y León en marzo del 2026, Andalucía en junio de ese mismo año, Aragón y Valencia también podrían entrar en esa ronda electoral por otras razones– Pedro Sánchez puede jugar con la financiación autonómica para ir desgastando al PP, mientras el Gobierno central anuncia reparto de millones entre los diversos territorios. En ese escenario, Junts sólo sería la última ficha del efecto dominó.

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Marisol Hernández

Este calendario electoral autonómico, al que ha podido acceder El Confidencial, se solapará con la agenda prevista para cambiar la financiación autonómica. Este mes de noviembre se prevé que haya un nuevo consejo de Política Fiscal y Financiera donde María Jesús Montero planteará las líneas generales del nuevo modelo. Entre diciembre y junio de 2026, el Ministerio preparará los anteproyectos de ley para el nuevo modelo de financiación para modificar la Lofca y aprobar nueva ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. ERC ya presentó un proyecto de ley al respecto para marcar la pauta. Junts podrá sabotear la legislatura, pero en el primer trimestre de 2027 será cara o cruz. Por eso en Moncloa siguen tan tranquilos, pese a que Nogueras haya subido el tono.

La negociación se solapará con elecciones en Extremadura, Castilla León y Andalucía

En junio de 2026 se convocarán las elecciones andaluzas. Antes ya se habrán celebrado las de Extremadura y las de Castilla y León. Y a partir de ahí seguirá el proceso de modificación. En septiembre de 2026 se celebrará otro Consejo de Política Fiscal y Financieras, este de carácter extraordinario, para aprobar el nuevo modelo. Como el Gobierno y Cataluña tienen la mayoría en este organismo, la oposición de las comunidades del PP de poco servirá. De hecho, tal y como será el acuerdo, con mejoras en todo el arco mediterráneo y el clima electoral, será muy posible que ni siquiera puedan negarse. Lo mismo que Junts.

El papel de Junts

La formación de Carles Puigdemont lleva meses queriendo entrar en la negociación, pero por ahora no ha podido. Sí que lo ha hecho ERC, de manera indirecta, ya que no negocia con el Ministerio de Hacienda de manera directa, pero sí con la Generalitat de Salvador Illa. Sánchez quiere hacer con los de Puigdemont lo mismo que con las comunidades del PP. Hacen falta todos los votos de la mayoría de la investidura para que en marzo de 2027 esas nuevas leyes. Sin Junts, el cambio en la financiación, que a esas alturas será el gran objetivo de la legislatura, no puede llevarse a cabo.

La estrategia de Sánchez será la misma que con la ley de amnistía. Si te atreves, vota que no. Que al final, Junts con la amnistía sobreactuó, alargó las negociaciones un mes y acabó votando a favor para que su líder siga sin poder volver a Cataluña. Como ya advirtió Míriam Nogueras, “estamos aquí para defender lo bueno para Cataluña”. Y esa es la esperanza de Sánchez para salvar los muebles: que, como Moreno Bonilla, los de Puigdemont no puedan negarse a que Cataluña reciba 4.500 millones más cada año para gasto público de la Generalitat.