Sant Antoni, de zona familiar a espacio degradado: "Queremos volver a sentirnos orgullosos del barrio"
El plan de choque del Ayuntamiento de Barelona, con más limpieza y policía, promete más seguridad. Sin embargo, los vecinos temen que no resuelva las causas reales del deterioro
El barrio de Sant Antoni, situado en distrito del Eixample de Barcelona y conocido por su mercado histórico, se encuentra inmerso en un proceso de intervención municipal para frenar su degradación y recuperar la convivencia. En este contexto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque que combina medidas de limpieza, seguridad y atención social. Unas medidas que los residentes cuestionan.
Para alcanzar la meta de recuperar la tranquilidad del barrio, el consistorio colabora con entidades locales como Som Sant Antoni, Sant Antoni Comerç (SAC) y la ONG De Veí a Veí (de vecino a vecino), con el fin de realizar un seguimiento constante de la situación y canalizar las demandas del barrio. Entre las medidas que más han llamado la atención se encuentra la retirada y reubicación del mobiliario urbano en la conocida como superilla (super isla) táctica. De los aproximadamente 600 elementos existentes, como bancos y papeleras, se prevé mover o retirar entre un 20 y un 30%, con la intención de reorganizar el espacio y mejorar la circulación tanto para vecinos como para visitantes.
Al mismo tiempo, el plan contempla el refuerzo de la limpieza del barrio y de la presencia policial, priorizando las zonas conflictivas y la venta ambulante ilegal. En el ámbito social, también se prevé la actuación de profesionales de la Agencia Pública de Salud, que trabajan junto a los centros de atención a las adicciones para acompañar, orientar y derivar a personas sin hogar o consumidoras de drogas.
Sin embargo, mientras las autoridades despliegan su operativo, los residentes del barrio cuestionan la eficacia de las medidas y describen cómo es la vida diaria en Sant Antoni. Laia Teruel se trasladó al barrio con su familia en 2005 y, recientemente, publicó un vídeo en sus redes sociales denunciando el deterioro de la zona. La publicación se viralizó, acumulando miles de visitas y generando un amplio debate tanto entre vecinos de Barcelona como entre personas de fuera de la ciudad.
La joven señala que los problemas más evidentes son la seguridad y la limpieza: "Las calles huelen mal y, en ocasiones, han llegado a vomitar en el portal de mi casa. Pero sobre todo me preocupa la seguridad y me da miedo que me puedan agredir", explica. Su vídeo recibió mucho apoyo, aunque también generó críticas por parte de usuarios ajenos al barrio, que consideraron que su mensaje carecía de empatía hacia las personas en situación de vulnerabilidad.
Pese a esto, Teruel valora las medidas del Ayuntamiento, aunque mantiene cierto escepticismo sobre su alcance: "Me parece bien que la administración intervenga y espero que con el plan de choque algo pueda mejorar", afirma. Ante esta situación, ya son numerosos los vecinos que han empezado a organizarse y comunicarse entre ellos para reclamar mejoras y proteger la convivencia en Sant Antoni.
La voz de los comerciantes
Los empresarios del barrio también sienten que los problemas del espacio público repercuten directamente en su actividad. Lídia Núñez, presidenta de Sant Antoni Comerç, la entidad que agrupa a los comerciantes y negocios de la zona, asegura que la situación ha llegado a un punto insostenible: "Hace un mes dijimos ‘basta’ a normalizar situaciones que se habían apoderado de nuestra vida cotidiana. Hicimos un manifiesto que apareció en prensa y a partir de ahí el Ayuntamiento nos ha empezado a escuchar", declara la vecina.
El acuerdo alcanzado con la administración establece que cada mes las entidades presentan una lista de 20 puntos a resolver. Al finalizar el mes, el Consistorio remite un informe en el que detalla qué puntos se han abordado y cuáles permanecen pendientes. Este mecanismo comenzó a aplicarse hace apenas unas semanas, en agosto, por lo que las organizaciones representantes del barrio todavía esperan los primeros resultados para poder evaluar su eficacia.
Entre los principales problemas, Núñez destaca la presencia de personas drogodependientes en la vía pública y la venta ambulante: "Si tienes a alguien en esa situación en la puerta de tu comercio, la gente evita pasar". En su caso, el negocio que regenta está situado junto a unos jardines, y ha vivido episodios de agresividad por parte de algunas de estas personas. Además, denuncia que la venta ilegal persiste en el barrio, con puestos de pescado fresco o de frutas y verduras en plena calle.
En relación con las medidas anunciadas en el plan de choque, la presidenta de Som Sant Antoni subraya la necesidad de que la administración actúe con decisión. "Le dije al regidor que fueran valientes, porque esto es un problema estructural. El tema de las personas sin techo requiere recursos. Hemos estado callados durante mucho tiempo, y ahora son muchos los vecinos que nos dan las gracias", señala.
La comerciante encara el futuro del barrio con optimismo, aunque sin perder de vista la realidad. Subraya la importancia de que la ciudadanía se conciencie y adopte comportamientos cívicos: "Debemos ser conscientes de que no podemos ser incívicos y el barrio se tiene que cuidar". Uno de sus deseos es "volver a sentir orgullo al decir que soy de Sant Antoni". Para Núñez, la clave está en la coordinación entre las entidades: solo transmitiendo un mensaje unificado se podrán canalizar de manera efectiva las quejas de los vecinos.
La mirada social: vulnerabilidad y exclusión
Otra de las organizaciones que colabora directamente con el Ayuntamiento es la ONG De Veí a Veí, dedicada a atender a personas en situación de vulnerabilidad en el barrio. Su presidente, Rafa Martínez, aporta una perspectiva social que complementa la visión de sus vecinos. Martínez advierte que la intervención municipal debe tener en cuenta la vulnerabilidad individual de cada persona: "Nos preocupa mucho cómo se puedan abordar temas como el sinhogarismo, dado que las instituciones nos dicen que esto es un problema global".
Según la ONG, se observa un aumento de familias que, pese a contar con ingresos, no logran llegar a fin de mes y buscan apoyo en la organización. "Son familias del barrio de toda la vida y muchas de ellas no pueden acceder a los servicios sociales", detalla el presidente de la entidad.
Además, los datos recopilados por la organización ponen de manifiesto el coste que supone gestionar estas situaciones. "Hemos hecho seguimiento de desahucios, como el caso de una madre con dos hijos. Al tener menores, la trasladaron a una pensión infestada de chinches. Solo en pensiones en la ciudad de Barcelona, se gastan alrededor de 34 millones al año. ¿Realmente administramos bien el dinero?", cuestiona Martínez.
En esta misma línea, el vecino de Sant Antoni subraya la importancia de la comunidad: "Nuestro barrio tiene mucha capacidad comunitaria. Por eso intentamos fomentar que, si conoces a un vecino, puedas ayudarlo". Entre las necesidades más urgentes que identifica, Martínez destaca la soledad y la desconexión de la población mayor, el aumento de la xenofobia y la precariedad de los jóvenes, muchos de los cuales no pueden emanciparse debido a los bajos salarios.
Aunque vecinos y comerciantes reconocen el esfuerzo del Ayuntamiento, sus testimonios evidencian que la sensación de seguridad y limpieza no se restablece de manera inmediata. Si bien es cierto que el plan de choque introduce medidas visibles y coordinadas, la recuperación de Sant Antoni dependerá, coinciden todas las fuentes, de la colaboración efectiva entre vecinos, comerciantes, asociaciones y administración. En última instancia, solo un enfoque integral permitirá que el barrio recupere su vida cotidiana, su seguridad y su cohesión comunitaria, preservando la identidad de uno de los barrios más representativos de la capital catalana.
El barrio de Sant Antoni, situado en distrito del Eixample de Barcelona y conocido por su mercado histórico, se encuentra inmerso en un proceso de intervención municipal para frenar su degradación y recuperar la convivencia. En este contexto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque que combina medidas de limpieza, seguridad y atención social. Unas medidas que los residentes cuestionan.