Gobierno y Generalitat pactan sin contenido una financiación descafeinada para dar aire a la legislatura

El Gobierno español y la Generalitat firmaron en la comisión Bilateral Estado-Generalitat un pacto para la nueva financiación autonómica vacío de contenido, aunque con fuerte carácter simbólico, para intentar dar aire a la agonizante legislatura de Pedro Sánchez. Se anunciaron unos principios generales, sin un calendario definido, y pendientes de unas mayorías parlamentarias inexistentes en este momento. El resultado fue tan decepcionante con un pacto tan descafeinado que ERC, que quería blindar el cambio a través de una ley, prefirió no comparecer ante los medios para valorar el acuerdo, pese a que Palau había habilitado un espacio para ello.

La Generalitat sólo entregó el documento del pacto una vez que se celebró la rueda de prensa. Y lo que se vendía como clave no era tal. Por ejemplo, por un lado reza: "Dado que Catalunya se sitúa entre las CCAA con mayores recursos per cápita, una parte de sus recursos debe contribuir a esta mejora, a través de la aportación a la solidaridad. Catalunya considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final".

Pero ese principio de ordinalidad, no es reconocido por el Gobierno central, que acto seguido señala: "Por parte desde la Administración General del Estado se considera que las aspiraciones de Catalunya de atención a su singularidad para mejorar su financiación, autonomía fiscal y autogobierno con un mayor espacio para la bilateralidad, es compatible con una reforma general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que garantice su suficiencia, con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema, conciliables con el adecuado tratamiento de las necesidades y singularidades de todos los territorios, y reconocimiento de la multilateralidad como elemento clave en la definición del sistema de financiación y sus reformas, sin perjuicio de que la bilateralidad tenga mayor presencia". Es decir, Generalitat y Gobierno están en esencia en desacuerdo sobre cómo se repartirán los fondos.

Con la recaudación del IRPF pasa lo mismo. "Trabajarán para el despliegue de la hacienda catalana, impulsando los cambios legislativos pertinentes con el objetivo de que la Agencia Tributaria de Catalunya asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros tributos, dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario, con participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas", señala el texto de manera literal. Para 2026, nada de nada.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha negado a hacer una nueva ley, no compareció en la cumbre en Barcelona, aunque es verdad que Montero no forma parte de la Comisión Bilateral. Los que dieron la cara fue fueron el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

Víctor Ángel Torres se ha comprometido a “impulsar cambios legislativos para impulsar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y que se tengan en cuenta las singularidades de Cataluña igual que las del resto de CCAA”

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“Se prevé una aportación solidaria transparente y que habrá espacio para la bilateralidad, dentro de la multilateralidad y se constituirá un grupo de trabajo para que la ATC tenga más competencias y para abordar los detalles de fondo del modelo”, ha anunciado el ministro Torres, quien ha apuntado que después del verano se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar el nuevo modelo.

Dalmau, por su parte, quiso reconocer el esfuerzo de “construir un espacio común”, que ha estado haciendo ERC durante todo el tiempo que ha durado la negociación. “Hemos pactado una nueva arquitectura de la financiación autonómica, basado en la corresponsabilidad y en los ingresos”, ha insistido el conseller que ha hablado de que “serán necesarias modificaciones legislativas”. Dalmau ha calificado el cambio de “reto mayúsculo”.

Albert Dalmau ha advertido que “comienza un trabajo muy complejo, desde reforzar la ATC a cómo se trabaja en red con la Agencia Tributaria de España (AET). Lo importante es avanzar e ir dando pasos”.

El pacto evita fijar qué tipo de colaboración mantendrán la ATC con la AET, que fórmula legal regirá esta qué papel desempeñará la ATC en la recaudación del IRPF en 2026. Se asume que la Generalitat no lo recaudará, sino que en una primera fase asumirá nuevas funciones más allá de la información al contribuyente que tampoco se definen.

El acuerdo carece de un calendario para otros impuestos, no se fija la nueva cesta de tributos y sólo se apunta de manera vaga que a finales de 2026 se definirá el nuevo sistema en su conjunto. Eso en un momento en que hay serias dudas de que el Gobierno de Sánchez pueda comerse los turrones en Moncloa por las derivadas del “caso Koldo”, la promesa es demasiado a largo plazo.

También se desconoce qué cantidad aportará el Gobierno central al conjunto del sistema para que las CCAA dejen de estar infrafinanciadas. En 2009 fueron 12.500 millones con una nueva cesta de tributos, aún vigente, entre las que destacaba el 50% del IRPF y del IVA para las autonomías. Este aspecto ya se sabía que no iba a detallarse. Pero el problema es la vaguedad, sobre todo el resto. Y la falta de calendario.

Cambio sobre el papel

Las bases aprobadas del nuevo sistema supondrían en teoría la eliminación de los fondos de compensación (Fondo de Garantías de los Servicios Públicos, Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación), además del sistema de pagos a las CCAA por anticipos a cuenta. Si bien durante unos años, de nuevo, sin determinar, deberá haber un sistema de transición, que no se dice cuanto duraría.

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En el nuevo sistema las CCAA que quieran recaudarían todos los fondos, después aportarían una cantidad al Estado para los gastos comunes en función de una cesta de tributos por determinar y habría una cuota de nivelación –se evita hablar de solidaridad, con lo que parece que los cupos vasco y navarro no existan– teniendo en cuenta el principio de ordinalidad, por el cual las CCAA que más aporten al sistema luego no pueden quedar en las últimas posiciones como receptoras, algo que ahora resulta que en el fondo el Gobierno español no acepta, según la literalidad del texto. Luego, a su vez, el Estado compensará singularidades de cada CCAA, por ejemplo, los Mossos d’Esquadra de la Generalitat, con un fondo adicional.

Nuevo paradigma

Fuentes de la Generalitat, han definido el nuevo sistema como más transparente y basado en un cambio de paradigma, ya que se basa en los ingresos y no en los gastos. En principio, el nuevo modelo es extrapolable a todas las CCAA que así lo demanden pero en la práctica sólo podrán hacerlos las autonomías con agencias tributarias propias con personal y actividad suficientemente desarrolladas, en este momento, Cataluña y en menor medida la Comunidad Valenciana y Baleares.

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La ATC no podrá recaudar, ni inspeccionar ni liquidar el IRPF en 2026, carece de personal suficiente, sólo tiene 850 trabajadores; no tiene una plataforma informática para ello y sólo cuenta con un cuerpo de 30 inspectores de Hacienda. En el próximo mes presentarán un nuevo plan director que les ha redactado Indra que servirá para dar los primeros pasos en ese sentido. La recaudación del IVA en Cataluña ronda los 30.000 millones al año.

Junts ya ha advertido que lo acordado hoy está muy lejos de ser un nuevo sistema de financiación. Pero como maniobra le permite a Pedro Sánchez seguir diciendo que su legislatura está viva. Hace casi dos años ERC pactó la condonación del 20% del FLA a cambio de investir a Pedro Sánchez. Al final del texto, hay una referencia, tampoco nada concreta: "La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales adoptará el acuerdo correspondiente para la materialización de la asunción parcial por el Estado de la deuda de Catalunya con el Fondo de Financiación de las CCAA una vez que entre en vigor la leyque apruebe la medida". Esta ley ni se ha presentado en el Congreso todavía.