La Sindicatura encuentra pagos irregulares a más de la mitad de menores tutelados en Cataluña

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha encontrado indicios de corrupción en la gestión de menores tutelados y extutelados. Con las últimas investigaciones, se confirma la denuncia de un trabajador del servicio SEVAP, que gestiona la unión temporal de empresas (UTE) formada por la Fundación Resilis y la Fundació Mercè Fontanilles (MFM). Este servicio gestiona el acompañamiento y la inserción laboral de jóvenes tutelados y extutelados. La tarea la realizan fundaciones o empresas privadas concesionarias de cientos de millones de euros públicos otorgados hasta ahora por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo que controla las ayudas y el servicio a jóvenes bajo la tutela de la Administración.

Los intermediaros pueden llegar a cobrar hasta casi 6.000 euros al mes por menor, si éste cobra la ayuda por vivienda y un salario de la Administración. Ahí entra el descontrol: el trabajador citado denunció que las empresas intermediarias estaban cobrando por jóvenes que ya tenían un buen salario, que vivían ya en otras comunidades o que incluso habían vuelto a su país natal. En otras palabras, que se estaba cobrando por “plazas fantasma”, lo que suponía un caudal de dinero público que iba destinado a enriquecer los bolsillos de los intermediarios.

Las ayudas de la Administración para las empresas y fundaciones que vigilan y asesoran a los jóvenes son de dos clases: ayudas para vivienda o prestación económica directa, es decir un salario, que suele ser de 770 euros mensuales. Una parte importante de los jóvenes reciben al mismo tiempo prestación y ayuda para vivienda, aunque hay baremos que adecúan esta última al nivel de ingresos que tienen, obligando al extutelado a pagar una parte del alquiler de la vivienda.

Pero el sector es poco menos que un coto cerrado donde mandan determinadas corporaciones. El informe reconoce que “la valoración y el seguimiento de los beneficiarios de las prestaciones económicas para personas jóvenes extuteladas, así como otros recursos y servicios relacionados están en manos de un conglomerado de entidades de iniciativa social, principalmente fundaciones, asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro bajo la supervisión de la DGAIA”.

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Pero el control oficial es nulo. La Sindicatura constató que la Generalitat, dominada por ERC en los años del informe, “no reclama la regularización de copagos no exigidos en periodos anteriores cuando conoce que el beneficiario está obligado a contribuir económicamente a la financiación de la prestación del servicio de vivienda”.

Casi 700 dobles cobros

Los síndicos estudiaron la situación de 1.178 jóvenes entre 2021 y 2022 con prestación por vivienda y la de 2.078 jóvenes que recibían sueldo mensual. Pues bien, 688 de ellos tenían al mismo tiempo prestación económica, o sea, salario, y ayuda por vivienda. Lo malo es que no controlaba la situación individual de cada uno. “Las situaciones de incompatibilidad constatadas y el incumplimiento continuado de las condiciones necesarias para mantener el derecho a percibir la prestación ponen de manifiesto que el Departamento de Derechos Sociales no ha implementado o evaluado con rigor los instrumentos adecuados ni ha llevado a cabo la supervisión necesaria para fomentar la responsabilización y los controles internos de las entidades que colaboran en la gestión de los recursos sociales y, en último término, garantizar el correcto uso y destino de los fondos concedidos”.

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También recrimina al Govern que “no ha exigido una transparencia efectiva y regularidad de las actividades que llevan a cabo las entidades que ofrecen los programas de apoyo”. Desde 2022, que es el último año fiscalizado por la Sindicatura, “no se han hecho actuaciones en materia de supervisión y tutela de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, ni en el ámbito de las potestades inspectora y sancionadora (excepto en un caso). Tampoco se han llevado a cabo comprobaciones de la adecuación de la actuación de estas entidades a los criterios de imparcialidad y ni discriminación en la determinación de beneficiarios, exigidas a las fundaciones que realizan mayoritariamente su actividad en Cataluña”.

El informe reseña que “la unión temporal de empresas (UTE) formada por la Fundació Mercè Fontanilles y la Fundació Resilis es responsable, entre otras actividades, del servicio de valoración y seguimiento de personas jóvenes extuteladas de la DGAIA que pueden ser beneficiarias de prestaciones económicas”. La Generalitat concedió a esta UTE “en el mes de julio de 2022, por un periodo que finalizaba el 31 de diciembre, prorrogable por 4 años más y un valor estimado de contrato de 5,58 millones de euros”.

Sin acceso a los planes individuales

En referencia a extutelados, la Sindicatura seleccionó solo 38 expedientes correspondientes a jóvenes que habían cobrado ayudas sosteniblemente en el tiempo. “El resultado de esta revisión, realizada en octubre de 2024, puso de manifiesto diversos escenarios en la gestión de los servicios de apoyo y seguimiento que incumplían los requisitos de los pliegos de condiciones técnicas que regían la contratación del servicio”. Uno de los problemas, no obstante, y así consta en las conclusiones del informe, es que no ha sido posible “acceder a los planes de trabajo individuales de seguimiento de los jóvenes acogidos en pisos y vinculados a programas de inserción laboral”.

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Lo que hizo Sindicatura fue reclamar, en septiembre de 2024, a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo del que dependen los tutelados, los pagos indebidos, reclamados, cobrados y prescritos en 2021 y 2022. “La lista confeccionada por la DGAIA incluye 111 expedientes y un importe de pago indebido pendiente de reclamación de 243.037 euros en el caso de la prestación para jóvenes extutelados. De estos expedientes, 41 difieren de los casos detectados por la Sindicatura”, dice el informe.

La Sindicatura, sin embargo, detectó 112 expedientes de jóvenes extutelados que deberían retornar un total de 250.599 euros, más 50 expedientes fraudulentos de menores en situación de riesgo que cobraron indebidamente 86.905 euros y otros 54 expedientes de prestaciones económicas a familias por acogidas que deberían devolver otros 37.365 euros. En total, el dinero cobrado de más en los expedientes revisados (que fue sólo una muestra) asciende a 374.869 euros.