Entidades constitucionalistas denuncian que Illa margina más el castellano que Aragonès

El "Govern de todos" es de unos cuantos. Eso es lo que denuncian asociaciones constitucionalistas catalanas ante una campaña publicitaria del gobierno de Salvador Illa, cuando se va a producir el primer año de gestión del dirigente socialista. El motivo de la denuncia es la petición de la asociación Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo, sobre la campaña "el Govern de todos", en la que el ejecutivo catalán publicita su gestión y sus líneas de actuación en áreas como vivienda, seguridad, sanidad o educación.

Impulso Ciudadano pidió los números de la campaña publicitaria y, a su entender, el resultado es paradójico. La respuesta del Ejecutivo, a través del Portal de la Transparencia, dio como resultado que ni uno solo de los anuncios gubernamentales fue emitido en castellano. “Los datos demuestran que el ‘gobernar para todos’ y ‘un gobierno donde todo el mundo se sienta representado’ no incluye a los catalanes castellanohablantes, ya que la Generalitat ha invertido cero euros a publicitar esta campaña en castellano, 990 euros en aranés y 1.753.304 euros en catalán”, dice una nota de denuncia de Impulso ciudadano de este lunes 2 de junio.

Para los constitucionalistas, “las cifras de exclusión del castellano del gobierno de Salvador Illa son aún peores que las del gobierno de Pere Aragonès”. El año pasado, según Impulso Ciudadano, el Govern de los republicanos gastó en publicidad en castellano el 0,59% del total de publicidad “mientras que Illa ha alcanzado el 0% sobre el total”.

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“El Gobierno de Salvador Illa ha conseguido lo que parecía imposible: disminuir aún más la presencia institucional del castellano en la Generalitat. La línea del acuerdo del Pacte Nacional per la Llengua, y continuando con las políticas lingüísticas nacionalistas de sus antecesores, el actual gobierno trabaja para una sociedad monolingüe desconectada de la realidad”.

Una campaña en entredicho

Impulso Ciudadano también denuncia que “además de excluir el castellano, esta campaña está utilizando la publicidad institucional para promocionar sus acciones de gobierno”. La asociación constitucionalista presentará en los próximos días una queja ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) para que estudie su contenido y valore si vulnera la ley.

Según Impulso Ciudadano, “el artículo 4 de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe la contratación de campañas institucionales que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por sus promotores, prohibición también recogida en la ley 22/2005 de Comunicación Audiovisual de Cataluña”.

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La campaña del Govern destaca algunas de las metas conseguidas en el primer año de mandato, como el anuncio de que “estamos impulsando la creación de 50.000 viviendas de alquiler protegido” o “ampliaremos los cuerpos de seguridad: más de 25.000 mossos trabajarán con la policía local”. Impulso ciudadano recuerda que en año pasado, el CAC suspendió una campaña similar del gobierno que presidía Pere Aragonès (ERC) por entender que se basaba en la gestión realizada por el Ejecutivo.

Del análisis de los datos, se desprende también que el 48,8% del total de la campaña ha ido a parar a un total de 10 empresas de comunicación, un pool que encabeza TV3, con 198.629 euros. Le siguen TDI (31.499 euros), La Xarxa (4.504 euros), Canal Taronja (3.260 euros) y TV Local Cat (3.083 euros). Ninguna de las grandes cadenas generalistas, que son de las más vistas en Cataluña, ha recibido el encargo de emitir algún anuncio de esta campaña. En radio, las emisoras más beneficiadas fueron RAC 1, del Grupo Godó (32.880 euros), Europa FM (32.020 euros) y Catalunya Ràdio (22.006 euros).

En prensa y medios digitales, destaca La Vanguardia (de nuevo, Grupo Godó, con 156.100 euros), El Periódico de Catalunya (83.481 euros), Mundo Deportivo (también del Grupo Godó, 41.868 euros), Sport (del grupo de El Periódico, 40.040 euros), 20 minutos (28.109 euros) y Ara (26.869 euros).