Barcelona: empresas y empresarios de la alta sociedad, denunciados por no pagar a su abogado

Alrededor de 100 particulares y conocidas empresas han sido denunciadas en la Audiencia Nacional y en un juzgado de lo civil de Barcelona por no pagar al abogado que les ganó el pleito por la quiebra del Eurobank del Mediterráneo, un escándalo que sacudió la alta sociedad barcelonesa hace ahora 20 años.

Eurobank fue intervenido el 27 de abril de 2003 y poco después declaraba la suspensión de pagos. Su propietario, Eduardo de Pascual Arxé, creó un intrincado entramado de sociedades, algunas de ellas con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que se dedicaron a realizar operaciones con Eurobank (principalmente de compra-venta de inmuebles y terrenos, aunque también con sustracción de activos mediante el cobro de comisiones por parte del cerebro de la trama) hasta conducirlo a la quiebra, despatrimonializando la entidad mediante abuso en sus funciones.

El pasado 3 de diciembre, la Audiencia Nacional anunció la tasación de costas en firme del juicio, que se celebró en 2016 y que fue ratificado por el Tribunal Supremo en 2019: las tasas judiciales se elevan a unos 400.000 euros en su conjunto.

El acuerdo firmado con el abogado Ricardo Gómez de Olarte preveía una minuta final que establecía la que se declarase en el procedimiento y un plus del 20% de la responsabilidad civil reconocida en sentencia. De acuerdo con la valoración final de la Audiencia, el letrado reclamó 212.801 euros por cada una de las minutas aprobadas (fueron dos, una por las empresas y otra por los particulares) y la tasación en costas, a los que resta 28.000 euros recibidos en concepto de provisión de fondos, pero le añade 20.000 euros de “costas prudenciales para esta petición”, por lo que su minuta asciende a 204.801 euros por cada una de las dos minutas, que siguen impagadas y que, en su conjunto, suman más de 409.000 euros.

Cerca de 100 empresas y particulares de la burguesía barcelonesa han sido denunciados en la Audiencia Nacional y un juzgado de lo civil

Pero la otra cuestión está en que en el contrato firmado con el letrado hace 20 años se reseña que los perjudicados pagarían un 20% de la cantidad finalmente ganada por sentencia judicial como responsabilidad civil. En la denuncia presentada en la Audiencia se incorpora el documento firmado por el abogado con sus clientes, que establece literalmente que “la minuta final descontará la provisión entregada, a la que deberá añadirse un 20% de la cuantía obtenida por sentencia en responsabilidad civil”.

Honorarios millonarios

Los clientes esperaban unas responsabilidades civiles de poco más de 1,2 millones de euros. Sin embargo, en el juicio se estableció la responsabilidad civil a abonar a los acusadores en 15.583.159 euros.

De ellos, 9,5 millones de responsabilidad, más 6 millones en ejecución por “comisiones dejadas de percibir por el banco” que no habían podido ser evaluadas” a lo largo del procedimiento y que ahora se establecen en esa cantidad. Por tanto, la deuda que tienen ahora el centenar de empresas y particulares (cada uno de ellos con diferentes cantidades) es el 20% de los más de 15,5 millones, que totalizan unos honorarios de 3.116.631,82 euros.

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EP

Cuando el abogado reclamó las cantidades a sus clientes, éstos se negaron a pagar, por lo que el pasado 17 de enero interpuso un escrito de “jura de cuentas” ante el servicio de ejecutorias penales de la Audiencia Nacional. La jura de cuentas es un procedimiento especial de abogados y procuradores para reclamar honorarios debidos tasados judicialmente y se presenta ante el tribunal que entendió el asunto. Como el pleito de Eurobank se había llevado en la Audiencia Nacional, Gómez de Olarte presentó su escrito ante esa instancia. En Barcelona, la demanda ha sido interpuesta en reclamación del 20% de comisión fijado por las responsabilidades civiles.

En ese mes, precisamente, se aprobó la Ley Orgánica 1/2025, que contiene las Medidas Adecuadas de Solución de Controversias (MASC). Ello obliga a que antes de cualquier pleito se ha de intentar un pacto entre las partes. “Esta medida está colapsando los tribunales y Correos. Solo para enviar burofaxes a mis clientes han tenido que poner una persona de refuerzo en mi oficina de Correos. Y solo en demandas civiles y mercantiles llegaron a los juzgados de Barcelona 20.000 pleitos la última semana de este mes de marzo. Es una locura. Yo tengo que enviar una propuesta de pacto a cada uno de mis clientes y no doy abasto, porque hay un plazo limitado para ello”, dice el letrado.

Con la obligatoriedad de proponer un pacto, a los denunciados les ofrece la oportunidad de renunciar al 50% de las costas y del porcentaje de indemnización si aceptan, con lo que se evitarían un pleito en los tribunales que podría aumentarles luego la indemnización a pagar. Según las fuentes, tras el envío de los burofaxes pidiendo los honorarios, tres clientes ya han accedido a pagar, reconociendo la deuda.

Alta sociedad

Entre las empresas denunciadas están Fininver, Caleta XXI, Cuarti XXI y Grupo Corporativo Landon (esta tres últimas, de la familia Gallardo, propietaria de los Laboratorios Almirall, mientras que la primera es del financiero Jorge Alum), la madrileña Fiscontable o la potente Inmobiliaria Motormóvil, propietaria de la Torre Cataluña de Barcelona. A título personal, figuran entre los denunciantes miembros de la alta burguesía barcelonesa con negocios boyantes en distintos ámbitos empresariales.

Todos ellos se dejaron enredar por las sutiles redes de Eduardo de Pascual, cerebro del escándalo de Eurobank, que al final no fue juzgado porque se fugó de España antes del juicio. Sus dos principales cómplices, María Vaqué y Manuel Vicente Fernández, fueron condenados (primero por la Audiencia Nacional y luego por el Tribunal Supremo) a penas de cárcel por administración desleal.

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Antonio Fernández. Barcelona

Entre otras entidades, De Pascual controlaba tres mutuas, Norton Life, Personal Life y Caja Eurohipotecaria, que fueron intervenidas por la Generalitat. Pero otras mutuas que él controlaba aparecieron más tarde como comisionistas en el escándalo de los ERE de Andalucía, aunque la jueza del caso nunca pudo tomarle declaración porque se había fugado de España.

De hecho, De Pascual se fugó de España en 2015 (el juicio fue en 2016) con pasaporte falso boliviano. En La Paz, se casó y solicitó el cambio de nombre, pasando a ostentar otros apellidos. Más tarde, formalizó un segundo matrimonio y volvió a cambiarse de nombre y apellidos. Llegó a tener tres pasaportes bolivianos y uno español, todos con diferente titular. Más tarde, recaló en África, en Burkina Faso, donde fue detenido y se descubrió que se había casado con una mujer de ese país, donde en la actualidad sigue en libertad.