Los conejos arrasan los campos de Lleida: un millón abatidos en un año y medio

En las comarcas de Lleida, uno de los problemas más graves de la última década ha sido la sobrepoblación de conejos, que ha provocado el destrozo de los cultivos de muchos agricultores. La situación ha llegado a ser tan crítica que el Departamento de Agricultura ha declarado la emergencia cinegética en dos ocasiones en poco más de un año y medio, lo que ha permitido abatir a cerca de un millón de conejos en dicho periodo. Entre enero y marzo de este año se han cazado unos 26.000, lo que refleja la magnitud del problema.

Para hacer frente a la plaga, los esfuerzos se han centrado principalmente en seis comarcas: Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera y las Garrigues, que han sido las más afectadas por este fenómeno. No obstante, la situación sigue siendo grave, ya que la plaga no ha desaparecido por completo. Recientemente, el Departamento de Agricultura ha anunciado que no prorrogará la emergencia cinegética y, en su lugar, implementará un Plan de Control Poblacional (PCB), cuyo objetivo es reducir la sobrepoblación de conejos de manera más adaptada a las particularidades del territorio.

Sin embargo, los agricultores continúan sufriendo las consecuencias de los daños en sus campos y exigen soluciones urgentes y eficaces. Desde las organizaciones agrarias alertan de que el problema no solo persiste, sino que está prácticamente cronificado. Entidades como Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya’ (JARC), que agrupa a miembros del sector, ha alzado la voz para denunciar la falta de recursos y de coordinación por parte de la administración.

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Los daños causados por la fauna salvaje, especialmente por la presencia desmesurada de conejos, no son un fenómeno puntual. Según Lluís Viladrich, responsable sectorial de fauna salvaje en la JARC, "este problema se ha extendido por toda Cataluña, pero las comarcas de Lleida se ven especialmente afectadas". De hecho, a mediados de 2024, el Departamento de Agricultura reconoció que los daños causados por la fauna salvaje representaban tres cuartas partes de los daños totales que sufre el sector agrario.

El problema va mucho más allá de la pérdida de cosechas. Esta especie es capaz de roer incluso los tubos de riego en busca de agua, lo que agrava todavía más la situación económica de los agricultores que, además de perder gran parte de sus cultivos, deben reparar los sistemas dañados. De este modo, la lucha contra los conejos no es solo una cuestión de preservar los cultivos, sino de asegurar la supervivencia de las explotaciones agrícolas.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Es un fenómeno tan complejo que es el resultado de múltiples factores. Según Viladrich, una de las principales causas es "la gestión inadecuada de las poblaciones, que se ha visto agravada por un control insuficiente por parte de las autoridades competentes". Asimismo, las áreas cercanas a infraestructuras donde no se permite la caza se convierten a menudo en refugios ideales para los conejos, que se desplazan hacia los campos en busca de alimento y agua.

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Por otro lado, desde JARC se apunta a que otra de las causas que ha desencadenado esta invasión es la hibridación entre los conejos salvajes y los de granja, lo que ha contribuido a que la especie tenga un sistema inmunológico más robusto. Así, los depredadores naturales no puedan frenar su crecimiento. Como explica Viladrich, "este desequilibrio no solo perjudica a los agricultores, sino que también pone en peligro la biodiversidad de la región".

La falta de apoyo institucional

Muchos agricultores han dejado de cultivar algunas parcelas. Consideran que "resulta económicamente inviable mantenerlas en producción", según detalla el responsable sectorial de fauna salvaje de la JARC. En algunos casos, los daños han sido tan graves que los profesionales del campo han tenido que modificar sus cultivos, eligiendo aquellos que resultan menos atractivos para los conejos, aunque generen un rendimiento económico mucho menor.

Ante este escenario, los afectados denuncian la falta de apoyo institucional. Sostienen que la administración no ha sido capaz de plantear soluciones efectivas y ayudas para paliar toda la pérdida económica. aunque el Departamento de Agricultura ha puesto en marcha algunos programas como el subsidio para colocar protectores en los árboles, estos no han sido suficientes para cubrir los costes reales de los daños, lamentan los afectados. De hecho, "muchos agricultores no solicitan las ayudas por temor a que sus seguros agrarios sean penalizados, ya que las aseguradoras aplican sanciones", alegan desde la JARC.

Otra de las cuestiones que no se puede pasar por alto son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), donde la normativa limita la caza y, en consecuencia, favorece la concentración de fauna salvaje. Viladrich subraya que, además de las ayudas por daños, es necesario "establecer compensaciones económicas para aquellos que viven en este tipo de áreas". En estas zonas, los agricultores se ven atrapados entre la falta de medidas eficaces para controlar las plagas y la imposibilidad de defenderse de los animales que amenazan sus cultivos.

Medidas excepcionales para una situación excepcional

Viladrich insiste en la necesidad de adoptar medidas excepcionales para controlar la plaga. Aunque la caza es una herramienta válida, "no es suficiente por sí sola". La JARC propone la utilización de "biocidas de forma controlada, al igual que se hace en las infraestructuras de comunicación. También el uso de visores nocturnos, focos para deslumbrar a los conejos y silenciadores bajo un control estricto". Eso sí, dejan claro que todas estas acciones deben someterse a un control estricto y a la autorización de los agentes rurales.

Además, Viladrich aboga por un esfuerzo conjunto entre agricultores y cazadores: "Muchos ya están colaborando, pero proponemos poder hacer batidas conjuntas de manera coordinada". Este trabajo permitiría actuar de forma más eficaz en las zonas afectadas, defienden. Una mayor implicación de las administraciones facilitaría la organización de estas acciones conjuntas, garantizando que se desarrollen con todas las medidas de seguridad y sin temor a represalias por parte de las aseguradoras o por la falta de cobertura legal, añade.