El bufete que logró investigar torturas en la Jefatura de Barcelona a la sombra de Dolores Delgado

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias penales por primera vez para investigar presuntas torturas cometidas durante los años 70 en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, justo cuando los partidos independentistas y los comunes inician una ofensiva para obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desalojar a la policía del emblemático edificio de la Via Laietana de la Ciudad Condal y transformar el espacio. Las pesquisas, a cargo de la exfiscal General del Estado, Dolores Delgado, parten del bufete Irídia, con intereses cruzados de los propios comunes y de Òmnium Cultural.

Las fuerzas soberanistas y especialmente los comunes han tratado de presionar al Ejecutivo para que ceda el inmueble y obtener una foto de la Policía Nacional desalojada de su sede histórica de Barcelona. Ahora, se le añade a esa estrategia la actuación en el plano jurídico. Detrás de la maniobra hay una oscura red de relaciones que ha provocado la alianza de antiguos enemigos.

De hecho, es el tercer intento de judicializar alguna causa contra la policía por torturas. El pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona ya archivó una denuncia similar interpuesta por el veterano activista Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, que denunció su detención en 1970 y posterior tortura durante 20 días en esas dependencias policiales. Con anterioridad, en abril de 2024, también fue sobreseída una denuncia de los hermanos Maribel y José Pablo Ferrándiz, que aseguraron haber sido retenidos y torturados durante los 32 días que pasaron, en abril de 1971, en las dependencias de Jefatura.

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La Fiscalía ha abierto diligencias ahora tras la denuncia de la activista Blanca Serra, en su nombre y en el de su hermana Eva Serra, fallecida hace 8 años. Según el escrito presentado, las dos hermanas fueron detenidas en 1977, junto a otros activistas, y sufrieron agresiones en la Jefatura. Curiosamente, aunque las hermanas fueron detenidas en los años 80 y en 1992, la acusación no se refiere a esos episodios. La investigación dependerá de la Fiscalía de Barcelona y de la fiscal Dolores Delgado, responsable de la sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.

El mismo bufete

Las tres denuncias han sido interpuestas por el mismo bufete jurídico, el gabinete Irídia, y las tres llevan el apoyo explícito de la organización Òmnium Cultural. “Basta de declaraciones institucionales y promesas vacías. Queremos que la Jefatura de Via Laietana sea, de una vez por todas, un espacio de memoria y que haya un reconocimiento sincero, real y reparador a las víctimas. Sólo así podremos hablar de normalidad democrática”, justificó el presidente de Òmnium, Xavier Antich, tras presentar el escrito.

En este caso confluyen los intereses de un sector proindependentista que antes estaba con Podemos y ahora bajo el ala de Catalunya en Comú, y la estrategia de un ámbito soberanista que comulga con los postulados del procés y exige un referéndum de autodeterminación.

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En el gabinete Irídia trabajó el actual eurodiputado Jaume Asens. Este gabinete está íntimamente ligado a los comunes y a dirigentes de Podemos. Su vicepresidenta es Ester Quintana, una activista que perdió un ojo como consecuencia de una pelota de goma lanzada por los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en 2012. En su dirección también figuran el citado activista Carles Vallejo, el abogado Andreu van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras o Jordi Bosch y vicegerente de Proyectos Estratégicos de la UB y exdirigente de Òmnium Cultural.

En Irídia confluyen, en realidad, una serie de corrientes ideológicas de izquierdas, de activismo por los derechos humanos, de independentismo e incluso de ideología antisistema. El despacho fue presidido durante años por Mariana Huidobro, hija de un almirante chileno que apoyaba al dictador Augusto Pinochet y madre de Rodrigo Lanza, un okupa violento condenado por el 'crimen de los tirantes' al que intentaron hacer un héroe.

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La propaganda subió de intensidad cuando la Administración municipal pasó a ser controlada por Ada Colau. Los mensajes de que Lanza había sido acusado falsamente por el Estado de dejar tetrapléjico a un guardia urbano que participaba en un desalojo llegó a calar entre ciertos sectores sociales acríticos con la propaganda política. Podemos y el independentismo lanzaron una campaña y aplaudieron un documental sobre su figura.

Ofensiva judicial

El bufete vuelve a estar de actualidad por el tema de las denuncias por torturas en el edificio de Via Laietana. Algunos de los episodios que denuncia tuvieron lugar hace más de 50 años. La decisión de denunciar casos antiguos fue una de las obsesiones de los comunes, que mientras gobernó Colau pagaron decenas de miles de euros a bufetes para interponer querellas, por ejemplo, contra los bombardeos de Barcelona durante la Guerra Civil de hace casi un siglo, contra los jueces que habían aplicado la Ley de Vagos y Maleantes o contra el juez del tribunal que condenó a Salvador Puig Antich. Nunca salió adelante ninguna de esas denuncias.

Blanca Serra, la nueva clienta del bufete, tiene un largo historial de detenciones en su currículum. Curiosamente, hace una década advertía contra la intromisión de Podemos en la política catalana y el peligro de que se ‘comiese a la CUP’, por lo que había que boicotear a la fuerza de Pablo Iglesias, entonces aliado con los comunes. Hoy son algunos destacados activistas alineados con esta formación los que la apoyan en su denuncia contra la policía, dejando atrás las viejas rencillas.