Solo uno de cada 6 ayuntamientos catalanes cumple la ley y coloca la bandera de España

De los 947 ayuntamientos catalanes, sólo 160 (un 17% del total) cumplen plenamente la normativa constitucional de colocación de banderas o de neutralidad de los edificios públicos. Eso significa que sólo están dentro de la ley uno de cada seis consistorios catalanes en materia de simbología.

En 730 edificios municipales, (un 80% del total) no ondea la bandera española, lo que incumple la ley. En 381 de ellos (el 40%), tampoco ondea la bandera catalana. Pero en 97 pueblos (8 menos que en 2022), los munícipes han colgado en la fachada la bandera estelada, una enseña que no es oficial y que es claramente partidista. 45 consistorios que exhiben esta bandera son de la provincia de Barcelona (10 más que en 2022), pero en las restantes provincias su exhibición disminuyó considerablemente., Además, en otros 62 se exhiben otros símbolos nacionalistas, ya sean lazos o pancartas. Así lo recoge un extenso informe de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.

Los números arrojan una mejoría respecto a los años anteriores: en 2022, cumplían la ley sólo 125; y en 2023, la cifra había ascendido a 132. Ello se debe, según José Domingo, a los resultados de las elecciones municipales de 2023: “Las elecciones del 28 de mayo de 2023 supusieron un aumento notable en el número de ayuntamientos gobernados por el PSC, que es, según los datos, el partido con mayor número de consistorios que respetan la normativa de símbolos, aunque no en porcentaje”.

El presidente de Impulso Ciudadano, sin embargo, subraya que los datos siguen siendo muy preocupantes. “No podemos permitir que se siga normalizando la desobediencia institucional en Cataluña. El cumplimiento de la ley no es una opción, es un mandato. La bandera de España y la de Cataluña deben ondear en todos los Ayuntamientos porque así lo exige la Constitución y el Estatuto de autonomía y las autoridades deben entender que es profundamente antidemocrático favorecer desde el poder las posturas partidistas. Lo que está ocurriendo es un ataque al estado de derecho promovido, en su mayoría, por fuerzas nacionalistas, que utilizan las instituciones como escaparate de propaganda”.

Los partidos más díscolos

“El partido con más irregularidades es JxCat, que gobierna en 332 pueblos. Un total de 302 alcaldes de esta formación incumple la legalidad vigente y sólo 30 la cumplen. ERC le va a la zaga: gobierna en 311 consistorios, de los que 293 incumplen la norma y sólo 18 la cumplen. Los 17 ayuntamientos que domina la CUP incumplen en su totalidad la legislación. Los socialistas, en cambio, gobiernan en 114 municipios en solitario y en 66 de ellos se cumple la ley (un 58%). Por su parte, el PP, que gobierna en 5 municipios, incumple la ley en uno (Monistrol de Montserrat, donde no ondea ninguna bandera). En cambio, los comunes, que tienen cinco consistorios bajo su control, cumplen la legalidad en todos ellos.

“Los partidos nacionalistas como Junts y ERC, que han perdido cuota de poder en varios municipios tras las elecciones, siguen protagonizando los mayores niveles de desobediencia. Tan sólo un 5% de los ayuntamientos gobernados por Junts y un 6% de los controlados por ERC cumplen con la legalidad en materia de símbolos. La pérdida de poder municipal por parte de estos partidos se ha traducido, en muchos casos, en una normalización institucional que comienza a notarse en las fachadas de los consistorios”, señala el texto.ç

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No fue la única campaña para instrumentalizar las instituciones públicas: “También a partir de octubre de 2017 la ANC y Òmnium Cultural pusieron en marcha una campaña a favor de la colocación de lazos amarillos para solicitar la liberación de las personas en prisión con motivo de los acontecimientos sediciosos relacionados con el procedimiento independentista”. Al mismo tiempo, se generalizó “la instalación en los edificios públicos, especialmente ayuntamientos, de todo tipo de lemas separatistas como ’libertad presos políticos’, ‘amnistía’, ‘independencia’, ‘derecho a la autodeterminación’ o contra las instituciones del Estado como la monarquía o de protesta contra las sentencias relacionadas con temas lingüísticos”.

Bajan los lazos

José Domingo reconoce a El Confidencial que, aunque persisten los pleitos por la mala utilización de las banderas, “bajó mucho la simbología traducida en forma de lazos amarillos y pancartas. Con los indultos y la amnistía, en realidad, se ha llegado a una situación en que las reivindicaciones ya no tienen sentido”. De los 197 ayuntamientos con lazos o pancartas de 2021 se ha pasado a 62 en 2024.

Impulso Ciudadano asegura, no obstante, que la exhibición de todo ese material provocó muchas denuncias de colectivos constitucionalistas, la gran mayoría de ellos ganados en los tribunales. “Las acciones de Impulso Ciudadano han sido eficaces”, enfatiza el dirigente constitucionalista. Pero se queja de que la Delegación del Gobierno no inició ninguna actuación contra las actuaciones irregulares.

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Impulso Ciudadano interpuso 17 denuncias contenciosas contra ayuntamientos y logró la victoria en los tribunales en todas ellas. Pero hay algunos consistorios renuentes a obedecer las sentencias judiciales. Uno de los más característicos es el de La Garriga, que preside la exportavoz del Govern Meritxell Budó, de Junts. Pese a la sentencia para poner la bandera española, la alcaldesa no ha hecho caso de los tribunales. “Estamos estudiando el acudir a instancias superiores”, señala Domingo. No se descarta la vía penal en esta situación de desacato continuado de una sentencia.

Otros ayuntamientos son también sintomáticos. En Verges, por ejemplo, gobierna un tripartito independentista y el letrado del consistorio, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, aduce en su recurso a poner la bandera española que los partidos que gobiernan son independentistas. “Eso no es excusa y no tiene nada que ver para cumplir las normas”, subraya José Domingo. En Cardedeu, cerca de Barcelona, pese a la sentencia, la bandera española aparece y desaparece del consistorio como por arte de magia. Y en Begues, ondea la bandera española por un lado y la estelada por el opuesto.

Hay ayuntamientos que tienen más de un pleito: Sant Pol de Mar tiene en los juzgados dos procedimientos: uno por falta de la bandera española y otro por símbolos independentistas en la fachada; Cabrils tiene también un pleito por la bandera y otro por una pancarta; y Ripoll, a quien se le abrieron dos pleitos (por la bandera en la fachada y una estelada en una rotonda), normalizó la situación pese a que su alcaldesa, Sílvia Orriols, es la líder de la ultracatalanista Aliança Catalana (AC).