El Gobierno confirma a la Guardia Civil que el Seprona desaparece de Cataluña

El desmantelamiento de varias unidades de la Guardia Civil es ya casi una realidad palpable. El Seprona y el Servicio de Montaña y Rescate de la Guardia Civil pronto pasarán a ser historia en esta comunidad autónoma, después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya sucumbido a las presiones de los independentistas para forzar la desaparición de esas unidades, que se encuentran entre las más prestigiosas de la Benemérita.

Según ha podido conocer El Confidencial, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, convocó hace pocos días a los mandos de la Guardia Civil en la comunidad para darles la noticia de que el Seprona tiene los días contados. “No dijo la fecha exacta de la desaparición del servicio, pero advirtió de que desaparecerá a corto o medio plazo. Es una decisión irreversible”, explican fuentes conocedoras de los contactos.

Sus funciones, según parece, serán asumidas por los Mossos d’Esquadra y por los Agentes Rurales. Sin embargo, hay un problema: este último cuerpo no tiene la condición de Policía Judicial, por lo que no podrá realizar investigaciones. Éstas se dejan a los Mossos, mientras que los agentes se ocuparán de las tareas burocráticas. Los Mossos ya disponen de las Unidades Regionales de Medio Ambiente (URMA), aunque son unidades muy pequeñas y apenas tienen despliegue efectivo.

Un grupo de 17 alcaldes independentistas ha llegado, paradójicamente, a escribir a la directora general de la Guardia Civil para que mantenga el Seprona en Cataluña. Incluso se han entrevistado con los responsables de la Delegación del Gobierno, pero ni por esas. Las presiones y veleidades políticas de los dirigentes de Junts y ERC son más fuertes que la voluntad de los alcaldes, que al fin y al cabo son los que se benefician del servicio del Seprona.

Valor simbólico y práctico

El desmantelamiento de Seprona no sólo tiene valor simbólico, sino práctico. Esta división de la Guardia Civil es una de las más prestigiosas de la Administración española. En Cataluña quedarán solamente un máximo de media docena de efectivos para poder actuar en casos en que los delitos que se cometan contra el medio ambiente afecten a otras comunidades autónomas, en cuyo caso no pueden intervenir los Mossos.

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Para el cambio de servicio, además, el Gobierno español ha de modificar la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986, que establece la competencia exclusiva de Seprona en el medio ambiente en todo el territorio nacional. Además, deberá modificarse también el Estatut de Autonomía, que no preveía una transferencia de poderes en este ámbito. Esa circunstancia es un termómetro que mide las exigencias independentistas sobre Pedro Sánchez.

Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se sigue con lupa el proceso, ya que se ignora cómo se procederá al cambio legal de las normas. Según esta asociación, el nuevo marco regulatorio de las atribuciones legales en materia de medio ambiente en Cataluña “deberían seguir el procedimiento empleado en el caso de la transferencia de competencias en materia de tráfico, que se hizo a través de la Ley Orgánica 6/1997, pero no mediante un acuerdo que atenta contra las leyes en vigor y no utilizar atajos de dudosa legalidad”.

La primera consecuencia de la decisión del Gobierno español es que muchos agentes de la Guardia Civil ya están buscando destinos nuevos ante la previsión de que, de la noche a la mañana, se queden sin puesto de trabajo. El Seprona tiene en Cataluña en estos momentos apenas una sesentena de agentes, la tercera parte de lo que debería de tener. De hecho, el Gobierno ha ido recortando la plantilla, no promoviendo plazas en este servicio y no cubriendo las bajas que se han ido produciendo.

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Cuando a finales de los 90, el entonces presidente español, José María Aznar, pactó con Jordi Pujol materializar el traspaso de Tráfico a los Mossos d’Esquadra, los guardias destinados en esa división se quedaron sin empleo y fueron reasignados a otros destinos sin que tuviesen tiempo de elegir. En previsión de lo que pueda pasar ahora, los agentes del instituto armado prefieren solicitar su destino con la suficiente antelación.

También los Grupos de Montaña

La cesión de los socialistas ente el empuje del independentismo se extiende también los Grupos de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM). La situación en este terreno es estrambótica, hasta el punto de que Lleida, una provincia cuyo norte es totalmente montañoso, sólo tiene a un agente asignado a este servicio. En toda Cataluña sólo está operativa el área de Viella, en la Vall d’Aran, mientras que en ­­­­la provincia de Huesca dispone de cinco unidades. El de Viella se mantuvo porque, dada su cercanía con Aragón, esa unidad puede operar en territorio de fuera de Cataluña sin problemas de competencia.

El desmantelamiento de los servicios de montaña, no obstante, se lleva produciendo desde 2023, cuando el Gobierno español decidió suprimir la unidad del GREIM en Puigcerdà por razones “técnicas y operativas”. Según el Ejecutivo, algunas de las incidencias que atendía ese servicio ya estaban cubiertas por los bomberos de la Generalitat y por otras áreas de la Administración a través del 112.