El Supremo da oxígeno a Colau en su plan para intentar recuperar Barcelona en 2027

Ada Colau ya tiene una victoria más en su curriculum judicial: el Tribunal Supremo acaba de archivar la causa que había abierta contra ella en la que se investigaban supuestas concesiones irregulares de ayudas a 'entidades amigas' cuando ella alcaldesa de Barcelona. La demanda había sido presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democracia ( ATCD). El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona archivó la denuncia en un primer momento, pero la audiencia de Barcelona ordenó su reapertura al menos hasta practicar un mínimo de diligencias y estudiar el tema.

En la demanda, presentada en diciembre de 2021, se acusaba a Colau de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por supuestamente haber desviado fondos públicos hacia cuatro entidades: Observatorio DESC, donde ella trabajaba hasta ser alcaldesa, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, que ella había fundado), Enginyeria Sense Fronteres (donde había trabajado su teniente de alcalde, Eloi Badia) y Alianza contra la Pobreza Energética.

Como coacusados en esa causa, figuraban algunos de los concejales y asesores de los comunes que ocupaban puestos de responsabilidad en el organigrama municipal barcelonés durante el tiempo de comisión de los hechos, entre ellos el actual eurodiputado Jaume Assens y el miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello. La demanda, a la que se sumó la Fiscalía, aseguraba que las entidades citadas percibieron 3,4 millones de euros entre 2015 y 2019. La principal acusación se basaba en que las ayudas se concedían oficialmente como subvenciones puntuales cuando eran ayudas reiteradas y anuales o plurianuales que recibían las entidades amigas.

Esa argumentación ha sido rechazada, finalmente, por el tribunal que ha archivado la causa. “Se constata así el lawfare que ha padecido Ada Colau y otros miembros de Barcelona en Comú por parte de lobbies que no quieren acatar políticas legítimas en defensa de la mayoría social. Ha servido para generar ruido, atacar la imagen y la honorabilidad de representantes democráticos”, explican fuentes de los comunes a El Confidencial, deajndo entrever que, esta victoria judicia es otro peldaño más en el camino de regreso de Colau para intentar la alcaldía en 2027.

Causas archivadas

Pero las fuentes van más allá y detallan que "ya van 22 causas archivadas". El mismo día en que se conocía el archivo de las supuestas subvenciones a entidades amigas, el exconcejal Eloi Badia también veía archivada una causa en su contra debido a la emisión de partículas contaminantes por parte de TERSA. Los comunes consideran que los dos últimos archivos de causas son decisivos y que con ellos "se cierran todas las causas abiertas contra concejales del gobierno de Ada Colau durante los 8 años que estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona".

TE PUEDE INTERESAR

Colau lo deja todo atado: coloca a dedo a sus sucesoras, con malestar interno en los comunes

Marcos Lamelas. Barcelona

Quien sí falló contra Colau y los suyos fue el Supremo, que en 2019 negó la posibilidad de que se le pudiese quitar la concesión de la gestión del agua a Agbar. Fue la puntilla que debilitó las pretensiones de la cúpula municipal de llevar el agua (la gestión de la misma) a su terreno.

Entre los temas archivados, se encuentran las denuncias de varias empresas contra la actual jefa de los comunes en el Ayuntamiento, Janet Sanz. Los fondos de inversiones Vauras y MK Premium también denunciaron a varios cargos políticos municipales por supuestas presiones y chantajes. Badia fue denunciado por la cesión de un local del distrito de Gràcia a la plataforma Tres Lliris Gràcia, denuncia que finalmente fue archivada.

Intereses ocultos

Los comunes ven una larga mano con intereses ocultos tras las iniciativas judiciales en su contra. "No es difícil pensar que si no hubiese existido el desgaste mediático generado por estas campañas de difamación, el resultado de las elecciones habría sido diferente. Es preciso una reflexión general sobre cómo evitar estos ataques políticos por parte de intereses particulares a través de la justicia", subrayan fuentes de BeC a El Confidencial. En definitiva, que Colau perdió las elecciones por las denuncias judiciales.

La exalcaldesa, no obstante, ha tenido reveses en su etapa municipal. En septiembre de 2023, un juzgado tumbó su plan estrella del último mandato: la creación de la gran 'superilla' del Eixample, el distrito del centro de Barcelona, peatonalizando la calle consejo de Ciento. Meses más tarde, el juzgado tumbaba también la ‘superilla’ de la calle Conde Borrell y otra sentencia anulaba el eje verde de la calle Rocafort por deficiencias en la tramitación: las tres obras fueron realizadas como si fuesen obras comunes, pero en realidad vulneraban el Plan General Metropolitano (PGM).

La reversión de estas macro obras hubiese costado más de 40 millones de euros a la ciudad, por lo que podría haber sido peor el remedio que la enfermedad. El actual alcalde, Jaume Collboni, comenzó a negociar con todas las partes (gremios, vecinos, entidades sociales y la denunciante, la asociación Barcelona Oberta) el mantenimiento de la peatonalización de las calles para no vaciar las arcas municipales y no crear más molestias al vecindario.

TE PUEDE INTERESAR

Colau desaparece del mapa: trabaja desde Italia para asaltar la alcaldía de Barcelona en 2027

Antonio Fernández

En junio del año pasado, los tribunales volvieron a tumbar otro de los proyectos estrella de la líder de Barcelona en Comú: la urbanización de Via Laietana, un proyecto de casi 33 millones de euros. De nuevo, el Ayuntamiento de Colau se había saltado todas las normas y, acometió como obra ordinaria lo que debería haber pasado por la modificación del PGM. Quienes impugnaron la decisión del equipo de Colau fueron CCOO, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, la Asociación por los Derechos de los Viandantes y la plataforma Cataluña Camina.

Las sombras de la alcaldesa se amplían a más condenas. La justicia, por ejemplo, anuló la denominada Tasa Amazon y las multas por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras los recursos de 10 colectivos. El tribunal, además de criticar que faltaban informes que avalasen algunas restricciones del tráfico, dio un serio correctivo a los responsables municipales: la medida obligaba a comprarse un coche de bajas emisiones, lo que juega en contra de los más desfavorecidos, los que no tienen dinero para cambiar de vehículo, por lo que las personas con menor potencial económico serían las más perjudicadas. Tras el fallo, Colau modificó la normativa otorgando autorizaciones anuales para poder circular entre del área de ZBE a determinados conductores.