La polémica de los centros de menores en Cataluña: la falta de control ahonda en las heridas de los chavales

Ausencia de control, contratos sin respaldo legal y decisiones arbitrarias de la administración. El durísimo informe que el año pasado publicó la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la gestión que hizo la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat, entre los años 2016 y 2020, no tendrá consecuencias. PSC, ERC y los Comunes rechazaron que la Administración pública adopte las recomendaciones propuestas por el documento, que fiscalizó los 944 millones con los que contó la entidad a lo largo de esos cuatro años y detectó importantes irregularidades.

La propuesta se debatió en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas y las tres formaciones la desecharon. La iniciativa la había presentado Junts, que solicitó en enero además la comparecencia de varios cargos de la Consejería de Asuntos Sociales en el momento en el que se cometieron las irregularidades. ERC, el partido que gestionó la entidad durante el período señalado, justificó los desajustes por circunstancias excepcionales —la llegada masiva de menores migrantes, la aplicación del artículo 155 o la pandemia—, pero los expertos advierten: las consecuencias de una gestión deficiente no son números en un informe, sino heridas emocionales, traumas no resueltos y menores expuestos a riesgos que el sistema debería evitar.

La doctora Noemí Pereda, profesora titular de Victimología y directora del grupo de investigación en Victimización infantil y adolescente de la Universidad de Barcelona, explica que crecer en un centro residencial implica afrontar una ruptura afectiva que, en muchos casos, nunca llega a repararse.

“Los menores en centros residenciales han sido separados de sus familias porque estas no han sabido, podido, o querido ofrecer un entorno seguro. Esta ruptura en el vínculo afectivo es muy difícil de reemplazar, y aunque los profesionales intentan dar estabilidad, no pueden suplir la conexión emocional que da una familia", señala la profesora, considerada la mayor experta en España. Es justamente esta carencia lo que puede derivar en consecuencias más graves, con un impacto en el desarrollo emocional y un aumento en el riesgo de problemas de salud mental o incluso en conductas ligadas al consumo de sustancias.

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En este contexto, la precariedad administrativa agrava la situación. La falta de recursos implica que los centros no siempre cuentan con el personal suficiente ni con los programas necesarios para abordar los traumas de los menores. Sin un tratamiento terapéutico adecuado, estos niños y adolescentes cargan con heridas emocionales que los acompañan hasta la edad adulta y así se perpetúan los ciclos de exclusión y vulnerabilidad social. La falta de recursos y de personal impiden crear, por ejemplo, relaciones estables con los menores, lo que contribuye a la sensación de abandono. "Menos recursos implica menos personal y menos atención individualizada”, advierte Pereda.

Al mismo tiempo, y ligado a la falta de supervisión por parte de las administraciones, la experta llama la atención sobre un problema alarmante: el riesgo de explotación sexual dentro del sistema de protección. “Casi uno de cada cinco adolescentes que residen en centros ha recibido dinero, regalos o recompensas a cambio de relaciones sexuales con un adulto”, según se recoge en un estudio de prevención del riesgo de explotación sexual, publicado en 2023 y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

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Según la experta, los centros deberían ser evaluados regularmente, dado que la ausencia de mecanismos de control efectivos deja a los menores en una situación de desprotección estructural. “Es fundamental perder el temor a evaluar los recursos sociales de los que disponemos. Debemos garantizar, con evidencia, que cada recurso cumple con su propósito y tiene un impacto positivo en la protección y el bienestar de los menores”, remarca Pereda.

Por eso, tanto la Sindicatura de Cuentas como los expertos reclaman la necesidad de reformas profundas, descartadas por PSC, ERC y Comunes. El organismo recomendó evaluar los costes reales del servicio, regularizar los contratos y mejorar el ámbito administrativo. Por su parte, Pereda recalca también que una de las prioridades debe ser el acogimiento familiar: “Una familia de acogida puede proporcionar un entorno afectivo y estable que les permita recuperar la confianza, fortalecer su autoestima y desarrollarse emocionalmente de forma más saludable. Siempre que sea posible, el acogimiento familiar se considera una mejor opción”, zanja la profesora.

Transparencia y responsabilidad

La auditoría detalla que la DGAIA prorrogó contratos sin firmar los documentos correspondientes, dejando sin cobertura legal servicios esenciales para la infancia. Por ejemplo, en 2018 se prorrogaron 181 contratos, de los cuales 112 no tenían documentación válida, aunque los centros siguieron funcionando sin garantizar las condiciones del servicio.

Esto implica que los pagos a las entidades privadas que gestionaban los centros durante ese período se realizaban sin un contrato oficial en vigor, por lo que no se puede comprobar si los servicios prestados cumplían con los estándares necesarios. La DGAIA tramitó pagos por más de 94 millones de euros sin contrato formal, lo que se traduce en una gestión errática del gasto público, según la auditoría.

Además, se abusó del procedimiento de emergencia: entre 2016 y 2018, se adjudicaron contratos a 154 centros sin que existieran las razones legales para justificar esta vía excepcional. El informe también señala que, en muchos casos, las modificaciones de los contratos originales fueron tan significativas que deberían haberse licitado nuevamente los servicios.