De encarcelar a Llarena al pelotazo inmobiliario: así es el nuevo peón de Puigdemont

Jordi Domingo, el nuevo presidente del Consell de la República, ha iniciado su mandato con una apretada agenda social: en menos de un mes que lleva en el cargo tras ser elegido presidente del chiringuito de Carles Puigdemont se ha entrevistado con el fugado en Waterloo, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional catalana (ANC), Lluís Llach, y fue recibido por el presidente del Parlament, Josep Rull.

Todos fueron partícipes activos del procés en distintos campos y todos tenían orígenes políticos muy diversos. Mientras Puigdemont y Rull se habían formado en las teorías del nacionalismo de derechas, Llach había coqueteado con la ultraderecha española en su juventud y más tarde se pasó al independentismo militante. Jordi Domingo, en cambio, provenía del comunismo puro y duro: fue miembro de la OCE-Bandera Roja y luego pasó al PSUC (el PCE de Cataluña), antes de abandonar toda militancia política y reconvertirse al independentismo más exacerbado.

Cuando apenas era un joven imberbe, coincidió en Bandera Roja con una figura singular: Alfonso Carlos Comín, que ha pasado a la historia como el ideólogo del cristianismo comunista y abanderado de la lucha antifranquista. Su hijo, el fugado exconseller Toni Comín, se enfrentó a Domingo, el antiguo camarada de su padre, este mes de febrero por la presidencia del Consell de la República, cosechando un fracaso estrepitoso. De hecho, el propio Carles Puigdemont apostaba entre bambalinas por Domingo frente a Toni Comín a pesar de que este había sido su mano derecha desde 2017.

Su gran paradoja es que, proveniente del comunismo militante, es apoyado por la derecha independentista que representa la posconvergencia de Puigdemont y en las últimas elecciones recibió el apoyo de Jordi Castellà, vicepresidente del Cercle Català de Negocis, a su vez presidido por Albert Pont, del FNC, una organización que se encuadra dentro de la extrema derecha soberanista. Una amalgama de intereses cruzados difícil de asumir en otro contexto, pero habitual en el revuelto mar del separatismo catalán.

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La militancia comunista del actual presidente del Consell le llevó a una aventura que resultó un hito: “En 1989 fuimos el primer bufete de España en abrir una delegación en la antigua URSS (concretamente en Moscú), donde participamos también de manera muy activa en la organización de congresos de comercio internacional y desarrollo económico”, relata en su historial jurídico.

Apoyo a 'think tanks' inmobiliarios

Entre los años 1991 y 2008, trabajó activamente implantando los programas Tacis y Phare en los países de la ex-URSS y asesorando a las empresas que querían implantarse en esos mercados. Al mismo tiempo, colaboraba con la ONU. Eran los años del boom inmobiliario y su bufete apoyó activamente a think tanks para impulsar reformas legislativas en la ley de Arrendamientos Urbanos. Y, de hecho, se convirtió en especialista en materia de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal.

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Durante el procés, su alineamiento y posicionamiento en primera fila le llevó a ser uno de los actores fundamentales del embate jurídico contra el Estado español. Sus veleidades políticas le llevaron también a ser elegido presidente del Consolat de Mar, una institución dependiente de la Cámara de Comercio que en la edad media servía para regular el comercio marítimo y que hoy interviene en el arbitraje de algunos conflictos comerciales. El nuevo presidente de la Cámara, Josep Santacreu, recuperó las riendas del Consolat de Mar el 31 de enero de 2024, agradeciendo los servicios prestados a Domingo.

Su trayectoria le valió también el aval para ser elegido miembro de la Comisión de Ética y Transparencia del FC Barcelona, nombrado por Joan Laporta. Y en la que comparte silla con Elena Fort, Bernat Dedéu, Ramon Usall y Anton Espadaler. En 2013, intentó el asalto al decanato del Colegio de Abogados con un programa que incluía la catalanización del Colegio y la asunción del “derecho a decidir”, pero quedó tercero.

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Su trayectoria profesional tiene episodios truculentos, como el acaecido en la Fundación Roger Torné. Jordi Domingo aterriza como abogado en esa entidad hacia 2006. Su esposa era una de las primeras patronas de la fundación. Hasta entonces, la institución era llevada personalmente por Salud Torné. “Salud decidió dar un paso al lado, confiando en que la gente que tenía alrededor seguiría con el fin social de la fundación, ayudar a niños pobres. La entidad vivía de rentas y el dinero percibido por esas rentas le permitían de sobras cumplir con su objeto social”, relata una persona que trabajó con la fundación en aquella época.

Unas cuentas sospechosas

Pero apenas un año después de ese paso al lado, los nuevos gestores cambiaron el objeto social, que pasó a ser ocuparse de la salud respiratoria infantil. Pero, además, hubo importantes modificaciones: en 2004, se destinaron a proyectos solidarios 406.000 euros, que subieron a 673.000 euros en 2006. En 2007, con los nuevos gestores, los gastos destinados al objeto social fueron de 39.000 euros y, al año siguiente, de 95.000 euros. Las ayudas pasaron de ser entre el 60 y 70% del presupuesto a ser el 5%. Los gastos de explotación, que hasta entonces apenas tenían peso, pasaron a ser del 50% y los gastos de personal se dispararon también.

En 2013, se pasaron gastos por servicios jurídicos por un monto de 110.865 euros en concepto de “servicios legales”, además de otros 27.000 euros por otros servicios. Salud Torné quiso recuperar su condición de patrona de la fundación para recuperar el primigenio fin social que había dispuesto su padre en el testamento, pero el nuevo patronato le negó esa posibilidad, por lo que denunció el caso a la Udef. Hubo detenciones en 2016, entre ellas la del propio Jordi Domingo, que estuvo en el calabozo unas horas, y expediente en el juzgado, que se lo tomó con mucho interés.

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Una de las operaciones bajo sospecha fue una compraventa de un edificio en Terrassa el año 2008. Jordi Domingo era apoderado de la sociedad Crantel Land desde 2006. Esa sociedad vendió a la fundación de la que él era secretario no patrono un edificio de 9 viviendas ubicado en la calle Sa Cosme de Terrassa. El precio de venta fue de 1,5 millones de euros, para lo que la fundación tuvo que pedir una hipoteca. La empresa que vendió se disolvió en 2011 con beneficios de 361.772,04 euros. En esa sociedad convergían 8 sociedades más, algunas de las cuales estaban controladas por el abogado y sus socios. Pero, misteriosamente, todo quedó en nada de la noche a la mañana y el caso fue sobreseído judicialmente.

El círculo de Puigdemont

Paralelamente a los negocios inmobiliarios, Domingo era muy activo políticamente. Fue uno de los impulsores de la plataforma Constituïm, que fusionó en 2015 los tres textos que se habían confeccionado sobre una hipotética Constitución Catalana y que, a través de la Fundació Les Voltes de Girona, inició un debate público sobre el articulado. Esta fundación pertenece a los hermanos Matamala, íntimos de Carles Puigdemont, Jami Matamala fue el empresario que acompañó durante los primeros meses al fugado en Bélgica y más tarde fue premiado con un escaño en el Senado por sus favores al expresident. En Constituïm compartió tareas con el magistrado Santiago Vidal, sancionado por haber confeccionado el texto de una de las versiones de la Constitución Catalana.

Joan Matamala, por su parte, que controlaba personalmente las riendas de la entidad, fue uno de los apoyos políticos más sólidos de Puigdemont en Girona los últimos años. La intervención de la Fundación hizo que se pudiesen recoger 3.400 aportaciones ciudadanas al texto final, tras estudiar 45 textos constitucionales diferentes. El nuevo articulado de la Constitución Catalana fue entregado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el 11 de mayo de 2016: ya estaba listo el documento base que habría de constituir el nuevo Estado catalán.

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Domingo fue también uno de los abogados de la Coordinadora d’Advocats per Catalunya, que intentó sentar en el banquillo al magistrado Pablo Llarena por haber encarcelado a los líderes del procés. Intentó una recogida de firmas para apoyar la iniciativa jurídica, pero el intento fracasó. Esta coordinadora acogía a abogados, procuradores, notarios, jueces fiscales o asesores alineados con el independentismo.

De hecho, Domingo preside esta beligerante entidad, que arremetió las pasadas semanas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de proteger al principal testigo de cargo contra el abogado Gonzalo Boye por presunto blanqueo de dinero proveniente de la droga. En esa frenética militancia, también impulsó el Foro Cívico y Social para el debate Constituyente, una especie de organismo para estudiar el modo de lograr la independencia.