Los Mossos van a elecciones en medio de denuncias y sospechas por el voto por correo

Los Mossos d’Esquadra celebran elecciones sindicales el 13 y el 14 de marzo, casi seis años después de los últimos comicios, en los que hubo varias denuncias por presuntas irregularidades en el voto por correo. El ganador, SAP-Fepol, se hizo con la mayoría de delegados gracias a un dominio absoluto en esta participación, lo que despertó las sospechas de sus oponentes. El conflicto regresa ahora, con las mismas dudas y enfrentamientos en torno al procedimiento interno en el Cuerpo, compuesto por más de 18.000 agentes. El voto telemático será el principal para evitar nuevos problemas y algunas investigaciones siguen abiertas en los tribunales.

El SAP logró 3.877 votos en la escala básica, la más numerosa, con 12 de los 16 puestos de delegados sindicales del Cuerpo. Los cuatro representantes restantes corresponden a las escalas intermedia, ejecutiva, superior y a los técnicos. La plataforma Trisindical (Sindicat de Policies de Catalunya, SME-Mossos y Collectiu Autònom de Treballadors) obtuvo en la básica 2.519 apoyos y USPAC, 3.211. La gran diferencia es que SAP-Fepol logró 1.823 sufragios por correo, mientras que el resto 432 y 120, respectivamente. La diferencia abismal encendió las alertas de los implicados.

“No es posible tanta diferencia en el voto por correo entre un sindicato y los otros. Algo no cuadra en ese resultado. Además, se ha de hacer constar que casi 1.000 votos se recibieron incluso antes de constituirse la mesa electoral central. Hasta entonces, había órdenes de la Administración de la Generalitat de destruir la misma noche electoral los sobres del correo, de los que se podía obtener la trazabilidad y ver si los votos provenían personalmente de los agentes o eran envíos masivos realizados por alguien cuya identidad se desconoce" indican a El Confidencial fuentes de los Mossos críticas con el proceso.

"En el 2019, conseguimos que un juez ordenara no destruir los sobres, por lo que éstos están aún custodiados en una sala cerrada con llave y vigilada permanentemente por cámaras. Sólo queremos que se certifique la trazabilidad de los votos por correo que se han emitido”, añaden, antes de la celebración de las nuevas elecciones.

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En el SAP niegan que el sindicato presentase envíos masivos de votos. “Lo que sí hemos hecho es que, como durante las elecciones hay mucha gente trabajando fuera o lejos de su colegio electoral, en un tiempo previo buscábamos a nuestros afiliados y les animábamos a votar por correo, dado que en el momento de las elecciones podían estar a cientos de kilómetros. Pero nunca hemos suplantado el voto de ningún agente”, explican.

En los comicios de este mes de marzo, además, se utiliza el voto electrónico por primera vez, por lo que el voto por correo será muy minoritario e incluso ya caerá en desuso, ya que cada agente, aunque esté desplazado por cuestiones de servicio, puede participar incluso desde su propio teléfono móvil. Fue el anterior conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, quien publicó en junio del año pasado un decreto estableciendo que sólo se utilizaría la opción telemática en las elecciones sindicales. De esa manera, elimina el problema que ha provocado las investigaciones y la posibilidad de que se puedan realizar prácticas irregulares.

Denuncias en curso

Lo cierto, no obstante, es que aún hay procedimientos abiertos por presuntas irregularidades en las anteriores elecciones y eso puede distorsionar la campaña sindical. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en 2019 hubo decenas —y en alguna ocasión centenares— de votos introducidos en Correos el mismo día y a la misma hora, lo que apunta a que pudiesen formar parte de remesas conjuntas y no de solicitudes individuales. Anotaciones manuscritas en estos documentos cuantifican también el coste económico de los trámites, que se elevan a miles de euros. Esos apuntes no tendrían sentido si se realizasen envíos individuales.

SAP-Fepol alega que hasta ahora los juzgados le han dado la razón. El Tribunal Supremo archivó hace un año la denuncia contra tres delegados de la organización, a los que USPAC acusaba de “organización criminal y fraude electoral”, y los juzgados de Tarragona y la Audiencia Provincial hicieron lo propio anteriormente. En diciembre pasado, finalmente, la justicia impuso las costas a USPAC. “Con la imposición de las costas, queda acreditada la mala fe con la que USPAC ha actuado durante todo el procedimiento penal”, dice el SAP en un comunicado.

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Las fuentes consultadas en el SAP ven una maniobra electoral en el afloramiento de esta documentación, dada la cercanía de las elecciones sindicales. “Llevamos sufriendo denuncias por parte de todos los sindicatos desde 2007, porque somos el que más afiliación tiene con diferencia. Actualmente, aglutinamos 10.000 afiliados en todas las escalas y eso son muchos votos”, subrayan a este diario.

La Trisindical también interpuso recursos contra los resultados electorales, que aún se está sustanciando en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En una comunicación emitida tras el proceso de 2019, esta fuerza sindical señalaba que “curiosamente, en la votación presencial que, insistimos, es la que garantiza transparencia y legalidad, el SAP-Fepol quedó por detrás de todo el resto de sindicatos representativos”.

El voto telemático será ahora el principal canal de participación para evitar problemas con el voto por correo, bajo sospecha desde 2019

En los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona hay al menos dos procedimientos abiertos para impugnar los resultados de hace seis años. Se trata de denuncias contra el acta de finalización del escrutinio, interpuestas a comienzos de 2021, cuando el juez dio luz verde a la validez de los resultados.

El retraso en la interposición del recurso se debe a que, tras las elecciones de 2019, hubo varios sindicatos que presentaron demandas contenciosas contra los resultados. El juez ordenó no destruir los envíos por correo, pero tras casi dos años de paralización de la aplicación de los resultados, finalmente dio luz verde a que se hiciesen efectivos para que los agentes pudieran tener representantes legítimos en el Consell de la Policia.